Santa Cruz no prorroga la emergencia petrolera: el argumento de Álvarez que incomoda en la Legislatura
¿Por qué el Ejecutivo santacruceño quiere archivar la prórroga de la emergencia hidrocarburífera y qué advirtió el ministro sobre el empleo si se interrumpen las operaciones?
El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, defendió este jueves ante la Cámara de Diputados la decisión del Poder Ejecutivo de archivar el proyecto que buscaba extender la Emergencia Hidrocarburífera. Su planteo central: la Provincia pudo ordenar la salida de YPF de las áreas convencionales con las reglas que ya tenía, sin echar mano a facultades extraordinarias.
"Esta gestión trabajó con responsabilidad las herramientas con las que se la dotó, y no fue necesario utilizar medidas excepcionales", sostuvo el funcionario durante una nueva sesión ordinaria de la Legislatura.
Según explicó, la determinación se apoya en el trabajo desplegado para reorganizar la transición de las áreas que operaba YPF, facilitar el traspaso a nuevos operadores y recomponer la actividad productiva. Con ese escenario sobre la mesa, consideró que sostener el instrumento excepcional cuya prórroga se discutía ya no tenía sentido.
La advertencia por el empleo que sobrevoló la sesión
Álvarez apuntó contra los legisladores que impulsaron el rechazo a las herramientas del régimen de emergencia sin medir, a su juicio, el efecto que esa postura podría tener sobre la continuidad de las operaciones y las fuentes de trabajo.
Puso como caso testigo a las áreas envueltas en procesos judiciales: si sus actividades se interrumpieran, podrían necesitar nuevos procedimientos de adjudicación. Esos trámites, alertó, podrían demorar meses y golpear de lleno a los trabajadores y a sus familias.
Para el ministro, las decisiones que toma la Legislatura deben prever los escenarios que pueden aparecer en una actividad clave para la economía provincial y garantizar mecanismos de respuesta frente a situaciones excepcionales.
Convencional y no convencional: la hoja de ruta energética
En su exposición, Álvarez repasó los ejes de la política hidrocarburífera santacruceña: sostener la producción de los yacimientos convencionales maduros y avanzar sobre los recursos no convencionales de Palermo Aike, D-129 y Neocomiano.
"El convencional maduro como un presente y el no convencional como un futuro para la provincia", resumió.
Respecto de la transición de las áreas que manejaba YPF, destacó la incorporación de equipos y el arranque de nuevas perforaciones. Entre los trabajos en marcha mencionó los previstos en Koluel Kayke, con una inversión que supera los 7 millones de dólares.
Recuperar la actividad, planteó, exige sostener lo que ya está en funcionamiento, alentar nuevas inversiones y crear condiciones para ampliar las perspectivas de desarrollo energético de Santa Cruz.
Proveedores locales: la apuesta a que la renta quede en la provincia
Otro de los puntos que subrayó fue la necesidad de fortalecer a las empresas y prestadores de servicios radicados en territorio santacruceño, para que las inversiones del sector tengan un impacto mayor en la economía local.
"Nosotros estamos trabajando para que haya proveedores de insumos y prestadores de servicios santacruceños. Porque esos proveedores viven en Santa Cruz, dejan sus ingresos en Santa Cruz y tienen empleados santacruceños", afirmó.
En esa línea, remarcó que la recuperación de la actividad no se mide solo por la cantidad de equipos en operación, sino también por las oportunidades que genera para los trabajadores, las empresas locales y las comunidades ligadas a los yacimientos.
Pasivos ambientales: quién se hace cargo
Sobre el cierre, el ministro abordó los pasivos ambientales acumulados tras décadas de explotación hidrocarburífera y sostuvo que hay que identificar responsabilidades y exigir el cumplimiento de las obligaciones.
"Acá hay pasivos que tienen 5, 10, 15, 20, 25 años, y acá hay responsables institucionales que tienen que hacerse cargo", expresó.
Con esos argumentos, Álvarez respaldó la estrategia del Gobierno provincial para administrar la transición de las áreas petroleras, sostener la producción, cuidar las fuentes laborales e impulsar una nueva etapa de desarrollo energético con más participación de empresas y trabajadores de Santa Cruz.