Santa Fe se planta contra el proyecto oficialista de discapacidad: lo que piden las instituciones

Las instituciones santafesinas que integran la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) salieron a cuestionar el proyecto que el oficialismo nacional impulsa en la Cámara de Diputados y reclamaron cambios urgentes antes de que avance. La alarma se encendió cuando se conoció que el Presupuesto 2027 contempla recortes que golpean de lleno a las pensiones por invalidez y a la cobertura médica obligatoria.

Qué dice el proyecto oficialista

La ley de emergencia en discapacidad fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y promulgada por decreto en febrero de 2026, después de que el gobierno de Javier Milei intentara frenarla por vía judicial y con un veto presidencial. Diputados y Senadores revirtieron ese veto y la Justicia Federal obligó al Ejecutivo a ponerla en vigencia.

Esa emergencia vence el 31 de diciembre, aunque el Ejecutivo puede prorrogarla un año más. En ese marco, La Libertad Avanza (LLA) presentó un proyecto propio que recoge algunos puntos de la emergencia, pero cambia el esquema: pasa de una situación de emergencia a un sistema permanente. La iniciativa ya obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

El texto mantiene algunos aspectos de la ley de emergencia, algo que incluso fue valorado por otras instituciones santafesinas. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 incluye recortes y la eliminación de ítems clave de la iniciativa oficialista para la discapacidad.

Presupuesto versus ley de discapacidad

Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de la tarifa unificada dispuesta en el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Sin esa referencia, los prestadores tendrían que negociar aranceles con cada ente que deba pagarles, lo que desde las organizaciones del sector consideran que crearía "un factor estructural de desigualdad", según consignó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij).

"Esto empujaría a que los beneficiarios de los organismos que abonan tarifas más bajas tengan que enfrentar una menor oferta o peor calidad de atención. Es una contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", explicaron desde Acij en un informe propio donde analizaron los puntos salientes del proyecto de presupuesto nacional.

Otra de las iniciativas que genera rechazo es el intento de modificar el régimen de pensiones que surgió con la propia emergencia. Hoy, toda persona sin recursos o con discapacidad puede acceder a una pensión por invalidez, que sigue vigente incluso si la persona tiene trabajo formal. El proyecto de LLA quiere excluir del otorgamiento automático a quienes tengan Certificado Único de Discapacidad y eliminar la compatibilidad entre el empleo formal y el beneficio.

Además, la iniciativa suprime la exigencia de cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones por invalidez. Esa cobertura se brinda a través del Programa Incluir Salud y, según advirtió Acij, el proyecto de presupuesto contempla un recorte del 13,9% respecto de 2026.

El reclamo desde Santa Fe

Apridis y otras organizaciones nacionales del sector rechazaron el proyecto por considerarlo "regresivo e inconsulto" y piden modificaciones antes de que siga su curso en el Congreso. Este martes, decenas de entidades del país enviaron correos electrónicos al presidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Gerardo Huesen (LLA, Tucumán), y al titular de Diputados, Martín Menem, para exigir una revisión urgente del dictamen de mayoría.

"No tiene nada de superador. Pedimos que se incorporen las condiciones mínimas para que no sea regresivo en materia de derechos humanos. Al considerarlo regresivo, entendemos que el proyecto es inconstitucional", aseguró la presidenta de Apridis, Mariel Chapero.

La dirigente remarcó que la emergencia en discapacidad continúa y que los diputados "no pueden legislar como si esa emergencia no estuviese aconteciendo. Necesitamos hechos concretos, un acompañamiento y que sean escuchadas las personas con discapacidad".

"El proyecto del gobierno fue presentado de manera inconsulta. Necesitamos que las modificaciones necesarias sean introducidas para que se pueda votar un proyecto conforme a lo que las personas necesitan", concluyó.