Se cayó en la calle volviendo del trabajo, demandó al gobierno bonaerense y ahora cobrará una fortuna

Una docente de la provincia de Buenos Aires logró una victoria judicial histórica: cobrará más de 25 millones de pesos después de que la Justicia determinara que las secuelas de una caída sufrida en 2023 son permanentes. El fallo, que declaró inconstitucional parte de la ley de riesgos del trabajo, sienta un precedente que podría beneficiar a otros trabajadores.

El accidente que cambió su vida

Todo ocurrió el 14 de febrero de 2023, cuando la mujer terminaba su jornada laboral y se dirigía a su casa en General Rodríguez. Según consta en la demanda, tropezó en una vereda en mal estado, se dobló el tobillo izquierdo y cayó de rodillas, lastimándose las manos al intentar proteger su rostro.

La ART Provincia intervino inicialmente, pero le dio el alta sin reconocer incapacidad alguna. La docente, sin embargo, siguió sintiendo molestias y continuó su tratamiento por obra social. Fue entonces cuando decidió recurrir a la Justicia para revisar esa decisión.

Qué dijo la pericia médica

Durante el juicio, una pericia médica determinó que la trabajadora padece un síndrome meniscal en la rodilla izquierda y una limitación funcional en el tobillo izquierdo, lesiones directamente vinculadas con la caída. Por eso, el Tribunal del Trabajo N° 4 de La Plata fijó una incapacidad física permanente del 15,68%.

Los jueces, en cambio, rechazaron el reclamo por incapacidad psicológica por falta de pruebas suficientes. Así, la condena se centró exclusivamente en las lesiones físicas derivadas del accidente “in itinere”, es decir, ocurrido en el trayecto entre el trabajo y el domicilio.

El cálculo de la indemnización

Uno de los puntos más controvertidos del fallo fue el método para calcular el monto. Aplicando estrictamente la fórmula de la Ley de Riesgos del Trabajo, la docente hubiera recibido unos 9,4 millones de pesos. Pero el tribunal consideró que esa cifra era insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Por eso, declaró inconstitucionales el DNU 669/2019 y el artículo 12 de la ley, y decidió actualizar el ingreso base con el índice RIPTE. Así, el capital indemnizatorio trepó a 24.271.828 pesos, y con los intereses la condena total alcanzó los 25.100.395 pesos, más actualizaciones hasta el pago efectivo.

En su fallo, los magistrados calificaron la fórmula legal vigente de “absurda e injusta”, ya que no reflejaba el valor real del salario ni compensaba adecuadamente el daño sufrido.

La provincia de Buenos Aires, como empleadora auto asegurada, deberá hacerse cargo del pago. Un fallo que marca un antes y un después en la lucha por los derechos de los trabajadores.