Se hacía pasar por psicóloga y atendía a dos nenes con autismo: lo que firmaba la delató

Una mujer que se presentaba como psicóloga sin título universitario ni matrícula profesional quedó imputada por usurpación de títulos y estafa tras atender durante casi tres años a dos niños con trastorno del espectro autista (TEA) en un centro terapéutico de San Miguel de Tucumán. La causa también alcanzó a la dueña del establecimiento.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los hechos se habrían producido entre abril de 2022 y febrero de 2025 en el Centro Terapéutico Educatea, ubicado en Don Bosco al 3900, en la capital provincial. Allí, Romina del Carmen Soldevilla habría brindado prestaciones psicológicas a dos menores sin estar legalmente habilitada para ejercer la profesión.

Qué hacía la acusada dentro del centro

De acuerdo con la acusación del fiscal Diego Hevia, Soldevilla se desempeñaba en el área de psicología de Educatea pese a no contar con título, matrícula ni autorización legal. Durante el período investigado habría atendido a los dos niños con TEA mediante sesiones de psicoterapia y otros tratamientos, presentándose como especialista ante las familias, los colegios y el equipo interdisciplinario del centro.

La pesquisa también determinó que participaba en reuniones escolares como integrante del equipo terapéutico externo y que firmaba documentación institucional vinculada al seguimiento de los menores. Para la Fiscalía, esas tareas constituyen actos propios del ejercicio de la Psicología, una actividad que exige formación universitaria y habilitación legal.

La acusación sostuvo que las familias confiaban en que los tratamientos eran realizados por una profesional debidamente acreditada, dentro de una institución dedicada a la atención terapéutica.

El rol de la dueña del establecimiento

La investigación también apuntó contra Marina Roxana Álvarez, titular y responsable de Educatea. Según el fiscal Hevia, la propietaria sabía que Soldevilla no tenía título habilitante ni matrícula profesional, pero igualmente la incorporó al área de psicología y permitió que atendiera a los pacientes.

En la acusación, el representante del Ministerio Público sostuvo que Álvarez le facilitó el espacio físico, la estructura institucional, la agenda de pacientes y el funcionamiento interdisciplinario necesario para desarrollar las prestaciones. “Pese a ello, la incorporó al área de psicología de Educatea, la presentó y mantuvo ante terceros como psicóloga, le asignó la atención de los menores, le proporcionó espacio físico, la estructura institucional, la agenda de pacientes, el marco de funcionamiento interdisciplinario y la cobertura formal necesaria para que pudiera desarrollar actos propios de esa profesión”, señaló Hevia.

Para la Fiscalía, la participación de la directora fue esencial para que la presunta falsa psicóloga pudiera desempeñarse dentro del establecimiento durante el período investigado.

La facturación a las obras sociales

Además de la usurpación de títulos, la investigación detectó una posible maniobra económica vinculada con la facturación de los tratamientos. Según la acusación, Álvarez habría permitido que las prestaciones realizadas por Soldevilla fueran incorporadas al circuito formal de atención del centro terapéutico.

También le atribuyeron haber presentado, o dispuesto que se presentaran, documentación y facturas ante las obras sociales por servicios psicológicos brindados por una persona que no estaba habilitada para ejercer. La Fiscalía calculó que esas operaciones habrían generado un perjuicio económico cercano a los $3,5 millones.

Por estos hechos, Hevia acusó a Soldevilla del delito de usurpación de títulos y honores, mientras que a Álvarez le atribuyó participación en ese delito y estafa, en concurso real.

El acuerdo: $8 millones y tareas comunitarias

Ambas mujeres, asistidas por el abogado Macario Santamarina, solicitaron acceder a una suspensión del juicio a prueba. Según informó la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomas, siguiendo las instrucciones del fiscal Hevia, las imputadas acordaron una reparación económica total de $8 millones, dividida en $4 millones para cada una.

Además, deberán realizar tareas comunitarias durante 12 meses en los movimientos juveniles de los colegios Tulio y Lorenzo Maza, como parte de las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

La probation permite suspender el avance del proceso penal mientras las personas acusadas cumplen las obligaciones impuestas por la Justicia. Por lo tanto, el acuerdo no implica una condena penal ni una declaración judicial definitiva de culpabilidad.

Qué pasa si no cumplen

La suspensión del juicio a prueba es un mecanismo contemplado en el Código Penal argentino que permite a determinadas personas imputadas acceder a una salida alternativa al juicio, bajo condiciones específicas. Su aplicación depende de los requisitos del artículo 76 bis del Código Penal, de las características de los delitos atribuidos y de las condiciones legales que correspondan a cada caso.

Durante el período de suspensión, las acusadas deberán cumplir las reglas de conducta fijadas por la Justicia, entre ellas las tareas comunitarias y los compromisos de reparación económica acordados. Si cumplen todas las condiciones en el plazo establecido y los demás requisitos legales, la acción penal podrá extinguirse y la causa finalizará sin condena. En cambio, si incumplen las obligaciones impuestas, el proceso judicial podrá reanudarse.

De esta manera, la investigación por los tratamientos psicológicos presuntamente realizados sin habilitación profesional en el centro Educatea quedó sujeta al cumplimiento de las condiciones de la probation otorgada a las dos imputadas.