Se negó a sentarse junto a su defensor en plena audiencia y el juez tomó una decisión inesperada
Se negó a sentarse junto a su defensor, repitió que no lo representara y la audiencia quedó paralizada. El juez tomó una decisión que podría cambiar el rumbo de la causa por lesiones graves.
Un acusado de 50 años protagonizó un momento insólito en una audiencia de control de acusación en Bariloche: se plantó frente al juez, se negó a sentarse al lado de su defensor oficial y repitió una y otra vez que no quería ser representado por él. La escena derivó en un cruce desconcertante entre las partes y terminó con una orden judicial que paralizó el trámite.
El hombre llega a esta instancia imputado por lesiones graves. La causa se inició hace dos años, cuando atacó a otra persona en la vía pública con un escobillón y le provocó heridas de consideración en la cabeza y el rostro. En etapas anteriores había reconocido su responsabilidad y accedió a una suspensión del juicio a prueba, pero no cumplió con las condiciones impuestas y perdió ese beneficio.
“Me pidió plata y no le puedo pagar”
Durante la audiencia, el imputado brindó sus datos pero se mantuvo de pie todo el tiempo. Frente al juez Gregor Joos, insistió en que no aceptaba la defensa de Nelson Vigueras. “No estoy de acuerdo, me pidió plata y no le puedo pagar”, sostuvo.
El defensor pidió la palabra para aclarar la situación. Admitió que el diálogo era imposible y que no podía desempeñar su tarea, negó haberle pedido dinero y arriesgó una explicación: la confusión podría venir de que, en el marco de la suspensión del juicio a prueba, se evaluó que el imputado pagara una compensación económica a la víctima.
Joos intentó calmar los ánimos y le aclaró que la defensa pública es gratuita y que nadie le iba a cobrar. La hostilidad del hombre, sin embargo, no bajó: dejó entrever que tampoco aceptaría a otros profesionales del ministerio público y habló mal de dos defensoras que habían intervenido antes en el caso y que tampoco pudieron trabajar por la dificultad del vínculo.
Un fiscal que ve un agravio constitucional
El fiscal Marcos Sosa Lukman señaló que era “difícil avanzar” en esas condiciones. El control de acusación, que debía cerrar la investigación penal y fijar las pautas para un futuro juicio oral, quedó frustrado a la espera de que se resolviera el incidente.
Para el fiscal, seguir adelante así implicaría “un agravio constitucional” por la afectación del derecho de defensa. El abogado querellante coincidió en que la situación debía redefinirse y pidió “ir a juicio” en un contexto de normalidad. Advirtió además que el asunto no podía quedar como precedente, porque “si no, pelearse con el defensor sería un recurso válido para postergar el juicio. Nos hacemos los locos y cerramos todo”.
El antecedente psiquiátrico y la duda sobre su capacidad
Vigueras recordó que en instancias previas el hombre había acreditado su situación de indigencia y que había sido entrevistado por un psicólogo y por la psiquiatra forense Verónica Martínez. Los profesionales habían dejado asentado que el imputado presentaba “ausencia de confianza en su defensor” y “conductas agresivas e impulsivas de larga data”, pero que comprendía sus actos y podía ser sometido a juicio.
El defensor consideró que la situación actual pudo haber cambiado y que era necesario un nuevo test interdisciplinario. Dijo tener “serias dudas” sobre la capacidad del hombre para enfrentar el juicio y citó artículos del código penal y del código procesal según los cuales una persona puede ser imputable por su condición psíquica al momento del hecho, pero no serlo al llegar a juicio.
La decisión del juez
Joos aceptó el planteo: suspendió el control de acusación y ordenó una nueva intervención del cuerpo médico forense para que se haga una reevaluación “amplia” y actualizada de la salud mental del acusado. El magistrado subrayó que ese era el camino para garantizar el derecho de defensa en juicio y que “no tiene sentido” seguir con el proceso sin los exámenes pedidos, por el riesgo de futuras nulidades.