Le exigieron a su hijo que circulara o le decomisaban todo. Lo que hizo Silvia para frenarlo paralizó la esquina de Belgrano y Lamadrid, y destapó la respuesta del municipio sobre los legajos que nunca aparecen.
Una escena tensa se vivió este jueves en la esquina de Belgrano y Lamadrid, en pleno casco céntrico de la ciudad. Allí, Silvia Hilario, vendedora ambulante, se encadenó a la vía pública para frenar un operativo de desalojo y el decomiso de su mercadería que impulsaba la Dirección de Control Comercial de la Municipalidad.
La mujer denunció que su hijo, que también vende en la zona, fue abordado por un inspector que le exigió circular o, de lo contrario, le quitarían todo lo que tenía en el puesto. La medida de fuerza fue su forma de resistir frente a la avanzada municipal.
“Los decomisos son un robo”
Hilario apuntó directamente contra el mecanismo de las incautaciones y sostuvo que el material retirado nunca llega a destino solidario alguno. “Mi hijo estaba vendiendo y se le acercó el inspector a decirle que tenía que circular o le iban a decomisar todo. Todos sabemos que esos decomisos son un robo: la mercadería no va a ningún comedor ni institución, se la reparten entre ellos, los carros quedan tirados en los depósitos y jamás te devuelven tus elementos de trabajo”, afirmó.
Según su relato, la mercadería incautada termina repartida entre los propios agentes y los carros quedan abandonados en depósitos sin que los trabajadores puedan recuperar sus herramientas de trabajo.
Tres trámites y un legajo que desaparece
Frente al argumento oficial de que los vendedores deben regularizar su situación y presentar documentación, la mujer desmintió que el circuito administrativo funcione. Contó que hizo los papeles en varias oportunidades y que, al ir a buscarlos a las oficinas comunales, su legajo sencillamente no aparecía.
“Hice los papeles correspondientes en reiteradas oportunidades. Cuando fui a buscar mi legajo a las oficinas comunales, simplemente no existía. Te mandan a hacer trámites que cuestan tiempo y dinero para después cajonearlos o desaparecerlos. Nos exigen papeles pero jamás te asignan un espacio digno o viable para trabajar”, aseveró.
La vendedora también puso el foco en lo que considera una doble vara en los operativos. Comparó su situación con la presencia masiva de carros en arterias de intenso tránsito como la zona de la vieja terminal, Lavalle, Iguazú o José de la Iglesia, donde el comercio informal se repite sin que las intervenciones sean uniformes.
“Si no quieren que estemos en la calle, que nos den una solución real y no un lugar marginal donde la mercadería se nos pudra porque la gente ya no consume como antes”, sentenció.
La versión del municipio
En la vereda de enfrente, el inspector de Control Comercial Gustavo Ibáñez, presente en el lugar del conflicto, confirmó que existe una orden directa de la Dirección de la repartición para despejar el casco céntrico y evitar la ocupación de la calzada.
El agente municipal justificó el procedimiento por el riesgo que corre quien trabaja en plena calle. “El puesto y el muchacho que vende están parados en plena calle, los vehículos que circulan los rozan permanentemente y ponen en riesgo su vida”, argumentó.
Ibáñez también explicó por qué no pudieron avanzar con una notificación formal: los vendedores se negaron a brindar sus datos identificatorios. De todos modos, aclaró que el procedimiento habitual contempla avisos previos antes de ejecutar la incautación de la mercadería.
Desde el área comunal indicaron que los trabajadores informales deberían presentarse en la repartición de Espacio Público para evaluar su traslado hacia puestos autorizados, como el mercado de concentración. Esa alternativa es rechazada por los puesteros, que la consideran inviable desde el punto de vista comercial.
