Santa Cruz y la emergencia que nadie usó: por qué el Gobierno igual la quiere extender

La discusión por la Emergencia Hidrocarburífera volvió esta semana a la Cámara de Diputados de Santa Cruz con una paradoja que los propios funcionarios admitieron: desde el 1° de enero, la herramienta de excepción no fue utilizada para ninguna decisión administrativa concreta. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en sostenerla.

El proyecto que busca convalidar la prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo hasta el 20 de septiembre no logró ser sancionado en la última sesión y regresó a comisión. Este martes, la Comisión de Legislación General recibió al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y al secretario de Hidrocarburos, Juan Carlos Morales, para que explicaran los motivos.

Una transición que sigue abierta

El argumento central de Álvarez es que la salida de YPF de sus áreas convencionales no puede leerse como un simple cambio de operadora. Después de 81 años de presencia de la compañía, el retiro generó un reacomodamiento productivo, laboral, sindical y empresarial que, según el ministro, todavía está en marcha.

Las antiguas áreas fueron transferidas a Fomicruz y luego licitadas a nuevos operadores. Álvarez sostuvo que esas empresas ya están trabajando, pero estimó que la normalización completa del sector puede demandar entre uno y dos años.

“Son reacomodamientos técnicos, productivos, sociales, sindicales, un montón de cuestiones”, explicó. Y agregó que la Provincia probablemente atraviese “un año, un año y medio, dos años más” hasta que el sector termine de estabilizarse.

La emergencia que no se usó

Durante la exposición apareció el dato que generó la mayor parte de las preguntas de los diputados. Álvarez reconoció que desde el 1° de enero no fue necesario utilizar la emergencia para ninguna decisión administrativa concreta. Las licitaciones de las exáreas de YPF, la adjudicación a nuevos operadores, los controles y las medidas sobre regalías se hicieron con la legislación hidrocarburífera ordinaria.

“No se ha utilizado la ley de emergencia en forma específica para ningún caso”, afirmó. Y más adelante insistió: “Del 1 de enero a la fecha no se ha tomado ninguna decisión administrativa que requiera la excepción de la ley de emergencia”.

El ministro presentó esa situación no como una contradicción sino como una decisión deliberada: el Gobierno prefiere usar primero las normas comunes y reservar la emergencia como último recurso. “Nosotros tratamos de que todas las decisiones administrativas queden enmarcadas en la legislación general, no bajo una ley de excepción”, dijo.

¿Para qué quieren mantenerla entonces?

La respuesta oficial es que la emergencia funciona como una herramienta disponible frente a situaciones que hoy no ocurrieron pero que podrían aparecer durante la transición: una caída abrupta de la actividad, problemas con las inversiones, despidos o la necesidad de acortar plazos administrativos para responder con rapidez.

Álvarez explicó que, si mañana se produjera una situación excepcional que afecte el empleo o la producción, contar con la emergencia permitiría “flexibilizar plazos” y adoptar medidas para sostener la actividad y garantizar el empleo. También mencionó que algunos plazos de la legislación nacional pueden resultar demasiado largos para áreas petroleras maduras y poco atractivas para las empresas.

El argumento del Ministerio es, en definitiva, que no haber necesitado la emergencia hasta ahora no significa que la situación que la originó haya terminado.

Las objeciones de la oposición

Ese punto fue el que cuestionó el diputado Pedro Muñoz (CC-ARI). El legislador recordó que la prórroga del decreto venció el 20 de septiembre y preguntó qué debe convalidar ahora la Cámara si el propio Ejecutivo sostiene que no realizó actos administrativos amparados específicamente por la emergencia.

Su planteo fue que, si durante ese período no hubo medidas que necesiten respaldo retroactivo y el Gobierno considera que la emergencia sigue siendo necesaria hacia adelante, quizá corresponda discutir una nueva extensión en lugar de ratificar el período ya terminado. “Si no hay ninguna acción y es necesario continuar con una herramienta, habría que pensar en otra ley o en otra continuidad de la emergencia”, planteó.

Los cuestionamientos también incluyeron la falta de funcionamiento de la comisión legislativa de seguimiento contemplada originalmente por la ley. A pesar de esas objeciones, el proyecto obtuvo despacho favorable por mayoría en Legislación General. Muñoz y Rocío García (UPP) se abstuvieron.

El Gobierno quiere sostenerla hacia adelante

Álvarez no solo defendió la convalidación del período anterior. También anticipó que el Ejecutivo pretende mantener la emergencia durante más tiempo. “Sí vamos a solicitar que esto se prorrogue por un año más”, afirmó.

Eso abre dos discusiones diferentes. Una es la convalidación legislativa del decreto que extendió la emergencia desde enero hasta el 20 de septiembre. La otra es qué ocurrirá desde ahora en adelante y bajo qué instrumento legal continuará el régimen excepcional que pretende el Gobierno.

Producción estabilizada, empleo sin recuperar

Los funcionarios usaron la evolución reciente de la actividad para explicar por qué consideran que la transición continúa abierta. Álvarez afirmó que la producción de las antiguas áreas de YPF venía cayendo desde 2017 y que en los últimos meses comenzó a estabilizarse entre 4.700 y 5.000 metros cúbicos, con la expectativa de sostener valores similares o algo superiores.

Una de las herramientas elegidas fue reducir las regalías en tres puntos durante un año, a cambio de que las operadoras incorporen equipos y aumenten la actividad. La Ley 3914 ya había previsto incentivos fiscales y reducción de regalías para áreas maduras condicionados al mantenimiento e incremento de la actividad y el empleo.

Los funcionarios explicaron que existen más de 4.000 pozos que quedaron fuera de producción y que muchos podrían volver a operar mediante tareas de mantenimiento conocidas en el sector como pulling y workover.

Sin embargo, Álvarez hizo una aclaración importante: “No vamos a decir que hay más empleo, decimos que estamos estabilizando el empleo”. Y agregó que actualmente existe “más producción con la misma cantidad o menor cantidad de operarios en yacimiento”. Es decir, según la propia descripción oficial, la mejora productiva todavía no se tradujo en una recuperación equivalente del empleo.

Sin despidos para quienes recibieron el beneficio

En ese contexto, el ministro dio a conocer una medida adoptada recientemente. La semana pasada, afirmó, el Ministerio dictó una resolución que prohíbe los despidos injustificados por parte de aquellas empresas que recibieron el beneficio de reducción de regalías.

“Emitimos una resolución del Ministerio en la cual prohibimos cualquier tipo de despido en forma injustificada a aquellos actores que hayan recibido la baja de regalías”, señaló. La decisión busca vincular de manera directa el beneficio concedido por la Provincia con una obligación de sostener los puestos de trabajo.

La discusión legislativa continuará ahora con una cuestión de fondo: si la transición posterior a YPF justifica mantener un régimen excepcional aun cuando hasta el momento el Gobierno pudo gestionar todas sus decisiones mediante las leyes ordinarias. Esa será una de las claves que deberán resolver los diputados antes de definir hasta cuándo seguirá vigente la Emergencia Hidrocarburífera en Santa Cruz.