Santo Tomé: el PJ frenó el traspaso del agua y apuntó a una deuda que ya ronda los $6.000 millones

El traspaso de los servicios de agua potable y cloacas de Santo Tomé a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) sigue envuelto en reparos políticos. El concejal del Partido Justicialista Rodrigo Alvizo cuestionó la ordenanza que el Concejo Municipal aprobó el martes pasado y exigió precisiones sobre la transición, el destino de lo recaudado y el pasivo que el municipio mantiene con la empresa provincial.

En diálogo con UNO 106.3, el edil fue tajante: “Preocupado por lo que se aprobó el martes en la sesión. Para nosotros, en estas condiciones no se puede dar un traspaso”.

La norma salió con seis votos a favor y tres en contra. La respaldaron los cinco concejales de Unidos y Giselle Miravete, de La Libertad Avanza. En contra se pronunciaron Alvizo, Rosana Zamora y Rosa Escandell, los tres del justicialismo.

Con la aprobación, el Ejecutivo municipal quedó facultado para iniciar las gestiones administrativas, técnicas e institucionales del traspaso. Pero el convenio entre el Municipio, la Provincia y ASSA todavía no está firmado ni definido en sus condiciones concretas.

La deuda que preocupa: más de $6.000 millones

Uno de los ejes del reclamo es el pasivo con ASSA. Según fuentes oficiales de la empresa que citó el propio Alvizo, la deuda supera los $6.000 millones.

“Claramente hace falta más información, hace falta saber qué se hizo con el dinero de los santotomesinos que se recaudó por tasa de obras sanitarias. No se pagó a ASSA y se generó una deuda de más de 6.000 millones de pesos”, sostuvo.

El concejal recordó que el año pasado la oposición ya había advertido sobre un pasivo de unos $2.500 millones. Durante una interpelación a la secretaria de Hacienda, contó, el Ejecutivo informó que había firmado un convenio para regularizar ese monto, del que se habrían pagado apenas dos o tres cuotas.

“Se cayó el convenio, siguió habiendo más deuda y hoy llegamos a una deuda de más de 6.000 millones de pesos, que no es poca cosa para el presupuesto santotomesino, representa aproximadamente el 10%”, señaló.

El edil planteó entonces una pregunta central: quién afrontará ese pasivo cuando el servicio cambie de manos.

“¿A quién le van a cobrar la deuda? ¿Le van a cobrar la deuda nuevamente a los vecinos de Santo Tomé, que ya pagaron, o le van a cobrar al gobierno que viene, que no tiene nada que ver con la irresponsabilidad del gobierno anterior?”, interrogó.

Por eso reclamó una auditoría externa a través del Tribunal de Cuentas de la provincia. El objetivo: determinar cómo se acumuló la deuda y cómo se manejaron los recursos del servicio. También advirtió que podrían existir responsabilidades administrativas o penales, aunque aclaró que no tiene información suficiente para afirmarlo.

“Entendemos que pudo haber malversación de fondos, pudo haber administración fraudulenta de caudales públicos o incumplimiento de deberes de funcionario público. Pudo haber un abanico de delitos, pero realmente no lo sabemos hasta tanto no haya una auditoría o no nos den la información necesaria”, expresó. Se trata de posibles irregularidades mencionadas por el concejal, que no constituyen hechos comprobados.

Audiencia pública y control del Concejo

Alvizo también pidió que los vecinos tengan voz en la discusión y que el Concejo intervenga en las decisiones que comprometan recursos municipales.

“Necesitamos una audiencia pública para saber qué es lo que opina el vecino de Santo Tomé con relación al traspaso. Necesitamos escuchar a los vecinos”, manifestó.

El bloque justicialista presentó un dictamen en minoría con cambios al proyecto. Entre sus propuestas, planteó que los convenios que el Ejecutivo firme con un futuro prestador de servicios públicos deban pasar expresamente por el Concejo para su aprobación.

Durante el tratamiento de la ordenanza se incorporó una modificación que establece la intervención y aprobación previa del Concejo para los instrumentos que impliquen nuevas obligaciones económicas o financieras, la disposición de bienes municipales o cambios en la situación del personal afectado al servicio. Aun así, para Alvizo faltan definiciones centrales para medir el alcance real del traspaso.

Los 80 trabajadores y el plan de obras

Otro punto que el concejal considera pendiente es el futuro de los 80 empleados y empleadas municipales afectados a obras sanitarias.

“Nosotros no tenemos nada formal con relación a la estabilidad laboral de los 80 empleados y empleadas que están afectados a obras sanitarias en la ciudad de Santo Tomé”, señaló, tras recordar una reunión con representantes de los trabajadores municipales.

Por eso pidió que el proceso contemple la participación del gremio y que se definan garantías laborales antes de avanzar con la transición. “Escuchemos también al gremio, escuchemos a los trabajadores”, reclamó.

El edil también enumeró interrogantes sobre la infraestructura y los recursos que hoy están bajo responsabilidad municipal: la planta de tratamiento de líquidos cloacales, las cañerías, las bombas, las válvulas y los vehículos afectados al servicio.

“Al no estar el convenio no se sabe cuál va a ser el plan de obra, no se sabe cuánto va a ser la inversión que va a hacer ASSA en Santo Tomé”, sostuvo.

Según Alvizo, en conversaciones informales se mencionó una inversión de entre $6.000 millones y $9.000 millones, aunque cuestionó que todavía no se haya presentado un plan detallado con las obras previstas y sus plazos.

El esquema anunciado por la Provincia contempla una etapa de gestión compartida de seis meses y apunta a que ASSA asuma integralmente el servicio en junio de 2027. El compromiso de inversión informado oficialmente es de $6.000 millones durante tres años.

La alternativa que propone el PJ

Alvizo cuestionó la decisión política de avanzar con el traspaso y sostuvo que el servicio podría haberse mejorado sin salir de la órbita municipal.

“Nosotros sí teníamos una propuesta si quedaba como servicio municipal, que tiene que ver con la creación de un departamento de obra sanitaria, hacer más eficiente el sistema de reclamos, hacer más eficiente el servicio”, explicó.

Para el concejal, una mejora de la prestación debía contemplar una tarifa razonable, un uso más eficiente de los recursos humanos y económicos del municipio y un programa de obras que resolviera los problemas estructurales.

Además, vinculó las dificultades del servicio con una decisión política de avanzar hacia un cambio de gestión.

“Este es el manual de la privatización: dejar caer los servicios para que la gente misma diga: ‘Esto no puede seguir sucediendo así. Nosotros queremos agua y si no lo puede brindar el municipio, que lo brinde un privado’”, afirmó.

El corte de agua que reavivó la discusión

La controversia por el traspaso se profundizó después de las interrupciones del suministro registradas durante el último fin de semana. Alvizo consideró que el episodio evidenció la necesidad de contar con infraestructura y alternativas operativas para responder ante una emergencia.

“El caño que se corta fue antes de la ciudad de Sauce Viejo, tiene que ver con un caño del acueducto Desvío Arijón, y en tres días no pudieron solucionar el problema”, sostuvo, al responsabilizar a ASSA por la demora en la reparación.

No obstante, también apuntó contra el municipio por no contar, según su planteo, con una alternativa para garantizar el abastecimiento.

“Santo Tomé estuvo tres días sin agua por una decisión de ASSA, pero también por una decisión del gobierno municipal de no tener un plan B”, expresó.

Los puntos que quedan por definir

Con la ordenanza aprobada, el Ejecutivo de Santo Tomé quedó habilitado para avanzar con las gestiones del cambio de prestador. La definición del convenio, las inversiones, la situación de los trabajadores y el tratamiento de la deuda serán aspectos centrales de la próxima etapa.

Alvizo adelantó que el bloque justicialista seguirá de cerca la evolución del pasivo y los acuerdos que se firmen con la empresa provincial.

“Vamos a seguir de cerca el tema de la deuda, vamos a seguir de cerca el tema de los convenios que se firmen con ASSA. Creemos que el Concejo tiene que tener injerencia y la aprobación necesaria en el momento que corresponda”, concluyó.