Santa Cruz puso número a la baja de imputabilidad: cuánto costarían los cuatro edificios
La Provincia envió a la Legislatura un informe con el costo de los cuatro dispositivos que exige el nuevo régimen penal juvenil. Dos centros y dos casas de convivencia, con precios por edificio y una aclaración que cambia el alcance de la cifra.
La reforma penal juvenil ya tiene precio en Santa Cruz. Según un informe que la Provincia envió a la Legislatura, hacen falta $1.780 millones solo para levantar los cuatro dispositivos de atención y alojamiento que exige el nuevo régimen para adolescentes desde los 14 años.
El cálculo está en documentación de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, elevada a la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de informes.
Qué incluye la cifra
El desglose contempla dos centros de admisión y derivación, presupuestados en unos $640 millones por edificio, y dos casas de convivencia, estimadas en $250 millones cada una.
El monto cubre exclusivamente esas construcciones. El informe también señala necesidades de personal y de funcionamiento, que no están incluidas en esa suma.
Hay un dato que conviene subrayar: se trata de estimaciones de infraestructura. No son obras adjudicadas ni acreditan que el financiamiento esté asegurado.
Por qué la ley exige espacios nuevos
La Ley Nacional 27.801 creó un régimen para adolescentes de 14 a 17 años imputados por delitos. Para aplicarlo hacen falta dispositivos especializados y equipos capacitados.
Cuando se dispone una privación de libertad, la norma exige espacios adecuados y prohíbe alojar a los adolescentes junto a personas adultas detenidas. Además, contempla asistencia sanitaria, educación y formación laboral.
El sistema también prevé medidas alternativas al encierro y seguimiento profesional. Por eso la implementación no se limita a los lugares de alojamiento: requiere equipos capaces de intervenir y acompañar cada caso.
El alcance real del número
La respuesta provincial traduce esas exigencias en partidas presupuestarias concretas. Pero el dato central es otro: los $1.780 millones corresponden a los cuatro edificios, no al costo total de poner en marcha el régimen.
La discusión por la baja de la edad de imputabilidad suma así una pregunta decisiva para Santa Cruz: de dónde saldrán los fondos para financiar la infraestructura y sostener los equipos que su aplicación demanda.
