Santa Cruz endurece las reglas para el cierre de minas: ¿qué exige la nueva disposición?

El Gobierno de Santa Cruz avanza con mano firme en la política de cierre de minas. A través de la Disposición N° 153/2026, se incorporan herramientas de participación ciudadana, transparencia y sostenibilidad que cambiarán la forma en que los proyectos mineros planifican su fin.

¿Qué dice la nueva normativa?

La Ley Provincial N° 3751 ya establecía un marco integral para el cierre de minas. Ahora, la nueva disposición la profundiza con exigencias concretas: monitoreos ambientales participativos, criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), medición de huellas ambientales y medidas de mitigación climática. También se adoptan estándares globales para la gestión de relaves y se refuerza el acceso público a la información.

Monitoreos con participación ciudadana

Uno de los puntos clave es la obligatoriedad de realizar monitoreos ambientales participativos al menos una vez al año. Estos deben incluir a trabajadores, representantes de comunidades y la Autoridad Minera. Se controlarán variables como recursos hídricos superficiales y subterráneos, y podrán ampliarse a flora, fauna y otros indicadores según los riesgos de cada proyecto. Los resultados serán de acceso público.

Indicadores de sostenibilidad

La disposición también incorpora indicadores de huella hídrica, huella de carbono, economía circular, gestión de residuos, género, derechos humanos y gobernanza corporativa. Toda esta información se integrará en un sistema unificado de reporte ambiental y ESG, permitiendo al Estado analizar el desempeño de los proyectos con datos verificables.

Una nueva etapa para la minería santacruceña

Desde la Secretaría de Estado de Minería destacaron que esta medida representa un cambio de paradigma: el cierre de minas ya no se planifica al final, sino durante todo el ciclo de vida del proyecto. “Buscamos anticipar riesgos y proyectar el futuro de los territorios mineros con una perspectiva de largo plazo”, señalaron. La iniciativa forma parte de una política de modernización de la gestión minera, con reglas claras, controles eficientes y una participación comunitaria cada vez más activa.