Santa Cruz no tiene un solo menor preso y Vidal quiere gastar $1.780 millones en cárceles para ellos

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, planea desembolsar $1.780 millones para levantar cuatro dispositivos de detención para niños y adolescentes, en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsaron Javier Milei y Patricia Bullrich. El dato que complica la jugada: según pudo saber El Destape, en el distrito no hay ningún menor de 18 años encarcelado por causas penales. "Santa Cruz no tiene estadísticas de menores de 18 años encarcelados por causas penales, no existen", señalaron.

La iniciativa reabre el debate sobre las prioridades de una gestión alineada con la Casa Rosada, que apuesta a la infraestructura del sistema punitivo mientras siguen los reclamos por las condiciones sociales y educativas de la provincia. El cura y diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina, salió a cruzar el proyecto y advirtió que hay urgencias que deberían estar en el centro de la agenda.

Qué incluye el presupuesto

El detalle surge de un informe de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia enviado a la Cámara de Diputados. El plan contempla dos centros de admisión y derivación, a unos $640 millones por edificio, y dos casas de convivencia, calculadas en $250 millones cada una.

Ese monto cubre únicamente las construcciones. No incluye el costo total de poner el sistema en marcha, que además exige personal especializado y recursos para el funcionamiento diario.

"No tenemos una población que necesite semejante infraestructura"

Molina fue directo al cuestionar la capacidad financiera de la provincia y la necesidad real de las obras. "La provincia no tiene ninguna capacidad de invertir ese monto en construir cárceles para menores de edad. La realidad de Santa Cruz no amerita que construyamos cárceles para menores. No tenemos una población que necesite semejante infraestructura", sostuvo.

Para el legislador, esa plata debería ir a problemas que golpean a la población todos los días. Describió escuelas públicas que reciben agua sucia del servicio y no tienen calefacción suficiente para dictar clases con normalidad: "Hay establecimientos donde se intercalan los días de clases porque hace frío".

También apuntó al estado de las rutas provinciales y al empleo. Según indicó, Río Gallegos registra una desocupación del 10%, mientras el cierre de pequeñas y medianas empresas recorta oportunidades para jóvenes y adultos.

"No creo que esta inversión sea una necesidad para la provincia. El Gobierno pidió un endeudamiento de 600 millones de dólares que llevó a la Cámara de Diputados y se lo negaron. Después intentó impulsar un plan habitacional y también se lo rechazaron", agregó.

El alineamiento con Milei, en la mira

Molina ató la discusión presupuestaria a la relación política entre Vidal y la administración de Javier Milei. Para el diputado, esa cercanía condiciona el voto de los legisladores oficialistas frente a las iniciativas que baja Nación.

"El gobierno de Claudio Vidal es abiertamente mileísta, está absolutamente alineado. Sería imposible que sus diputados votaran en contra de una propuesta de Milei, con la excusa de que así llegan recursos a la provincia que no llegan por otro lado", expresó.

En la misma línea, apuntó contra los representantes de La Libertad Avanza y pidió concentrar el debate en las necesidades sociales y económicas de Santa Cruz. "Además, tenemos otro diputado que pertenece a La Libertad Avanza. Esa postura está alineada: todo lo que proponga el Gobierno nacional lo van a votar, sea bueno, malo o feo", señaló.

El legislador también consideró insuficientes las medidas de la gestión provincial frente a los problemas estructurales de las familias. "El Gobierno provincial salió a repartir zapatillas como si fuera un plan educativo, pero tenemos otras necesidades. Hoy Santa Cruz es una provincia empobrecida, con un 10% de deserción escolar, una cifra enorme que la ubica entre los primeros seis o siete lugares a nivel nacional", afirmó.

Y vinculó la falta de oportunidades con la inclusión de los adolescentes: "si los jóvenes no están contenidos por la escuela, el deporte, el trabajo y las oportunidades, tanto ellos como sus familias quedan desprotegidos".

"Eso puede convertirse en un caldo de cultivo para que aparezcan problemas vinculados con la delincuencia", sostuvo, y cerró: "Me parece que ahí es donde hay que invertir esos 1.700 o 1.780 millones de pesos: en educación, trabajo y oportunidades para la población".

Qué exige la nueva ley

La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años quedó oficializada en todo el país con la sanción y promulgación de la Ley Nacional 27.801 a comienzos de 2026, que entró en vigencia plena el 5 de septiembre de ese año. La norma crea un régimen penal para adolescentes de entre 14 y 17 años imputados por delitos.

Su implementación no se agota en la infraestructura: requiere dispositivos especializados, equipos profesionales capacitados y recursos económicos para el día a día. Además de prever medidas alternativas al encierro, asistencia sanitaria, educación y formación laboral, la ley exige que, cuando se disponga la privación de libertad, haya espacios adecuados que eviten el alojamiento de menores junto a adultos detenidos.

En Santa Cruz, la respuesta oficial a un pedido de informes dejó al descubierto esa brecha: los $1.780 millones estimados cubren solo la edificación de los cuatro establecimientos y no representan el costo total de sostener la atención especializada ni el personal del régimen.