Santa Fe mueve el tablero contra la violencia de género: lo que puede cambiar para los agresores

Santa Fe presentó una ley que promete dar vuelta el tablero: cuatro niveles de riesgo, tobillera para agresores y un cambio que saca de encima a las víctimas trámites que hoy les corresponden al Estado. ¿Qué pasa si el agresor incumple?

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Santa Fe mueve el tablero contra la violencia de género: lo que puede cambiar para los agresores
Santa Fe mueve el tablero contra la violencia de género: lo que puede cambiar para los agresores

El Gobierno de Santa Fe presentó este jueves un proyecto de ley para cambiar de raíz cómo interviene el Estado frente a la violencia de género. La iniciativa, que será enviada a la Legislatura, apunta a anticipar el riesgo, sacarles trámites a las víctimas y endurecer las medidas contra los agresores que incumplen.

El texto fue presentado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini; y la subsecretaria Legal y Técnica, Blanca Diakaki. La elaboración estuvo a cargo de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano, de Justicia y Seguridad y de Gobierno e Innovación Pública.

Cuatro niveles de riesgo y respuestas a medida

Uno de los ejes centrales es la creación de un sistema escalonado de medidas cautelares. Después de una valoración inicial, y cuando corresponda, se hará una evaluación integral que clasificará cada situación en cuatro niveles: bajo, medio, alto y crítico.

Para determinar el nivel se cruzarán indicadores como amenazas de muerte, separación reciente, control coercitivo, presencia de armas, violencia sexual, estrangulamiento, incumplimientos de medidas anteriores y llamados reiterados al 911.

A mayor riesgo, mayor será la intensidad de la respuesta estatal. En los casos críticos, el proyecto contempla el desarme de personas autorizadas a portar armas y la colocación de una tobillera electrónica al agresor.

Más presión sobre quienes no cumplen

La iniciativa también incorpora herramientas para cuando se violan las órdenes judiciales. En esos casos, jueces y juezas podrán disponer arrestos conminatorios.

“A medida que el agresor no cumple, las medidas se vuelven cada vez más duras”, sostuvo Cococcioni. El ministro remarcó que los incumplimientos quedarán registrados y se tendrán en cuenta en las siguientes evaluaciones de riesgo.

El proyecto prevé además un equipo interdisciplinario especializado que se ocupará de evaluar situaciones, elaborar informes, acompañar casos y asistir a la Justicia y a otros organismos estatales.

Denuncias sin cargar a la víctima

Otro de los cambios apunta a cómo se tramitan las denuncias. La propuesta establece un diseño procesal diferenciado basado en el principio de actuación de oficio: las denuncias podrán recibirse en cualquier comisaría u organismo, y ante una urgencia cualquier tribunal podrá intervenir.

Cococcioni dio un ejemplo de lo que, según planteó, hoy recae sobre la propia víctima: tener que llevar documentación hasta la comisaría que corresponde al domicilio o al lugar de trabajo del agresor.

“El Estado tiene que empezar a hacer su trabajo de manera integral y no cargar a la propia persona que sufre violencia con estas actividades adicionales”, afirmó.

El texto también dispone que las medidas de protección tengan vigencia inmediata, incluso antes de que el agresor sea notificado. “A partir de ahora es el agresor el que se tiene que cuidar”, sostuvo el ministro.

Prevención, registro único y fondo de asistencia

Desde el área de Mujeres, Género y Diversidad, Travaini explicó que la propuesta busca dejar atrás un modelo que solo responde después del hecho y avanzar hacia un esquema de prevención, detección temprana, protección y asistencia.

En esa línea, el proyecto excluye expresamente la mediación y la conciliación en casos de violencia de género, y contempla como indicador la propia percepción de riesgo de la víctima.

“Si una mujer dice que está segura de que la va a matar, hay que escucharla, y eso está expresamente contemplado en esta ley”, afirmó Travaini.

La iniciativa también propone crear un registro digital único e interoperable, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, para evitar que la información quede fragmentada entre organismos. A eso se suma un fondo provincial de asistencia urgente para las personas protegidas, destinado a fortalecer la autonomía económica de las víctimas y de sus familias.

Por último, el proyecto plantea estrategias territoriales de prevención, detección temprana, orientación y difusión, en articulación con municipios y comunas.

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