Santa Cruz: autorizaron la venta de un predio frente al Glaciar Perito Moreno y la Legislatura reaccionó
El Decreto 915/26 habilitó la venta de un predio en Península Magallanes a una firma extranjera para construir un hotel frente al Glaciar. La Legislatura aprobó por unanimidad un pedido de informes y citó al Consejo Agrario, pero la excepción a la norma que protegía esas tierras reabrió un viejo conflicto.
La publicación en el Boletín Oficial del Decreto 915/26, firmado por el gobernador Claudio Vidal, despertó un fuerte revuelo político en Santa Cruz. La norma habilita una excepción a la protección de tierras rurales y permite la venta de un inmueble de Lacustre del Sur S.A. a la firma de capitales extranjeros ASB Hospitality Calafate S.A.U., que planea construir un complejo hotelero en la Península Magallanes, frente al Glaciar Perito Moreno.
El proyecto, denominado Master Plan Ecocentro, apunta a levantar un hotel cinco estrellas en un área estratégica y de alto valor ambiental. La medida generó cuestionamientos porque modifica el marco vigente para la transferencia de tierras en zonas protegidas.
Pedido de informes y citación al Consejo Agrario
Tras conocerse la medida, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó por unanimidad un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que remita la totalidad de las actuaciones en un plazo de 24 a 48 horas. Además, los legisladores citaron al presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, para que exponga los detalles ambientales y legales del proyecto ante la Cámara.
El análisis del decreto se dio en el marco de La Mañana de LU12, donde se repasó el alcance de la norma y sus implicancias.
La excepción que reabre la polémica
El Decreto 915/26 introduce una excepción al Decreto 994/17, dictado durante la gestión de Alicia Kirchner, que impedía la transferencia de inmuebles en áreas protegidas a capitales extranjeros. Esa prohibición era el principal obstáculo para operaciones como la que ahora autorizó el gobierno provincial.
Durante la emisión también se repasó el antecedente histórico del área protegida provincial y la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a los planes de manejo en la zona, un punto que podría ser clave en la discusión sobre la validez de la excepción.
