Santa Cruz: la oposición quiere frenar la deuda en dólares y propone otro camino
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Santa Cruz: la oposición quiere frenar la deuda en dólares y propone otro camino

La diputada Agostina Mora Doldán cuestionó el endeudamiento en dólares que impulsa el Ejecutivo y presentó alternativas: nueva coparticipación con regalías mineras, límites al crédito en divisas y reclamos de fondos nacionales. ¿Qué dice sobre los USD 600 millones?

La diputada provincial Agostina Mora Doldán, de Unión por la Patria, cuestionó el rumbo financiero del Gobierno de Santa Cruz y presentó una batería de alternativas al endeudamiento en moneda extranjera que impulsa el Ejecutivo. En diálogo con Radio Nuevo Día, la legisladora sostuvo que la provincia debe resolver primero sus problemas estructurales de coparticipación y administración antes de asumir compromisos en dólares.

El proyecto oficialista que busca tomar deuda por USD 600 millones

El Ejecutivo provincial presentó en mayo un proyecto que pide autorización para realizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares. El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes, explicó que la iniciativa apunta a financiar obras de infraestructura, mejorar el perfil financiero de Santa Cruz y generar condiciones para nuevas inversiones productivas.

Desde el Gobierno argumentan que la provincia atraviesa una reducción de sus ingresos y necesita herramientas de financiamiento de largo plazo. En mayo, el secretario de Hacienda, Ernesto Coloe, había señalado que el Presupuesto 2026 ya contemplaba un déficit superior a los 356.000 millones de pesos.

La administración provincial también expuso las condiciones que busca: una tasa del 4% anual en dólares y cuatro años de gracia. Sin embargo, esas características todavía no conforman un acuerdo de financiamiento cerrado.

Mora Doldán advirtió que contraer obligaciones en dólares implica un riesgo cambiario considerable, ya que buena parte de los ingresos provinciales se perciben en pesos. La diputada estimó que la variación del tipo de cambio desde mayo podría representar una diferencia de aproximadamente 93.000 millones de pesos en un escenario de endeudamiento equivalente. Se trata de un cálculo expuesto por la legisladora, no de una pérdida efectivamente registrada por una deuda nueva.

Durante la entrevista, calificó la situación económica como una crisis "autoinfligida" y sostuvo que el Gobierno no presentó suficientes alternativas para resolverla.

El proyecto opositor para limitar el endeudamiento en moneda extranjera

La legisladora recordó que su bloque presentó un proyecto para establecer restricciones al endeudamiento provincial en divisas. La iniciativa, registrada bajo el número 249/2026 el 13 de mayo, propone que las obligaciones financieras públicas se contraigan como regla general en moneda nacional. También contempla restricciones a las operaciones vinculadas con la cotización del dólar y al sometimiento de controversias a tribunales extranjeros.

El texto no establece una prohibición absoluta: prevé excepciones para proyectos estratégicos financiados por organismos multilaterales, bancos públicos de desarrollo u otras entidades oficiales, siempre bajo requisitos especiales de autorización y control. Entre las condiciones figuran la identificación de las obras, los estudios de sostenibilidad financiera y la aprobación legislativa por una mayoría agravada.

De esta manera, la discusión no se limita a estar a favor o en contra del crédito público. También enfrenta posiciones sobre la moneda, los acreedores, el destino de los fondos y los controles que debería exigir la Legislatura.

La cancelación anticipada de deuda y el cuestionamiento por $2.340 millones

Mora Doldán repasó decisiones financieras de la administración de Vidal desde diciembre de 2023. Cuestionó particularmente la cancelación anticipada de una deuda con el Gobierno nacional. Según su interpretación, esa decisión redujo la liquidez disponible para la provincia, al utilizar dinero que todavía podía permanecer invertido hasta el vencimiento de la obligación.

En ese sentido, estimó que mantener esos recursos en una inversión conservadora podría haber generado aproximadamente 2.340 millones de pesos adicionales. Ese monto corresponde a una estimación de rendimiento financiero alternativo planteada por la legisladora. No representa una pérdida contable comprobada ni permite, por sí solo, evaluar el resultado completo de la cancelación de deuda, que también debe considerar los intereses y otros costos evitados.

Para Mora, el problema de fondo es cómo se administraron los recursos extraordinarios recibidos por la provincia desde el comienzo de la actual gestión.

Municipios, coparticipación y Caja de Previsión: las alternativas que propone

La situación de Río Turbio y 28 de Noviembre ocupó otro tramo central de la conversación. En las últimas semanas, el intendente de Río Turbio, Darío Menna, reclamó asistencia financiera provincial para afrontar la situación económica del municipio, en medio de un conflicto salarial y las dificultades para reunir los fondos necesarios para el funcionamiento municipal.

El pedido fue abordado en la Legislatura, donde surgieron diferencias entre diputados oficialistas y opositores acerca de la responsabilidad de cada administración local y las condiciones para otorgar adelantos de coparticipación. Durante la entrevista se recordó que la diputada oficialista Fabiola Loreiro había planteado reparos sobre la devolución futura de esos adelantos.

Mora rechazó ese argumento y respondió que el problema debe analizarse a partir de las necesidades actuales de los trabajadores municipales. Sostuvo que municipios de diferentes signos políticos requieren asistencia y cuestionó lo que considera criterios discrecionales del Ejecutivo para distribuir los recursos.

También mencionó que la situación no afecta únicamente al pago de los salarios. Según explicó, cuando los municipios enfrentan dificultades financieras, también pueden acumular obligaciones pendientes vinculadas con los aportes y contribuciones a los organismos provinciales de seguridad social.

La nueva coparticipación incluiría regalías mineras

Como alternativa estructural, Mora Doldán defendió el proyecto de nuevo Régimen de Coparticipación Provincial presentado el 7 de octubre de 2026. La iniciativa, registrada bajo el número 737/2026 y firmada por Agostina Mora Doldán, José Bodlovic, Eloy Echazú y Carlos Godoy, establece una nueva distribución automática de recursos entre la Provincia y sus municipios y comisiones de fomento.

Entre sus aspectos principales se encuentra la incorporación de las regalías mineras a la masa de recursos coparticipables, junto con los fondos provenientes de impuestos nacionales, Ingresos Brutos, Sellos, juegos de azar y regalías de gas y petróleo.

El proyecto propone una distribución primaria del 81% para el Gobierno provincial y del 19% para el conjunto de municipios y comisiones de fomento. También establece un nuevo esquema para distribuir el dinero entre las localidades, utilizando criterios vinculados con la población y mecanismos de compensación territorial.

Un aspecto importante es que el proyecto prevé que el nuevo sistema comience a aplicarse el 1 de enero de 2027, siempre que la iniciativa sea aprobada y entre en vigencia.

En los fundamentos del texto, sus autores estimaron que durante 2025 el déficit consolidado de los veinte municipios y comisiones de fomento alcanzó los 21.193 millones de pesos. Esa cifra forma parte del diagnóstico presentado por el bloque opositor.

Qué propone para la Caja de Previsión Social

El régimen planteado por Mora y otros legisladores también aborda la relación financiera de los municipios con la Caja de Previsión Social (CPS), la Caja de Servicios Sociales (CSS) y el Instituto de Seguros de la Provincia (ISPRO).

El proyecto contempla mecanismos de retención de aportes y contribuciones sobre los recursos coparticipables, con el objetivo de que las obligaciones de la seguridad social sean transferidas de manera regular. Además, incluye un sistema de regularización de obligaciones anteriores, con diferencias entre contribuciones patronales y aportes personales, junto con un régimen de información y control.

La iniciativa prevé un mecanismo de garantía financiera condicionado a determinados gastos salariales y al cumplimiento de requisitos fiscales por parte de los municipios. También propone un portal público donde cada trabajador pueda consultar si su empleador realizó los aportes y contribuciones correspondientes.

Según sus fundamentos, el objetivo es afrontar dos problemas relacionados: los municipios que dependen de asistencias extraordinarias para pagar sus obligaciones y los organismos previsionales que no reciben regularmente los recursos que les corresponden.

Los fondos nacionales que la diputada reclama

Mora Doldán también cuestionó la posición del Gobierno provincial frente a distintos reclamos financieros contra la Nación. Durante la entrevista mencionó recursos vinculados con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), inversiones de capital y transferencias destinadas a las cajas previsionales provinciales no transferidas al sistema nacional.

La legisladora señaló cifras de aproximadamente 62.000 millones de pesos vinculados con el incentivo docente, 100.000 millones relacionados con inversiones de capital y otros 70.000 millones correspondientes a transferencias previsionales. Estos montos fueron expuestos por la diputada y requieren una comprobación documental específica para establecer su origen, período, exigibilidad y situación administrativa.

Según Mora, la Provincia debería profundizar sus reclamos ante el Estado nacional antes de recurrir a nuevas operaciones de financiamiento. También sostuvo que determinadas decisiones de la gestión provincial habrían significado la resignación de reclamos judiciales o administrativos, aunque durante la entrevista no se exhibieron los documentos necesarios para establecer el alcance económico de esas decisiones.

YPF, Santa Cruz Puede y los gastos provinciales

Otro cuestionamiento estuvo relacionado con la exención del Impuesto de Sellos a YPF. Mora mencionó una cifra de 7.200 millones de pesos y argumentó que las decisiones tributarias provinciales también impactan sobre los ingresos de los municipios, debido al carácter coparticipable de determinados impuestos.

Asimismo, criticó la asignación de 6.000 millones de pesos que vinculó con la empresa estatal Santa Cruz Puede y cuestionó las prioridades de gasto del Ejecutivo en un contexto de dificultades económicas. Ambas cifras corresponden a afirmaciones realizadas durante la entrevista y necesitan contrastarse con los expedientes, presupuestos y actos administrativos respectivos antes de considerarse montos definitivamente acreditados.

La diputada también mencionó el programa Santa Cruz Abraza, desarrollado durante la gestión anterior, como ejemplo de una línea provincial de asistencia que, según su postura, permitía financiar políticas locales de acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia por razones de género.

En su análisis, la pérdida de mecanismos estables de financiamiento aumenta la dependencia municipal de las decisiones del Gobierno provincial.

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