Santa Fe: los taxistas explotaron contra los "Uber Moto" y revelaron cuántos autos hay anotados
La Municipalidad ratificó que los viajes pagos en moto están prohibidos, pero los taxistas aseguran que la calle dice otra cosa: mientras ellos pasan por un control cada dos cuadras, los autos de aplicación siguen trabajando sin registrarse. La cifra que revelaron en la Sociedad de Taximetristas desnuda la brecha.
La Sociedad de Taximetristas de Santa Fe volvió a poner el grito en el cielo por los viajes pagos en moto que se piden por Uber y DiDi, un servicio que la Municipalidad ratificó que está prohibido, y por la escasa fiscalización sobre los autos que trabajan con plataformas digitales.
El reclamo lo encabezaron Diego Falcone, presidente de la entidad, y Karina Tavella, referente del sector. Ambos pidieron que se cumplan las ordenanzas vigentes y advirtieron que la situación golpea de lleno los ingresos de quienes trabajan en regla.
Qué dice la normativa sobre las motos
Desde el Municipio confirmaron que el traslado comercial de pasajeros en motovehículos a través de aplicaciones como Uber Moto o DiDi Moto no está permitido en la ciudad. La Ordenanza N.º 12.991, modificada por la N.º 13.103, regula el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales, pero deja afuera el servicio habitual y oneroso en moto.
Las aplicaciones de viajes no están prohibidas, aclararon desde el Palacio Municipal, siempre que conductores y vehículos cumplan con los requisitos. También aseguraron que siguen con las tareas de fiscalización y que aplican las sanciones previstas ante las infracciones.
Para los taxistas, esos controles no alcanzan.
"La desigualdad es total"
Falcone cuestionó que no exista una regulación específica para los viajes comerciales en moto y reclamó una mayor intervención del Municipio. "En el caso puntualmente de las motos, no están reguladas, no tienen ordenanza. Claramente el Ejecutivo lo dejó claro: que no era viable este sistema y que no promovía el traslado mediante el sistema de motos", sostuvo.
El dirigente señaló que el problema no se limita a las motos: también abarca a los autos que trabajan con aplicaciones. "Sigue el común denominador: la falta de controles, tanto para este sistema que no está regulado como para la ordenanza", afirmó.
Y apuntó contra el reparto de responsabilidades: "Tristemente se le sacó todo tipo de responsabilidad a las aplicaciones, pasándola a las personas que ponen las unidades".
El impacto económico es el corazón del conflicto. "En nuestro bolsillo, económicamente, estamos dentro de un sistema que está regulado, que está habilitado, que se somete a todo tipo de controles", manifestó Falcone.
Tavella fue más dura al comparar la presión que reciben unos y otros. "La desigualdad es total. Controles hay un montón, nos vienen parando cada dos cuadras. Hay un control para nosotros", afirmó.
La referente también cuestionó los cambios normativos y las prórrogas para que los conductores de aplicaciones regularicen su situación. "Desde el año pasado que está la Ordenanza 12.991, se modificó varias veces en pos de los autos ilegales. Ahora tenemos la nueva ordenanza, la 13.103, y siguen dando prórrogas para que estos autos ilegales se vayan a anotar. No lo quieren hacer", sostuvo.
El número que calienta la discusión
Según la estimación de Tavella, la cantidad de vehículos registrados es ínfima frente a los que operan sin habilitación. "Hay 50 autos nada más anotados, cuando hay más de 2.000 autos trabajando en desigualdad con nosotros", señaló.
La cifra corresponde a su declaración y no fue acompañada por datos oficiales que permitan corroborarla.
Sobre por qué muchos no se registran, Tavella fue tajante: "Los autos de aplicación no se van a anotar porque es más fácil no anotarse. Si no te controla nadie, no pagás ningún impuesto, no tributás nada. Entonces es más fácil andar así".
El pedido de fondo
Taxistas y remiseros exigen que las normas se apliquen de manera efectiva y que todos los que trasladan pasajeros cumplan con las mismas exigencias. Mientras el Municipio sostiene que las aplicaciones pueden funcionar dentro del marco regulatorio y afirma que sigue fiscalizando, los trabajadores reclaman controles tanto sobre los autos como sobre las motos que hacen viajes pagos.
El eje del conflicto es la diferencia entre las obligaciones que afrontan los que trabajan dentro del sistema habilitado y las condiciones en las que, según denuncian desde el sector, operan algunos prestadores a través de plataformas digitales.
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