La sesión especial en Diputados no arrancó: Provincias Unidas no dio quórum y el oficialismo quedó a tres legisladores de los 129 necesarios. Detrás de la decisión de Gisela Scaglia hay tres frentes que van desde los biocombustibles hasta el Consejo de la Magistratura.
La sesión especial que iba a tratar este miércoles la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central no pudo arrancar. Provincias Unidas decidió no bajar al recinto y el oficialismo quedó a solo tres legisladores de los 129 necesarios para abrir el debate. La jugada tuvo un nombre propio: Gisela Scaglia, exgobernadora de Santa Fe y presidenta del bloque que reúne a diputados alineados con distintos gobernadores.
La decisión fue una señal directa a La Libertad Avanza, pero también una advertencia al PRO de Cristian Ritondo. El conflicto ya no se limita a una diferencia de posiciones: empieza a poner en cuestión los acuerdos parlamentarios.
Biocombustibles, la chispa inicial
Scaglia justificó la postura de su bancada en la falta de respuestas al reclamo por la nueva Ley de Biocombustibles, una iniciativa impulsada especialmente por Santa Fe y Córdoba que ya tiene media sanción del Senado pero no fue incluida en el temario.
La legisladora sostuvo que el proyecto es una herramienta concreta para poner en marcha plantas industriales, activar inversiones y generar empleo en ocho provincias. "Es muy difícil seguir acompañando temas que de nada le importan a la gente", planteó.
El malestar también apunta al PRO, que se resistió a acompañar la iniciativa y contribuyó a bloquear su tratamiento en comisión. La propuesta es considerada estratégica por los gobiernos de Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, pero encuentra objeciones por el impacto que podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas del sector en la provincia de Buenos Aires. Para Provincias Unidas, la falta de avances es una señal de que la agenda productiva del interior no tiene la prioridad que reclama.
El detonante: Consejo de la Magistratura
Sin embargo, el detonante inmediato de la ruptura estuvo en el Consejo de la Magistratura. Provincias Unidas reclama para sí la representación correspondiente a la segunda minoría de la Cámara, en virtud de sus 18 diputados, y pretende ubicar en ese lugar al cordobés Juan Brügge.
El PRO, que cuenta con 12 legisladores propios, impulsa a Florencia De Sensi, dirigente cercana a Ritondo, en una disputa que terminó contaminando las negociaciones por el quórum.
La controversia se profundizó después de que la Corte Suprema rechazara la posibilidad de renovar mandatos en el organismo y obligara a modificar los planes iniciales del macrismo. Álvaro González, cuyo mandato se buscaba renovar, quedó fuera de carrera y el PRO propuso en su reemplazo a De Sensi.
Desde Provincias Unidas sostienen que el cambio de candidato modificó los acuerdos previos y que la representación debe respetar la composición parlamentaria de los bloques.
Presupuesto 2027, otro frente abierto
A esa tensión se suma el Presupuesto 2027, otra de las prioridades del Gobierno y un terreno en el que Santa Fe y Córdoba esperan respuestas concretas. Los reclamos incluyen recursos para la emergencia en discapacidad, financiamiento universitario y otras demandas provinciales.