Santa Cruz: por cada $1.000 que la Caja debía cobrar de los municipios, entraron $1,41

La Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz atravesó el primer cuatrimestre de 2025 con una brecha financiera que, vista en números, resulta difícil de dimensionar: contabilizó $26.762 millones en aportes municipales, pero a sus cuentas ingresaron apenas $37,7 millones. Es decir, el 0,14% de lo que debía percibir.

La comparación surge del informe financiero oficial que el propio organismo publica en su sección de Transparencia. El trabajo periodístico sobre esos documentos permite reconstruir uno de los problemas estructurales del sistema jubilatorio santacruceño.

La diferencia entre lo registrado y lo efectivamente cobrado llegó a $26.724.758.405,95 en solo cuatro meses. Traducido a una escala más simple: por cada $1.000 contabilizados en concepto de aportes municipales, ingresaron cerca de $1,41.

Qué dicen los números oficiales de la Caja

El informe de ingresos y erogaciones acumulados hasta abril de 2025 plantea dos escenarios bien distintos. El primero contempla los aportes y contribuciones municipales que fueron contabilizados para el sistema previsional; el segundo refleja lo que realmente entró a las arcas del organismo.

En el renglón del régimen municipal la distancia es enorme: $26.762 millones frente a $37,7 millones de ingresos efectivos.

La propia Caja reconoció en el documento que la falta de transferencia de aportes personales y contribuciones patronales agravó el déficit previsional, que debió cubrirse con recursos del Tesoro Provincial.

El informe expone dos niveles de déficit anualizado para ese período: 26,41% si se consideran todos los aportes contabilizados y 47,95% cuando se miran únicamente los ingresos registrados. La diferencia mide el peso que tiene el incumplimiento municipal sobre el financiamiento del sistema.

La deuda acumulada y el fallo que destrabó una herramienta clave

El dato de 2025 se vuelve más relevante al contrastarlo con información posterior del propio organismo. El 13 de julio de 2026, la Caja informó que los municipios y comisiones de fomento acumulaban una deuda de $200.621.920.045.

Esa cifra implicaba un aumento de $89.395 millones respecto de la referencia usada el año anterior, equivalente a un 80,4% nominal. Se trata de obligaciones acumuladas por aportes personales y contribuciones patronales, un saldo histórico que no debe confundirse con la diferencia registrada durante los primeros cuatro meses de 2025.

La Ley Provincial 1782 obliga a los gobiernos municipales a depositar los aportes descontados de los salarios y las contribuciones correspondientes dentro de los primeros siete días corridos de cada mes. Su artículo 22 prevé, además, un mecanismo de retención de recursos ante incumplimientos, a pedido de la Caja.

El 7 de julio de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz revocó una medida cautelar que impedía aplicar ese mecanismo sobre fondos de la Municipalidad de Río Gallegos. La resolución eliminó la prohibición, aunque por sí sola no demuestra que después se hayan concretado retenciones ni permite saber cuánto dinero pudo recuperarse.

El entonces presidente de la CPS, Pablo Pérez, informó el 20 de julio que los municipios de Río Gallegos y Caleta Olivia concentraban buena parte del déficit de aportes municipales, estimado en ese momento en unos $7.000 millones mensuales. No difundió, sin embargo, un ranking actualizado de la deuda histórica discriminada por localidad.

Cuánto dinero reciben los municipios y qué falta conocer

Según datos del Ministerio de Economía de Santa Cruz, en septiembre de 2026 la coparticipación para municipios y comisiones de fomento totalizó $24.665 millones. De ese total, Río Gallegos registró $7.125 millones y Caleta Olivia $3.524 millones, de acuerdo con las planillas oficiales.

Esas cifras muestran cómo se distribuyen los recursos coparticipables, pero no establecen qué porcentaje se destinó al pago de obligaciones previsionales ni si hubo descuentos efectivos vinculados con la deuda.

Tampoco fue posible encontrar en los registros públicos consultados un balance posterior al fallo judicial que detalle cuánto recuperó la Caja entre julio y septiembre de 2026. Sin esos datos, no se puede determinar si los acuerdos anunciados con los intendentes se tradujeron en transferencias efectivas, qué municipios empezaron a regularizar sus obligaciones y cuáles siguen acumulando deuda.

Dheisy Canton asumió la presidencia de la Caja el 1 de octubre y quedó al frente de un organismo que debe sostener el pago de jubilaciones y pensiones en medio de esta discusión financiera. En una entrevista con Radio Nuevo Día el 2 de octubre, la funcionaria planteó la continuidad del trabajo institucional y del diálogo con el Gobierno provincial y los municipios para abordar la situación económica.

La información pendiente incluye el saldo actualizado por municipio, los pagos posteriores al fallo, las eventuales retenciones de coparticipación, los convenios firmados y la separación entre aportes personales y contribuciones patronales. Conocer esos números permitiría establecer si el sistema comenzó a recuperar fondos o si persiste el desfinanciamiento que muestran los informes oficiales.

El problema excede la disputa entre el Gobierno provincial y los intendentes: afecta los recursos destinados a sostener el sistema jubilatorio de miles de trabajadores y pasivos de Santa Cruz.