Santa Fe en vilo por el nuevo funcionario que manejará la discapacidad y un recorte que nadie esperaba

El recambio de autoridades en la Secretaría de Discapacidad de la Nación despertó alarma en las instituciones que atienden a personas con discapacidad en Santa Fe. Tras la salida del Dr. Vilches —quien había asumido luego de la intervención judicial por causas de corrupción que dejaron 19 imputados—, el Poder Ejecutivo nacional puso al frente del organismo a Pablo Di Liscia, un dirigente vinculado al ministro de Economía, Luis Caputo.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre las organizaciones prestadoras de servicios y las familias. Gabriela Ortolochipi, titular de la Unión de Entidades de Personas con Discapacidad de Santa Fe (UENDISFE), analizó el escenario y fue tajante: "El nuevo secretario es un hombre de confianza del ministro de Economía. Viendo todo lo que venimos pasando desde el área de discapacidad, no nos puede dar mucha tranquilidad".

Asfixia económica y un discurso que lastima

Desde la entidad que agrupa a 45 instituciones en la provincia señalaron que el desgaste arancelario y prestacional empezó a notarse hacia 2018, pero que la coyuntura actual muestra un nivel de asfixia inédito. A eso se suma, dicen, un discurso oficial que desacredita a las instituciones y a los propios beneficiarios.

"En esta gestión no solo está la cuestión del desfinanciamiento mucho más marcado y grave, sino acompañado de agresiones, insultos y poner en tela de juicio la condición de discapacidad de algunas personas. Es un sistema que tiene 30 años de funcionamiento", subrayó Ortolochipi.

Ley de Emergencia subejecutada y la pelea por el Presupuesto

El frente normativo y presupuestario concentra la mayor preocupación de la dirigencia del sector frente al cierre del ejercicio fiscal y las proyecciones para el año entrante.

Pese a haber completado todo el trayecto institucional —aprobación parlamentaria, veto presidencial, ratificación del Congreso y reglamentación por vía judicial—, la Ley de Emergencia en Discapacidad se ejecuta hoy apenas en un 20% de su capacidad real.

Además, el proyecto de presupuesto incluye artículos que chocan con la ley de emergencia vigente hasta diciembre. Por eso, comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación buscan emitir dictamen para prorrogar la emergencia hasta fines de diciembre y frenar la quita de partidas.

Los atrasos en los aranceles amenazan la continuidad de servicios clave como la atención temprana, el transporte adaptado, los centros de día y los hogares que albergan a personas sin contención familiar.