Santa Cruz ya mueve fichas por el régimen penal juvenil: la reunión con Nación y los $1.780 millones que asoman

El Gobierno de Santa Cruz dio un paso concreto en la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil. Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, se avanzó en las gestiones para implementar el Sistema de Registro de Supervisores, una herramienta pensada para ordenar y reforzar el seguimiento de las medidas judiciales que prevé el esquema nacional.

La reunión de trabajo la encabezaron el titular de la cartera provincial, Sebastián Georgion, y la subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Melisa Peralta. Del otro lado de la mesa estuvo el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

En el encuentro se entregaron manuales de uso y especificaciones técnicas para que el sistema pueda empezar a funcionar en el territorio santacruceño, en el marco de la Ley Nacional 27.801.

Qué aporta el registro de supervisores

De acuerdo con la comunicación oficial de la provincia, la herramienta servirá para unificar criterios de trabajo, fortalecer el seguimiento de los casos y mejorar la tarea de los supervisores provinciales que intervienen en el régimen penal juvenil.

La reunión se inscribe en la coordinación entre Nación y Provincia para adecuar las capacidades institucionales a las exigencias del nuevo sistema.

El anuncio, sin embargo, se limita a ese plano técnico y administrativo. No menciona una transferencia de recursos ni un compromiso de financiamiento para construir edificios.

La otra cara: cuánto costaría la infraestructura

La novedad se conoció el mismo día en que este diario publicó un informe sobre las necesidades edilicias para implementar el régimen en Santa Cruz, elaborado a partir de documentación oficial enviada a la Legislatura provincial.

Según ese relevamiento, la estimación para nuevos edificios asciende a $1.780 millones. La cifra corresponde puntualmente a infraestructura edilicia y no debe leerse como el costo total de implementación del régimen ni como una inversión cuya ejecución ya esté confirmada.

El informe permite poner en contexto las gestiones anunciadas: además de las herramientas de registro y seguimiento, la adaptación del sistema exige resolver necesidades materiales.

Dos planos de un mismo proceso

La incorporación del registro de supervisores y la planificación de nuevos espacios forman parte del mismo proceso de implementación, aunque responden a demandas distintas.

Mientras el encuentro con Justicia de la Nación apunta a la organización y el seguimiento de las intervenciones, el informe difundido expone la dimensión de la infraestructura que la provincia estimó necesaria.

Por ahora, la comunicación de Desarrollo Social informa avances en la coordinación técnica, sin precisar cómo se financiarían las obras contempladas en aquella estimación.