Santa Fe consagró en 2025 una Constitución que cambia cómo se juzga y remueve a jueces y fiscales. A un año de la Convención, la provincia sigue en deuda con la letra chica que debe hacer funcionar ese nuevo sistema.
La nueva Constitución de Santa Fe, consagrada en 2025, cambió las reglas para controlar y eventualmente remover a jueces, procuradores, fiscales y defensores. Sin embargo, a un año de la Convención Constituyente todavía queda pendiente adecuar las leyes y los procedimientos al nuevo texto, una tarea menos visible pero indispensable para que el sistema funcione.
Durante años la provincia convivió con sistemas distintos y criterios desiguales para responder a una pregunta central: cómo se controla y se remueve a un magistrado o a un fiscal que no cumple con su deber.
Un mismo ámbito para todos
Uno de los puntos que se debatieron y sancionaron en la Convención fue la modificación del sistema de enjuiciamiento. La Carta Magna de 2025 estableció un nuevo Jurado de Enjuiciamiento de conformación plural, con reglas comunes para quienes tienen responsabilidades en la Justicia y en el Ministerio Público.
El texto constitucional dejó claro que el sistema anterior no puede continuar. Por eso, el proyecto que busca adaptar las normas propone que jueces, procuradores, fiscales y defensores respondan ante un mismo ámbito de enjuiciamiento, con las garantías propias de un Estado de derecho.
Hasta que eso se concrete, la Legislatura mantiene una fuerte intervención en el caso de los fiscales.
Cómo se integra el Jurado
La composición del nuevo Jurado expresa la idea de repartir la responsabilidad: incorpora representantes de distintos poderes y de la abogacía, con participación de las minorías legislativas. Así, el control no queda concentrado en un solo sector ni se confunde con la pertenencia corporativa.
El proyecto también cambia la manera de llevar adelante los procesos. Establece un sistema acusatorio con derecho de defensa, producción de prueba, audiencias orales y públicas, y decisiones motivadas y publicadas. Reglas conocidas de antemano, transparencia y garantías para todos.
Un aspecto central para garantizar imparcialidad: quien investiga y acusa no es quien finalmente juzga y decide. Para eso se prevé una investigación disciplinaria previa y un órgano acusador encargado de reunir los elementos, formular la acusación y sostenerla ante el Jurado de Enjuiciamiento.
La etapa que falta
La reforma fue un proceso de tiempo, discusión y acuerdos. Ahora, según la mirada de quienes impulsaron los cambios, estar en mora con la adecuación de las leyes no significa volver a discutir todo, sino cumplir con lo acordado.
Adaptar las normas a la nueva Constitución es, en concreto, respetar lo que costó construir: un sistema institucional con más equilibrio, más transparencia, más garantías y menos espacios para las lógicas corporativas. La Constitución ya marcó el camino; falta convertir ese acuerdo en instituciones que funcionen.