Sandra golpea la ventana de un primer piso en Rosario: "Las chicas laburan con frío y hambre"

La ley que debía abrirles las puertas del Estado santafesino cumplió siete años y su implementación quedó en un limbo: la última convocatoria fue en 2021 y desde entonces no hubo un solo llamado oficial. Frente a ese panorama, un grupo de personas travestis y trans prepara un amparo colectivo para exigirle a la provincia que cumpla con la Ley 13.902.

La norma fue sancionada por la Legislatura el 30 de octubre de 2019 y establece la contratación del 5% de las personas que hayan realizado la rectificación registral. Sin embargo, el único proceso de selección se abrió en 2021, durante la gestión de Omar Perotti, y terminó con 20 personas contratadas en la administración pública.

Desde 2023, con el cambio de signo político en la provincia, no volvió a abrirse el registro de aspirantes. "Se agotó la instancia administrativa, ahora vamos a la Justicia", le dijo a El Ciudadano Sandra Gabriela Sánchez, activista travesti independiente que encabeza la iniciativa en Rosario.

"La mayoría de las travestis estamos sin trabajo"

La activista describió un presente atravesado por la falta de oportunidades: "La mayoría de las travestis estamos sin trabajo, y es bastante difícil que te tomen en una empresa. Hoy, el tema trabajo, vivienda y salud mental son los tres grandes problemas que tenemos y ni la provincia ni la municipalidad se encargan de eso".

Sánchez contó que hace por lo menos una década que no accede a un empleo formal y que el deterioro se profundizó desde que Mauricio Macri ganó las elecciones en noviembre de 2015. "Hace por lo menos 10 años que no accedo a un trabajo formal", afirmó.

Su testimonio incluye una escena que se repite en su casa de Rosario: "Yo vivo en un primer piso y las chicas me golpean la ventana porque están laburando hasta muy tarde, con frío, con hambre, así que la mayoría de las veces las hago pasar para que duerman un rato en mi casa".

La activista también cuestionó el asistencialismo de las últimas gestiones provinciales: "Siempre hay alguien que te da una mano, mi familia siempre me ayuda, pero no es lo que le pasa a la mayoría de las chicas. A veces recibimos alguna asistencia económica del Estado, dos chapas, algún módulo alimenticio, pero la verdad es que es muy poco. Los últimos dos gobiernos en la provincia no han tenido políticas públicas reales para nosotras".

Y apuntó contra la prioridad política del oficialismo: "El gobierno estuvo muy ocupado en reformar la Constitución de la provincia, pero de cumplir con las leyes que ya fueron sancionadas por la Legislatura, bien gracias".

Qué reveló la investigación académica

La abogada santafesina Ana Laura Mansilla analizó la implementación de la ley entre 2019 y 2023 en su tesis de maestría en FLACSO. Detectó que el mecanismo de ingreso tuvo fallas de origen: no se creó un número fijo de puestos, sino una bolsa de perfiles con quienes habían llegado a la entrevista, que después se derivaban a los ministerios. Eso dejó la contratación sujeta a la decisión política de cada cartera y al presupuesto disponible.

Mansilla entrevistó a 13 de las 20 personas que ingresaron al Estado. La mayoría atravesó el proceso en soledad, no accedió a la capacitación prevista porque no sabía que existía, y hubo entrevistas frustradas porque no lograban contactar a las candidatas. Tampoco se cumplía el protocolo que preveía la participación de un psicólogo, un representante gremial y un integrante de organizaciones LGTBIQ+, lo que generó episodios de estrés y ataques de pánico entre postulantes que nunca habían tenido una entrevista laboral.

Entre sus conclusiones, la abogada señaló que "el cupo no logró producir experiencias de inclusión a gran escala", aunque destacó que la ley produjo "un giro relevante en la narrativa sobre la relación entre el Estado y la población travesti-trans" en cuanto al reconocimiento de derechos. Pese a los problemas, rescata que para la mayoría significó acceder por primera vez a un trabajo formal con perspectivas de estabilidad.

Las deudas que siguen abiertas

El amparo colectivo, que aún se organiza, cuenta con el aval de organizaciones de Rafaela, Santa Fe, Ceres y San Justo. Sánchez advirtió que una sentencia favorable no garantiza el cumplimiento: puso como ejemplo la Ley de Financiamiento Universitario, que el gobierno nacional se niega a acatar pese a las advertencias de la Justicia.

La deuda no es solo provincial. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) mantiene pendiente el cupo desde 2023, igual que la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Al menos 18 localidades santafesinas sancionaron ordenanzas de cupo y solo concretaron uno o dos ingresos desde su aprobación. La excepción es Rosario, donde el Consejo Consultivo integrado por organizaciones locales mantiene activos los procesos de convocatoria e ingreso anual.

En off, fuentes oficiales aseguran que desde la llegada de Maximiliano Pullaro a la gobernación se incorporaron al menos 10 personas del colectivo trans, aunque se desconocen los criterios de selección y la modalidad de contratación. El sigilo responde, según el artículo, a un clima de época adverso: el discurso que Javier Milei pronunció en el Foro Económico de Davos el 23 de enero de 2025, donde asoció a la comunidad LGTBIQ+ con delitos sexuales, condicionó a los gobiernos provinciales.