Vecinos, especialistas y cámaras participaron del debate, pero la aprobación del código que define alturas, usos del suelo y hasta 14 puentes nuevos sigue sin fecha. Qué se discute y por qué puede quedar para 2027.
El nuevo Código de Planeamiento Urbano de San Miguel de Tucumán todavía no tiene fecha de aprobación y, si los tiempos legislativos no se aceleran, el debate quedará para marzo de 2027. Así lo admitieron las autoridades municipales y del Concejo Deliberante, que mantienen la intención de sancionarlo este año pero reconocen que el calendario no está cerrado.
El concejal Facundo Vargas Aignasse, que preside la comisión especial abocada a la reforma, confirmó que el objetivo es avanzar en noviembre y diciembre. Sin embargo, fue claro: no se van a forzar los procedimientos solo para cumplir una fecha.
Qué se juega la ciudad con esta norma
La iniciativa busca reemplazar las reglas urbanísticas que rigen desde 1998. Esas disposiciones son las que hoy definen las alturas de los edificios, los usos permitidos del suelo, dónde pueden instalarse actividades comerciales y bajo qué condiciones se desarrollan los emprendimientos inmobiliarios.
El impacto será directo sobre el crecimiento de la Capital: la nueva normativa fijará cómo se organiza la expansión urbana, cómo se distribuyen las construcciones y qué infraestructura debe acompañar el desarrollo de la ciudad en las próximas décadas.
Consultas cerradas y anteproyecto en camino
Según explicó Vargas Aignasse, la primera etapa —destinada a recibir propuestas de instituciones, especialistas y vecinos— ya terminó. Ahora se trabaja en un documento que reúna las conclusiones de esas consultas, cuya presentación está prevista para noviembre.
Después vendrá la discusión del anteproyecto: deberá pasar por la comisión especial, luego por la comisión permanente de Planeamiento y finalmente llegar al recinto del Concejo Deliberante para su eventual aprobación.
El funcionario sostuvo que, si se cumplen los plazos, la reforma podría tratarse antes de fin de año. Si no, el debate seguirá en marzo de 2027, cuando se reanude la actividad legislativa ordinaria.
Los números de la participación
El arquitecto Luis Lobo Chaklián, uno de los principales referentes técnicos de la iniciativa, anticipó que los resultados de la etapa participativa se presentarán públicamente en unos 15 o 20 días. En paralelo, los equipos técnicos avanzan en la redacción de las modificaciones, con la idea de presentar el anteproyecto entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.
Del proceso participaron 98 instituciones y organizaciones convocadas, de las cuales 63 intervinieron activamente. En total tomaron parte 248 personas, entre profesionales, representantes universitarios, cámaras empresariales, organismos públicos y vecinos.
Todo ese material servirá de base para definir un modelo de desarrollo urbano con una proyección de unos 30 años.
Edificios más verdes y balcones más grandes
Entre los cambios que se analizan aparecen nuevas exigencias para construir edificios, orientadas a mejorar las condiciones ambientales y a ordenar la relación entre los inmuebles y el espacio público.
Una de las propuestas prevé retiros obligatorios respecto de la línea municipal y la posibilidad de permitir o exigir balcones de mayores dimensiones en determinadas arterias. También se estudia incorporar terrazas verdes, superficies permeables que ayuden a absorber el agua de lluvia y sistemas para recolectar y reutilizar el recurso hídrico.
Esas disposiciones vendrían acompañadas por mayores exigencias de arbolado y la incorporación de tecnologías sustentables en los nuevos desarrollos.
Nuevas centralidades para no depender del centro
Otro eje central es cambiar la distribución de las actividades urbanas mediante la creación de nuevas centralidades. La idea es desarrollar sectores donde convivan viviendas, comercios y servicios, para que los vecinos resuelvan buena parte de sus necesidades cotidianas sin tener que trasladarse permanentemente al centro de San Miguel de Tucumán.
El modelo también apunta a reducir la concentración de desplazamientos y a lograr una distribución más equilibrada de las actividades económicas y sociales.
La mirada metropolitana y los 14 puentes
La reforma tendrá una perspectiva metropolitana, porque el crecimiento de la Capital está atado al de Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí y otras localidades cercanas.
En ese marco, Lobo Chaklián planteó la necesidad de construir 14 puentes para mejorar las conexiones urbanas y anticipó que el proyecto incluirá cambios en la red vial y nuevas ciclovías. Las propuestas de movilidad buscan adecuar la infraestructura de circulación a las necesidades actuales y futuras de una ciudad que cambió mucho desde que se sancionó el código vigente.
La preservación del patrimonio arquitectónico y cultural también tendrá un lugar destacado: se buscará compatibilizar la renovación de los sectores urbanos con la protección de construcciones y espacios relevantes para la identidad histórica de la Capital.
El punto que puede abrir la discusión
Todas estas iniciativas todavía deben convertirse en disposiciones concretas y superar el debate legislativo antes de ser obligatorias. El aspecto que podría generar más cruces es el de los cambios en las condiciones de edificación y los usos del suelo, por sus efectos sobre propietarios, vecinos, comerciantes y desarrolladores inmobiliarios.
Las decisiones sobre alturas permitidas, densidad de construcciones y actividades habilitadas en cada zona pueden modificar las posibilidades de aprovechamiento de los terrenos y las características de distintos barrios.
Vargas Aignasse destacó que hasta ahora hubo diálogo entre oficialismo y oposición, aunque reconoció que podrían aparecer diferencias al analizar las disposiciones específicas. Lobo Chaklián, por su parte, valoró el acompañamiento de la intendenta Rossana Chahla y del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, y señaló que hay coincidencias sobre la importancia de incorporar criterios de movilidad, ambiente e infraestructura.
El debate se da en un momento en que la Capital enfrenta desafíos de crecimiento inmobiliario, circulación vehicular, drenaje pluvial y disponibilidad de servicios públicos. Por eso la actualización no se limitará a cambiar las condiciones para construir: buscará establecer una planificación integral del territorio.
La gran incógnita sigue siendo el momento de la aprobación. Si las conclusiones de las consultas y el anteproyecto llegan en los plazos anunciados, el Concejo deberá definir si tiene tiempo suficiente para debatir y sancionar la reforma en diciembre. Si no lo logra, el tratamiento quedará para marzo de 2027, en pleno año electoral, cuando las negociaciones políticas podrían pesar más sobre el avance de la iniciativa.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las dos posibilidades y no hay fecha confirmada para la votación definitiva de una normativa que marcará las reglas del desarrollo urbano de San Miguel de Tucumán por décadas.
