Santa Fe debate un cambio clave en las recompensas: ya se pagaron 96 millones, pero quién decide ofrecerlas quedaría en otras manos

La Cámara de Diputados de Santa Fe discute esta semana un paquete de leyes enviado por el Ejecutivo con herramientas para la seguridad. Entre los puntos sobresalientes, el gobierno de Maximiliano Pullaro quiere reformar el sistema de recompensas para que la Provincia pueda activarlas por decisión propia, sin esperar el pedido de un fiscal.

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, defendió la iniciativa en diálogo con Radiópolis (Radio 2). Allí explicó cómo funciona el mecanismo, destacó el resguardo de la identidad de los informantes y confirmó que los pagos se hacen en efectivo.

Cómo funciona hoy y qué cambiaría

Actualmente, la activación de una recompensa —dinero a cambio de datos que ayuden a esclarecer un delito— depende exclusivamente del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Ningún funcionario del Ejecutivo puede ofrecer una retribución si no media una solicitud de un fiscal.

Con la nueva normativa, la Provincia busca arrancar recompensas de manera autónoma cuando considere que un caso tiene alto impacto político o de seguridad ciudadana, sin necesidad de la venia judicial previa.

Masneri valoró el uso de esta herramienta durante la gestión actual. “Se han dilucidado muchos casos, pensemos de una histórica recompensa donde se pagó solo un millón de pesos desde la creación de la ley hasta el gobierno del gobernador Pullaro, ahora llevamos 96 millones entregados”, detalló. Y agregó: “La gente confía en el sistema, que esto es lo más importante”.

Confidencialidad extrema y pagos en efectivo

Para el Ejecutivo, una de las claves del éxito del programa es el secreto absoluto sobre quién aporta la información. Según precisó la funcionaria, por razones obligatorias los nombres solo los conocen tres personas en toda la provincia: el fiscal interviniente, la propia secretaria de Asuntos Penales y la escribana mayor de gobierno.

“A ver, creo que no es poca cosa que en un contexto de digitalización y despapelización que vivimos, poderle transmitir al ciudadano que sus datos están escritos en un solo papel, que lo escribe el fiscal, que nos lo pasa, que me lo pasa a mí puntualmente y que se lo paso a la escribana de gobierno al momento del pago y nada más, le tiene que dar esa tranquilidad de que eso queda guardado en una caja fuerte y nunca más nadie va a saber quién fue”, explicó Masneri.

Además, desde el gobierno indicaron que las retribuciones se abonan con dinero en efectivo para anular cualquier tipo de rastro bancario o virtual.

Nueva web de los más buscados

En paralelo a la reforma legislativa, la Provincia ya modificó la página web donde se difunden los rostros de las personas buscadas por la Justicia. La intención fue ofrecer una vía de comunicación más amable e intuitiva para que la ciudadanía se familiarice con los casos y se anime a colaborar.

“Este programa requiere un impulso porque pone gente presa, porque resuelve delitos de muchos años y porque por sobre todas las cosas termina con la impunidad, que es lo que incentiva a los delincuentes”, concluyó Masneri.

La web de los más buscados reúne en un mismo espacio la información sobre las personas más buscadas, las recompensas vigentes, los pedidos de datos para esclarecer delitos y las solicitudes de paradero. También incorpora los resultados obtenidos desde la implementación de esta política.

Debate en la Legislatura

La modificación del sistema de recompensas es solo un apartado dentro de un mensaje del Ejecutivo mucho más amplio. Según se detalló en el análisis del debate legislativo, el proyecto también incluye puntos que generaron controversias en el ámbito jurídico, como la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias y la toma de declaraciones sin la presencia de un abogado defensor.

Para abordar estas y otras cuestiones, las comisiones de Seguridad y de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja abrieron una ronda de consultas con diversos actores institucionales. Fueron invitados al recinto representantes del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa y de la propia Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de encauzar el debate parlamentario y definir los alcances finales de estas nuevas herramientas públicas.