Santa Fe cambió su Constitución hace un año, pero estas leyes clave todavía no existen

Santa Fe tiene nueva Constitución desde hace un año, pero hay derechos que todavía no se pueden ejercer porque faltan leyes de procedimiento. La coparticipación, la educación y el Consejo de la Magistratura siguen esperando.

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Santa Fe cambió su Constitución hace un año, pero estas leyes clave todavía no existen
Santa Fe cambió su Constitución hace un año, pero estas leyes clave todavía no existen

La Legislatura santafesina cumplió un año de trabajo bajo la nueva Constitución provincial, aprobada el 10 de septiembre de 2025 por la Convención Reformadora. En estos doce meses, el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe y la oposición concentraron sus esfuerzos en lo urgente: la ley de municipios, el Código Electoral y el fuero Contencioso Administrativo. Sin embargo, la agenda pendiente sigue siendo extensa y toca temas sensibles para la vida cotidiana de los santafesinos.

El nuevo texto constitucional permitió, entre otras innovaciones, que el período de sesiones ordinarias se abriera antes: el 15 de febrero, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la Asamblea Legislativa por primera vez bajo un calendario que se extiende hasta el 30 de noviembre.

Lo que ya es ley

La norma que el propio oficialismo consideró la más importante de todo el proceso fue la de municipios, que entró en vigencia en abril. Sus once artículos establecen las categorías de los gobiernos locales según la cantidad de habitantes, la composición de los concejos en localidades de más de 10 mil vecinos y cómo se armarán las comisiones comunales. También fija las reglas para las próximas elecciones, las atribuciones de los gobiernos, los organismos de control, las transiciones y la posibilidad de crear regiones.

Esa ley se aplicará a los municipios que no dicten su propia carta orgánica. Quienes decidan redactarla tienen un plazo de dos años para elaborarla y aprobarla. Rosario y Santa Fe ya iniciaron ese camino: ambos intendentes anunciaron que en las próximas elecciones se votarán convencionales para discutir la autonomía.

El segundo gran avance fue el Código Electoral, aprobado el 27 de agosto. Con casi 300 artículos, ordena las normas vigentes y define las reglas de la próxima contienda. Se mantienen las Paso con un piso del 1%, que sube al 4% para las generales. En Diputados ya no habrá mayoría automática: los 50 escaños se repartirán proporcionalmente entre las fuerzas que superen el piso. La boleta única sigue vigente, con cinco papeletas en las Paso y tres en las generales.

Una de las novedades de último momento es que un precandidato a gobernador podrá llevar hasta tres aspirantes a la Vicegobernación, aunque los votos no se acumularán. A partir de 2029, el Tribunal Electoral asumirá el fuero Contencioso Administrativo. También se incorporó la Ficha Limpia como requisito obligatorio para cualquier candidatura.

Lo que falta y genera ruido

El balance a doce meses deja varios debates estructurales sin resolver. La ley de coparticipación provincial, que define recursos y criterios de distribución para municipios y comunas, sigue esperando. También la ley de educación, la reforma al Consejo de la Magistratura y la reglamentación de los mecanismos de participación ciudadana y acciones positivas, derechos que la Constitución reconoce pero que no pueden ejercerse sin una ley de procedimiento.

En el fuero Contencioso Administrativo, Santa Fe aprobó la ley del proceso y creó el Colegio de Jueces, pero resta que Diputados apruebe el procedimiento definitivo: tiene sanción de ambas Cámaras pero con modificaciones. A mediados de julio, el Ejecutivo dictó un decreto para modificar la estructura del Poder Judicial e implementar ese Colegio, en un fuero que hasta ahora solo tenía dos cámaras, una en Santa Fe y otra en Rosario.

El Consejo Asesor de la Magistratura, que debe seleccionar a los jueces que luego propondrá el gobernador con acuerdo de la Asamblea Legislativa, todavía funciona bajo el sistema anterior. Su integración futura genera discrepancias, sobre todo por el representante académico. Mientras tanto, los Ministerios Públicos de la acusación y de la Defensa avanzan en su autonomía: sus autoridades ya juran sin intervención de la Corte y manejan sus propios recursos.

"Nuestra Constitución irá tomando cuerpo con el tiempo y la gente irá incorporando los cambios y los nuevos derechos", sostuvo Pullaro un año atrás, al jurar la nueva Carta Magna. La pregunta que queda flotando es cómo la ciudadanía conoce y exige el cumplimiento de esa ley suprema. El convencional cordobés Antonio María Hernández habla de una "débil cultura constitucional", marcada por el escaso compromiso social con la Carta Magna, la percepción de desigualdad ante la ley y una democracia de baja calidad agravada por la desconfianza en las instituciones.

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