Santa Cruz achicó el techo de deuda que había autorizado hace dos meses: por qué cambió
Santa Cruz reescribió las reglas del programa con el que puede salir a buscar financiamiento en el mercado y ahora el margen es más chico. La medida toca de lleno las cuentas provinciales: qué cambió y qué falta definir.
El Gobierno de Santa Cruz reescribió las reglas del programa con el que puede salir a buscar financiamiento en el mercado. Lo hizo a través del Decreto 1168/2026, publicado el viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial provincial, que ajusta la norma que había dado origen a los títulos públicos en septiembre.
El primer cambio es de fondo: el monto máximo autorizado bajó de $450.000 millones a $350.000 millones. Son $100.000 millones menos de techo respecto de lo que se había fijado dos meses atrás.
Conviene aclarar qué significa esa cifra. No es plata que ya haya entrado a las arcas provinciales ni una emisión por ese total: es el límite hasta el cual Santa Cruz podría colocar distintas series de títulos, siempre que decida avanzar y cumpla con las condiciones de cada operación.
En pesos y con vencimientos de hasta tres años
La norma encuadra al programa como deuda pública interna, con la obligación de pagarse exclusivamente en pesos. Cada serie o clase de título tendrá un plazo de amortización que no podrá ser menor a 12 meses ni mayor a 36, contados desde la emisión.
No hay todavía una tasa de interés uniforme. Será el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura el que defina las condiciones de cada colocación: monto, tasa, precio de emisión y plazo concreto. La cartera incluso queda facultada para declarar desierta una licitación si las ofertas recibidas no le resultan convenientes.
Para qué se puede usar el dinero
El decreto también ordena el destino de los fondos. Podrán aplicarse a financiar partidas de gastos y a cubrir servicios de deuda previstos en el Presupuesto 2026.
Hay una restricción extra para los títulos cuyo capital o intereses se ajusten por CER, el índice atado a la inflación: lo que se obtenga con esas emisiones deberá ir exclusivamente a obras de infraestructura o a reestructurar deuda.
La coparticipación como respaldo
La Provincia podrá ofrecer en garantía los recursos de coparticipación federal que le corresponden, si así se define para una emisión puntual. La norma aclara que ese respaldo no tocará la porción que reciben los municipios y las comisiones de fomento.
La posibilidad de usar coparticipación ya existía en el programa original. Lo que hace el nuevo decreto es acotar su alcance y exigir que las condiciones queden especificadas al momento de aprobar el llamado a licitación.
Los controles que faltan antes de salir al mercado
El Ejecutivo provincial sumó una serie de verificaciones previas a cada colocación: la autorización nacional cuando corresponda, el control de los límites fiscales aplicables, la existencia de crédito y fuente de financiamiento en el presupuesto y la intervención del área jurídica.
Por eso el dato que realmente moverá la aguja será el anuncio de una emisión concreta: cuánto buscará colocar Santa Cruz, a qué tasa, con qué garantía y para qué destino específico. Hasta que eso ocurra, el cambio confirmado es el del marco del programa: el techo quedó en $350.000 millones y aparecieron límites y controles que el decreto original no detallaba de esta manera.
