Santa Fe duplicó su récord de quiebras y el dato que nadie mira: 1.656 causas en 7 meses

La crisis industrial no da tregua en Santa Fe. Las causas por quiebra en las cinco circunscripciones judiciales de la provincia se duplicaron en 2025 y superaron incluso el pico de la pandemia: pasaron de 1.009 a más de 2.000, un máximo histórico, según un informe publicado en la revista Ideas en la mira del Centro Cultural y de Estudios DEMOS.

El trabajo, elaborado por la Lic. Florencia Camusso, atribuye el fenómeno al modelo económico del presidente Javier Milei, que impulsa la destrucción de la industria nacional, y a la falta de respuestas del gobernador Maximiliano Pullaro. La serie completa muestra la aceleración: 817 causas en 2021, 762 en 2022, 956 en 2023, 1.009 en 2024 y más de 2.000 en 2025.

Lo que viene es aún más alarmante: en los primeros siete meses de 2026 ya se iniciaron 1.656 nuevas causas por quiebra. Si el ritmo se sostiene, 2026 cerrará muy por encima del récord del año anterior.

Concurso y quiebra crecen juntos

El informe también analiza los expedientes por "Concurso", la vía que buscan las empresas para evitar la quiebra. Estos crecieron un 75% en 2025 respecto del promedio de 2021-2023. Como quiebra y concurso preventivo no se sustituyen entre sí, sino que aumentan de manera simultánea, el trabajo descarta que las empresas estén usando el concurso como una salida ordenada frente a la quiebra.

El documento explica que el canal bancario es restrictivo y el endeudamiento se traslada a la economía real, donde los instrumentos son menos formales, los costos más altos y la información más difusa. Para las PyMEs santafesinas, la deuda invisible tiene tres rostros.

Los tres rostros de la deuda invisible

El primero son los cheques rechazados por falta de fondos: según el BCRA, pasaron de 39.083 en diciembre de 2024 a 119.285 en diciembre de 2025, el máximo del período, y en junio de 2026 cerraron en 105.297, un 57,3% más que un año antes.

El segundo son las facturas impagas con proveedores: cuando una PyME no puede pagar a 30 días, pide 60 o 90 y el proveedor acepta para no perder al cliente y asume un riesgo para el que generalmente no está capitalizado.

El tercero son las deudas diferidas con el fisco, una de las obligaciones que se postergan en contextos de tensión de liquidez. En ese marco, Santa Fe instrumentó la Resolución 91, con facilidades en Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente Automotor y Sellos, vigente hasta julio de 2026.

Una crisis que la mora no ve

El informe parte de una paradoja: la mora bancaria comercial ronda el 3,7% y parece tranquilizadora, pero ese indicador tiene, según Camusso, una "trampa metodológica" ya que solo mide a quienes tienen crédito. El BCRA detalló que el 74,6% de las MiPyMEs registradas tiene algún tipo de financiamiento, pero ese universo incluye monotributistas, autónomos y microemprendedores unipersonales que acceden a tarjetas de consumo y préstamos personales, instrumentos más asociados al consumo que a la producción.

Según la encuesta de coyuntura del Observatorio PyME del primer semestre de 2026, apenas el 22% de las PyMEs industriales solicitó crédito bancario en los últimos seis meses y solo el 14% lo obtuvo en las condiciones pedidas. Para el informe, esa brecha "es el núcleo del problema". De acuerdo con el Boletín de Estabilidad Financiera del BCRA, la irregularidad de la cartera es de 0,9% en grandes empresas y de 4,4% en el segmento PyME, casi cinco veces más. Esa diferencia de riesgo percibido explica por qué el crédito fluye hacia los grandes y se contrae para los chicos.

En las Encuestas a Empresas del Banco Mundial, el 49,4% de las pequeñas empresas (de 5 a 19 empleados) declara que no solicita préstamos por tasas, garantías o trámites desfavorables, el doble que en 2017. El informe agrega que las exigencias de garantías bajaron de 49,8% a 26,7% entre 2017 y 2026, por lo que el obstáculo no es la garantía sino la tasa y las dificultades de trámite.

Santa Fe lidera la desocupación nacional

El mercado laboral de Santa Fe atraviesa un escenario de creciente preocupación, especialmente en el sur provincial, donde el deterioro de la actividad industrial comienza a reflejarse con mayor fuerza en los indicadores de empleo. El aglomerado San Nicolás-Villa Constitución registra actualmente la tasa de desocupación más elevada del país con 10,4%, mientras que el Gran Rosario (8,2%) también presenta niveles superiores al promedio nacional (7,8%), en un contexto marcado por la retracción manufacturera, la menor demanda interna y las dificultades que atraviesan sectores estratégicos de la economía regional.

La situación adquiere una dimensión particular en Villa Constitución y San Nicolás, históricamente vinculadas a la producción siderúrgica y metalúrgica y a una extensa cadena de proveedores y actividades asociadas. La caída de la producción en distintas ramas industriales tuvo consecuencias sobre el empleo directo e indirecto, mientras empresas del sector debieron recurrir en los últimos meses a suspensiones, reducción de turnos y esquemas productivos más acotados frente a un escenario de menor actividad.

A este panorama se suma la contracción de sectores estrechamente relacionados con la industria —como la construcción y la producción automotriz— cuya menor demanda repercute sobre proveedores, talleres y pequeñas y medianas empresas de la región. Especialistas del mercado laboral señalan que la combinación de una demanda interna debilitada, la reducción de la obra pública y una mayor competencia de productos importados genera condiciones particularmente complejas para los sectores industriales tradicionales, que durante décadas funcionaron como una fuente de empleo formal y relativamente estable.