Santa Cruz: quieren que un médico llegue a las estancias al menos tres veces por año

El diputado provincial Carlos Alegría presentó un proyecto de ley para que los equipos de salud visiten cada establecimiento rural un mínimo de tres veces anuales y rindan cuentas ante la Legislatura. La iniciativa busca dar respaldo legal a un programa que ya existe desde 2023 y que hasta ahora funciona por decreto.

Vivir en una estancia en Santa Cruz implica, muchas veces, recorrer largos caminos rurales para llegar al hospital más cercano. Las distancias, el clima y el estado de los caminos complican el acceso a controles médicos básicos. En ese contexto, el diputado Carlos Alegría presentó un proyecto de ley que apunta a garantizar la atención sanitaria en esos establecimientos.

La propuesta, registrada bajo el número 762/2026, ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de octubre y tomó estado parlamentario en la sesión del jueves 22.

Qué atención recibirían los pobladores rurales

El texto establece que los equipos interdisciplinarios de salud deberán planificar y concretar un mínimo de tres visitas domiciliarias por año a cada establecimiento rural incluido en el relevamiento provincial. Durante esas recorridas se podrán hacer controles generales, seguimiento de embarazos, vacunación, atención de niños y adolescentes, detección de enfermedades crónicas y evaluaciones de salud bucal, visual y mental.

También se contemplan acciones preventivas para enfermedades propias del ámbito rural, como la hidatidosis y la triquinosis. El proyecto prioriza a personas gestantes, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas o tienen mayores dificultades para acceder a centros asistenciales.

Las tres visitas anuales funcionarían como piso y no como techo: podrían programarse recorridos adicionales si la situación sanitaria lo requiere. Si una visita no se puede realizar por nevadas, problemas en los caminos u otras circunstancias justificadas, deberá reprogramarse y preverse una alternativa para no interrumpir la atención.

Llegar a toda la población rural en dos años

Otro de los ejes es la identificación de las personas que viven o trabajan en estancias, puestos y campamentos rurales. Para eso se propone mantener un registro territorial y un sistema de cartografía digital que permita localizar los establecimientos, organizar los recorridos y vincular a cada persona con un centro de salud de referencia.

Si la ley se aprueba, el Ministerio de Salud tendría 90 días para elaborar un diagnóstico inicial y un plan de implementación. A partir de ese plan, debería alcanzar al menos al 70% de la población rural identificada en los primeros 12 meses y al 100% dentro de los 24 meses.

El proyecto aclara que una persona será considerada alcanzada cuando exista constancia de contacto sanitario efectivo, evaluación inicial y vinculación con el establecimiento de referencia. Eso no implica que todas sus necesidades médicas queden resueltas.

La diferencia con el programa que ya existe

Santa Cruz cuenta con un Programa de Salud Rural aprobado por el Decreto 94/2023, que ya contempla equipos sanitarios territoriales, relevamientos de población y visitas domiciliarias. Esa normativa incluso fijaba como objetivos las tres visitas anuales y la cobertura progresiva del 70% y el 100% de la población rural.

La diferencia que introduce Alegría es que esos compromisos pasen a una ley provincial, con mayores exigencias de planificación, registro de actividades y rendición de cuentas. La iniciativa no afirma que el programa actual esté suspendido ni que haya dejado de funcionar; busca herramientas para evaluar sus resultados y asegurar su continuidad más allá de los cambios de gestión.

Control legislativo: informe anual ante Diputados

Una de las novedades más relevantes es la obligación de que el Ministerio de Salud presente un informe anual ante la Cámara de Diputados dentro de los primeros 90 días de cada año. Ese documento deberá detallar cuántas personas fueron atendidas, qué establecimientos rurales recibieron visitas, cuántos recorridos se hicieron y cuáles quedaron pendientes.

También tendrá que informar las derivaciones médicas, el personal disponible, los vehículos utilizados, los recursos económicos ejecutados y las dificultades que impidieron cumplir las metas. Así, la Legislatura contaría con información para evaluar el funcionamiento del programa en las distintas regiones de Santa Cruz.

Compensaciones para los equipos de salud

El proyecto mantiene el sistema de compensaciones para el personal sanitario que participa en los recorridos rurales: el Módulo Unidad Asistencial Primaria Rural (UAPRU), cuyo valor de referencia equivale al precio de 100 litros de nafta súper en estaciones YPF de Río Gallegos.

La escala contempla cuatro módulos por jornada para médicos generalistas, tres para profesionales no médicos, dos para agentes sanitarios y técnicos especializados, y uno para conductores o auxiliares de traslado. Este mecanismo ya tiene antecedentes en el decreto de 2023; la propuesta legislativa busca consolidar su regulación, establecer actualizaciones semestrales del valor de referencia y reforzar los controles para evitar pagos duplicados.

Alcance provincial y próximo debate

El alcance previsto es provincial y comprende a quienes residan, trabajen o permanezcan habitualmente en establecimientos rurales, sin importar su nacionalidad, situación laboral o cobertura médica. La iniciativa plantea que la falta de documentación o de inscripción previa en registros sanitarios no impida una evaluación inicial de las necesidades de salud.

En una provincia donde las distancias entre estancias, puestos sanitarios y hospitales pueden ser considerables, la continuidad de los recorridos médicos resulta clave para la prevención de enfermedades y el seguimiento de tratamientos. El proyecto deberá pasar por el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley. Si obtiene aprobación, Santa Cruz contaría con un marco legal específico para sostener la atención sanitaria rural, con obligaciones de cobertura, presupuesto y mecanismos de seguimiento para evaluar si la asistencia llega a quienes viven lejos de los centros urbanos.