Santa Fe debate allanamientos sin orden judicial: qué dice el proyecto que divide a la Legislatura

El paquete de leyes “Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública” desembarcó en la Legislatura santafesina y ya genera ruido. El Poder Ejecutivo quiere modificar normas para ampliar la prevención y la investigación del delito, y el diputado de Unidos Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, salió a defenderlo con una frase fuerte: “Lo que se propone es un cambio de paradigma”.

Para el legislador, la discusión de fondo es otra: “Se propone un cambio de paradigma para comenzar a discutir cómo el Estado empieza a cumplir sus obligaciones para con las víctimas y para con la sociedad”. Según planteó, se trata de responder a problemas concretos con herramientas definidas y controles claros.

El debate en comisiones no es menor: participan representantes de la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Defensa, colegios de abogados y organizaciones civiles.

El punto de partida que mencionó Rosúa

El diputado enlazó la iniciativa con la herencia que recibió la actual gestión. Recordó que Rosario atravesaba “una situación gravísima”, con 290 homicidios en 2022 y 261 en 2023 en el departamento, y 400 muertes violentas en toda la provincia. “Había bandas narcocriminales sembrando terror en las calles”, resumió.

Frente a ese cuadro, el gobierno impulsó una primera tanda de reformas: las leyes de Emergencia en Seguridad e Inteligencia, cambios para intervenir en las cárceles, la ley de Microtráfico y dos modificaciones del Código Procesal Penal. “Todas esas reformas tuvieron la misma discusión que se está dando ahora”, comparó.

Y les atribuyó parte de los resultados: “Tenemos 70 % menos de homicidios en Rosario, la mitad de los delitos en la provincia y se recuperó la paz social”.

Sin embargo, el legislador aclaró que la violencia no desapareció. “El delito no se terminó”, sostuvo, y explicó que las organizaciones criminales se reconfiguran y actúan de forma cada vez más compleja y sofisticada. Por eso, dijo, la Provincia necesita actualizar sus herramientas para anticiparse a esas modalidades.

Qué propone el paquete, punto por punto

El proyecto busca acelerar medidas ante riesgos inmediatos, ampliar la investigación y reforzar la intervención territorial y penitenciaria. Uno de los puntos que más atención concentra es la habilitación de allanamientos sin orden judicial: se podría actuar si se comprueba que una persona lleva armas u otros materiales controlados en la vía pública y hay indicios de que guarda más elementos en su domicilio.

La detección podría surgir de medios fehacientes, incluidos sistemas tecnológicos. Rosúa argumentó que la medida permitiría interrumpir un delito o encontrar lugares de acopio, y que el control judicial posterior implicaría “un reordenamiento temporal” de las garantías.

Otra herramienta es la posibilidad de que la Policía interrogue a sospechosos y a personas presentes en la escena de un delito para reunir información ante un peligro inminente. Si la persona decide no declarar, según explicó Rosúa, se convoca a su abogado defensor.

El texto también incorpora juicios en ausencia para imputados fugados o que no comparezcan pese a haber sido notificados, y permite a los fiscales solicitar decretos penales por infracciones con penas leves y pruebas contundentes. El condenado tendría diez días para oponerse y defenderse.

En el plano territorial, se crearían zonas policiales especiales ante aumentos sostenidos de la criminalidad, con controles de acceso, límites horarios a la circulación y demoras de hasta 24 horas. Además, se habilitarían derribos de búnkeres por orden fiscal en casos excepcionales y allanamientos generales en esas zonas.

Para las cárceles, se prevé un régimen agravado para internos que ordenan delitos desde prisión. El paquete amplía las actividades de inteligencia —incluidos el espionaje digital y el clonado de dispositivos y cuentas— y el programa de recompensas.

También regula excepciones para validar pruebas obtenidas en circunstancias como la buena fe o el estado de necesidad, y medidas coercitivas no privativas de libertad dispuestas por fiscales, sujetas a revisión judicial si hay oposición.

El argumento final del legislador

Para Rosúa, el eje del análisis pasa por “cada problema, la proporcionalidad que presenta, las herramientas para solucionarlo y cuáles son los controles que ponemos en la ley para que se respeten las garantías y los derechos constitucionales”.

Y cerró con una advertencia: “Si las bandas criminales se van haciendo cada vez más sofisticadas y más complejas, desde el Estado debemos tener herramientas con regulación, autorización judicial, totalmente reguladas y blanqueadas en la ley”.