Se despegó de todo y apuntó a los que manejaban las tarjetas: "Mi firma no está"
La excoordinadora de Comedores de Concordia asegura que la investigación la dejó en medio de una causa que no manejaba: dice que no tenía caja chica ni tarjeta y que su firma no aparece en los gastos. ¿Quién manejaba la plata, según su versión?
La excoordinadora de Comedores Escolares de Concordia, Silvina Murúa, volvió a declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades con fondos para la alimentación de estudiantes y descargó responsabilidades sobre proveedores, directivos y funcionarios provinciales. Aseguró que su defensa presentó la primera declaración ante la Justicia y negó haber administrado dinero o tarjetas de compra.
Después de un largo período sin hablar con la prensa, Murúa dialogó con Diario Río Uruguay y explicó que decidió hacerlo una vez que sus abogados revisaron la documentación del expediente. Según su versión, debieron pedir de nuevo algunas pruebas que no estaban disponibles.
“Ahora que ya los abogados pudieron rescatar todo, te digo rescatar porque hubo algunas pruebas que no estaban, así que tuvieron que pedirlas nuevamente, entonces ahora sí presentamos la primera declaración”, declaró.
La exfuncionaria también se refirió al costo personal de la investigación: “A mí me mataron en vida un año y medio”.
Qué dice la causa
La investigación judicial toma como antecedente una auditoría sobre 37 comedores escolares del departamento Concordia. Ese informe detectó diferencias presupuestarias por $103.738.136 correspondientes a marzo y abril de 2025.
La Fiscalía sostiene como hipótesis que hubo un direccionamiento de compras hacia determinados proveedores, mediante presiones sobre los responsables de administrar las tarjetas destinadas a adquirir alimentos.
Murúa está imputada junto a otros involucrados por hechos encuadrados provisoriamente en los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita.
En paralelo, el Gobierno provincial terminó una investigación administrativa y remitió las actuaciones al Consejo General de Educación (CGE) para que evalúe un eventual sumario relacionado con su condición de docente.
“Yo no manejaba tarjeta”
Uno de los ejes de su defensa fue el funcionamiento del circuito de administración de los recursos. “Yo no tenía caja chica, yo no manejaba tarjeta. El manejo era entre proveedor y tarjetero”, afirmó.
Según sostuvo, no participaba de la autorización de las operaciones comerciales ni firmaba la documentación que respaldaba las compras. “Mi firma no está y yo no autorizaba ninguno de esos gastos. ¿Por qué me están acusando a mí?”, cuestionó.
En esa línea, consideró que la investigación debería profundizar sobre quienes administraban las tarjetas y sobre los comercios que proveían alimentos. “¿Cómo no van a investigar a un tarjetero si era el que manejaba la tarjeta y era el que firmaba esa facturación donde decía que hacía el gasto de X cantidad de dinero?”, planteó.
El proveedor y el pendrive
Murúa también se refirió a Iñaki Partarrié, responsable de la distribuidora Ahora Voy y otro de los imputados en la causa. Según su versión, el comerciante le acercó información sobre una operatoria con tarjetas de compra y entrega de dinero en efectivo a sus responsables.
“Él nos presenta un pendrive donde nos muestra todo cómo era el manejo entre el tarjetero y él, que él estaba arrepentido supuestamente en su momento”, relató.
La excoordinadora aseguró que le advirtió al proveedor que debía interrumpir esas prácticas. “Hay audios en donde yo le digo al proveedor que no haga más ese manejo de pasar la tarjeta al 100%”, sostuvo.
Además, mencionó el caso de un responsable de tarjeta que habría denunciado sobreprecios de Partarrié, pero que después habría decidido seguir trabajando con el comerciante tras acordar un descuento. Para Murúa, se trató de un presunto acuerdo entre ambas partes y negó haber obligado a las escuelas a mantener determinados proveedores. “Yo no tenía la potestad de decirle: ‘No, vos tenés que quedarte sí o sí’”, aseguró.
Las 15 denuncias que dice haber presentado
Murúa afirmó que durante su gestión realizó 15 denuncias por presuntas irregularidades cometidas por responsables de tarjetas y directivos escolares. Entre los casos mencionó una operatoria en la que, según su relato, algunos proveedores entregaban efectivo a quienes administraban los recursos destinados a los comedores.
“El proveedor entregaba efectivo al tarjetero y al directivo y yo lo denuncié”, afirmó.
También rechazó haber impedido que los establecimientos cambiaran de proveedor cuando detectaban precios elevados. “Si ustedes ven sobreprecio, tienen 33 proveedores donde pueden hacer el cambio”, recordó haber indicado en una reunión virtual con responsables escolares y comerciantes.
Sus afirmaciones forman parte de su estrategia de defensa y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación judicial.
Los nombres que apuntó
Otro de los ejes de sus declaraciones fue el conocimiento que, según sostuvo, tenían distintos funcionarios sobre las presuntas irregularidades. Murúa señaló al diputado provincial Marcelo López, a quien identificó como su referente político de entonces, y a Lautaro Azzalini, director de Comedores de Entre Ríos.
“El diputado López sabía desde el día uno de esos sobrantes”, afirmó. Y agregó: “Él fue el primero que supo de todos estos robos que estaban haciendo, él sabía que estaban robando en comedores y yo se lo dije desde el día uno”.
También sostuvo que Azzalini conocía los hechos denunciados y aseguró que su defensa presentó elementos para respaldar esa versión.
El correo a la Presidencia y la respuesta que no llegó
La exfuncionaria relató que, ante la falta de respuestas que atribuyó a las autoridades provinciales, envió un correo electrónico a la Presidencia de la Nación. Según explicó, buscaba que su situación llegara a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, antes de que el caso tomara estado público.
“No hubo ningún funcionario que me haya ayudado, por eso es que recurrí a la Presidencia de la Nación”, sostuvo. Afirmó que tampoco obtuvo respuesta del Gobierno nacional.
Asimismo, mencionó a la senadora provincial Cielo Espejo y a la diputada provincial Liliana Salinas como dirigentes a quienes había entregado documentación relacionada con las presuntas irregularidades. También cuestionó la designación del contador Jorge Kannemann como su reemplazante al frente de la Coordinación de Comedores de Concordia.
“Esos chats no existen”
Murúa se refirió a conversaciones que le fueron atribuidas con su hermana y que habían sido publicadas por medios nacionales. Rechazó que esos intercambios fueran auténticos y sostuvo que no aparecían en los peritajes realizados durante la investigación.
“Esos chats no existen”, afirmó. Además, aseguró que las imágenes difundidas presentaban diferencias respecto de cómo tenía registrada a su hermana y del formato utilizado en su computadora. “Fueron armados por esta política”, manifestó, al atribuir la difusión al Gobierno provincial.
En otro tramo, vinculó la exposición pública de la causa con la implementación del sistema de provisión de alimentos de Teknofood. “Tenían que incriminar a alguien porque tenían que presentar un nuevo modelo en los comedores”, expresó.
El cierre de la investigación administrativa
Respecto de las actuaciones administrativas del Gobierno entrerriano, Murúa aseguró que no fue convocada a declarar antes de que concluyera el procedimiento. “A mí nunca me llamaron a declarar desde el Estado, de la parte administrativa”, señaló. Y agregó: “Cerraron la investigación sin que yo declare”.
La investigación administrativa provincial, por su parte, le atribuyó irregularidades de gestión, intervención en el direccionamiento de compras y conocimiento de anomalías sin haber adoptado medidas eficaces para corregirlas. Las actuaciones fueron remitidas al Consejo General de Educación para evaluar un eventual sumario docente, lo que no implica que ya se hubiera aplicado una sanción.
Murúa explicó que tenía 12 años de antigüedad como docente, que era titular de sus horas y que se encontraba de licencia. “Me parece bien que lo estén investigando desde el Consejo General de Educación”, expresó, aunque reiteró sus cuestionamientos por no haber sido escuchada durante el procedimiento administrativo.
“Quiero limpiar mi nombre”
Hacia el final de la entrevista, Murúa se refirió al impacto que la causa tuvo sobre su vida personal y familiar. “En lo personal, quiero limpiar mi nombre. No pienso en política hoy, no estoy pensando en política”, afirmó.
También habló de su trayectoria partidaria y de su paso del peronismo al radicalismo. “Yo vengo del peronismo, yo no soy radical. Me crucé al radicalismo porque quise hacer un cambio, y ese cambio que quise hacer me jugó en contra”, sostuvo.
La excoordinadora mencionó las consecuencias que atravesaron sus hijas, su madre y sus hermanos desde que comenzó la investigación. “Yo confío en la justicia terrenal, pero sobre todo confío en la justicia celestial”, expresó.
Finalmente, manifestó su expectativa sobre el desarrollo del proceso judicial: “Yo sé que mi nombre va a quedar limpio”.