Santa Cruz: el plan de desendeudamiento que ya genera pelea entre el Gobierno y la oposición

El Gobierno de Santa Cruz salió a cruzar el proyecto de desendeudamiento del diputado Eloy Echazá, respaldado por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, y lo acusó de proponer algo parecido a lo que la oposición criticaba meses atrás. El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, fue el encargado de lanzar la comparación y de marcar las diferencias que, según él, tiene la iniciativa opositora.

"La oposición en abril criticaba esta medida y ahora, pocos meses después, se da cuenta de la necesidad y envía una iniciativa casi similar a la Cámara de Diputados", sostuvo el funcionario, en un nuevo capítulo de una discusión que ya dejó atrás la Legislatura y se instaló en Diputados.

Qué propone cada lado

El proyecto que lleva la firma de Echazá y que Grasso presentó públicamente a fines de agosto busca crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal para refinanciar deudas de consumo. La iniciativa contempla mecanismos de refinanciación y límites sobre la carga que las deudas pueden representar sobre los ingresos familiares, con una tasa máxima del 35%.

El Gobierno provincial, en cambio, reivindica su Plan de Alivio Financiero y remarca que no se trata de un proyecto sino de una herramienta que ya está en funcionamiento. "Nuestro plan no es un proyecto sino una acción concreta que ya está vigente", remarcó Verbes.

El financiamiento, el punto más cuestionado

El ministro apuntó especialmente a los beneficios previstos para que las entidades financieras adhieran al programa opositor. Según explicó, la propuesta contempla incentivos vinculados con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, algo que, a su entender, reduciría recursos de la Provincia y tendría consecuencias sobre la coparticipación que reciben los municipios.

"Esto implica un impacto directo sobre los recursos de la provincia, pero también impactará negativamente en los recursos a recibir por coparticipación los municipios", planteó Verbes, que además se preguntó si todos los intendentes de Santa Cruz están de acuerdo con resignar esos fondos.

Plazos: 24 cuotas contra 120

Otra de las diferencias que marcó el funcionario tiene que ver con los plazos para cancelar las deudas. El proyecto opositor contempla un esquema con un plazo mínimo de 24 cuotas, mientras que el Gobierno acaba de ampliar su Plan de Alivio Financiero hasta 120 cuotas, con una tasa del 35% y tres meses de gracia.

Para el ministro, un período de devolución considerablemente más corto puede resultar difícil de afrontar para familias que ya tienen una proporción elevada de sus ingresos comprometida en deudas.

El debate que se viene en Diputados

Echazá viene reclamando que la Cámara avance con el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal y sostuvo esta semana que las herramientas actuales no alcanzan para resolver la magnitud del problema. Su iniciativa propone una tasa máxima del 35%, refinanciación de tarjetas y préstamos y límites sobre los descuentos que afectan los salarios.

El Gobierno responde que ya tomó medidas concretas y que su programa se encuentra vigente, mientras cuestiona que la alternativa opositora pueda afectar recursos fiscales. La discusión tendrá ahora su escenario institucional en la Cámara de Diputados, donde deberá determinarse si el proyecto de Echazá avanza, recibe modificaciones o consigue los consensos necesarios para convertirse en ley.

También será allí donde deberán analizarse los cuestionamientos planteados por Economía sobre su financiamiento y el eventual impacto de los beneficios impositivos. El debate político, mientras tanto, ya comenzó: Provincia acusa a la oposición de proponer ahora una alternativa parecida a una herramienta que cuestionó anteriormente; Grasso y Echazá sostienen que su iniciativa busca ampliar la respuesta para las familias endeudadas.