Santa Fe debate la emergencia por violencia de género: el proyecto que impulsa el PJ y el número que no cierra

La diputada provincial Alejandra Rodenas, junto a sus pares del Interbloque del Partido Justicialista Lucila De Ponti, Celia Arena y Sonia Martorano, presentó un proyecto de ley que declara la emergencia provincial en violencias de género. La iniciativa busca, además, abrir caminos presupuestarios frente al desfinanciamiento de los dispositivos nacionales que, según la legisladora, el gobierno de Javier Milei dejó sin fondos.

Rodenas es presidenta de la Comisión de Género, Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de Santa Fe. En ese rol viene de escuchar a organizaciones feministas, sociales, territoriales y sindicales en foros abiertos a lo largo de la provincia. De esas rondas salió el diagnóstico que sostiene el proyecto: la violencia machista crece y el Estado llega tarde en los barrios y en el interior.

El caso que empuja la discusión

Talia Liliana Baduna tenía 29 años y estaba embarazada. Murió el miércoles 21 de octubre en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, después de diez días de internación, tras haber sido atacada en su casa por el hombre con el que convivía, según la investigación del Ministerio Público de la Acusación. Su bebé nació por cesárea de urgencia y continúa internado.

La causa se tramitaba en principio como tentativa de homicidio doloso calificado por el vínculo en un contexto de violencia de género. Ahora se investiga como femicidio. La Justicia deberá establecer responsabilidades. Según la Fiscalía, la violencia en esa casa llevaba al menos dos años.

Rodenas consigna un dato que, a su entender, no es menor: no se sabe si Talia llegó a denunciar lo que padecía. Para la legisladora, esa incertidumbre habla por sí sola, porque según los relevamientos de las organizaciones feministas la mayoría de las mujeres asesinadas por violencia de género nunca había hecho una denuncia formal.

Las cifras que alarman

Los registros de las organizaciones ubican a Santa Fe con más de 40 femicidios y alrededor de 70 intentos en lo que va del año. La provincia está entre las de tasa más alta del país. El mismo fin de semana en que atacaron a Talia, Bárbara Aragón fue asesinada en Empalme Graneros. A nivel nacional, una mujer muere por violencia de género cada 33 horas.

Rodenas también apunta contra una coartada cultural: quienes cometen femicidios son, casi siempre, varones conocidos, parejas, exparejas o cercanos a las víctimas. Hombres «comunes», a quienes nadie señalaría en la calle. La figura del monstruo, sostiene, tranquiliza porque ubica la violencia lejos, y por eso mismo desarma.

Qué dicen los territorios

En la Comisión y en los foros provinciales pusieron su voz las asambleas lesbotransfeministas, trabajadoras de la docencia y del Estado, y referentes de comedores barriales. El mensaje fue recurrente: faltan recursos en las localidades, las comisarías tienen deficiencias edilicias básicas y la presencia estatal en una urgencia es escasa o llega tarde.

Otro punto que las organizaciones remarcaron: la primera escucha la sostienen los comedores, las organizaciones y las asesorías barriales. Son esos espacios los que reciben el primer relato y acompañan el primer paso mientras el sistema se pone en marcha, muchas veces con lo que tienen a mano y sin reconocimiento. En el caso de Talia, fue una vecina quien la llevó al hospital.

«El Estado no puede construir su política de protección sobre el esfuerzo silencioso de quienes ya están al límite», plantea Rodenas.

Por qué una emergencia y no solo leyes

La legisladora se anticipa a la objeción: ya existen leyes, protocolos y medidas de protección. Su respuesta es que esas herramientas se activan cuando la violencia ya fue denunciada, y hay violencia que no llega a la denuncia o que llega demasiado tarde.

La Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 obligan al Estado a actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Prevenir aparece primero por una razón: la sanción llega cuando el daño ya ocurrió. La emergencia, sostiene, es lo que permite llegar antes.

Para Rodenas, declararla implica reconocer que la situación exige una respuesta extraordinaria. Y no alcanza con la declaración: las organizaciones pidieron partidas presupuestarias específicas, plazos claros y voluntad política explícita. «Sin presupuesto, es un comunicado. Sin plazos, es una promesa. Sin voluntad política, es un gesto que se archiva», sintetiza.

Lo urgente y lo estructural, cada uno en su carril

En la Comisión se discutió cómo ordenar el trabajo. La conclusión fue tramitar por un lado la emergencia, que da respuesta rápida, presupuesto e instrumentos urgentes; y por otro los sistemas de protección integral, la autonomía económica y las reformas judiciales y laborales, que deben consolidar marcos permanentes a mediano y largo plazo.

Ese segundo carril incluye propuestas que se pusieron sobre la mesa: autonomía económica y acceso a la vivienda como condiciones reales para poder salir de la violencia, la lógica de acompañamiento económico articulado que tuvo el ex programa nacional Acompañar, la articulación con el Poder Judicial para que se cumplan las medidas de protección y la incorporación de la perspectiva de género en los ámbitos de trabajo, en línea con el Convenio 190 de la OIT.

El mapa de proyectos en la Legislatura

Además del proyecto del Interbloque del PJ, la diputada Claudia Balagué presentó otra iniciativa en el mismo sentido. Ambas están en análisis para alcanzar la mejor síntesis posible: una herramienta jurídica que dé lugar a una política pública capaz de anticiparse y prevenir los femicidios.

El oficialismo, en tanto, ingresó por el Senado un proyecto que acaba de obtener media sanción y que propone un modelo de gestión del riesgo. Rodenas reconoce allí herramientas valiosas, pero marca lo que falta: reconocer que se está ante una emergencia. Cita al senador Pirola en la sesión: «¿Por qué es urgente? Porque hay una emergencia. Porque el problema se repite y crece.»

La legisladora compara: el Estado declara emergencias climáticas y agropecuarias cuando el clima compromete la producción, porque entiende que hay situaciones que exigen una respuesta extraordinaria. ¿Por qué no hacerlo, entonces, frente a quienes sufren violencia y cuya vida corre riesgo?

Un dictamen es valioso, admite, porque permite acuerdos, pero es apenas el piso: la discusión debe llegar al recinto y convertirse en decisión de toda la Cámara. A sus colegas de todos los bloques los invita a construirlo juntos.

«Talia no va a volver. Su familia no va a recuperar lo que le arrebataron», cierra Rodenas. Declarar la Emergencia en Violencia de Género no repara lo irreparable, pero puede redefinir un decir y un hacer: establecer un límite y un plan de acción urgente. Esa es, dice, la deuda con ella, con su hijo y con el derecho de todas las mujeres de la provincia a vivir una vida libre de violencia.