La reforma constitucional de San Luis ya tiene habilitado el debate sobre un artículo dedicado a la inteligencia artificial. Lo que parecía un tema técnico de conectividad terminó metiendo a la dignidad humana, al papa León XIV y a los jueces de carne y hueso en el centro de la discusión.
San Luis podría quedar en los libros de derecho de todo el mundo. La reforma de su Constitución, que ya tiene luz verde para debatirse, incluiría un artículo dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial, con la dignidad de la persona como límite infranqueable. Si prospera, sería la primera Carta Magna del planeta en recoger los lineamientos éticos de la encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV.
El primer paso formal ya está dado. La Legislatura provincial aprobó la Ley N.º XIII-1213-2026, que declaró la necesidad de reformar parcialmente la Constitución de 1987. Entre los temas habilitados para la Convención Constituyente, el artículo 3.º, inciso b) metió en la cancha la incorporación de un artículo 11 bis sobre «Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial».
No se trata de una referencia liviana a la conectividad. El texto exige que la provincia consagre el uso ético de los sistemas automatizados y el «resguardo de la dignidad humana como principio rector de todos los derechos fundamentales de la persona humana».
Del Vaticano a la Carta Magna puntana
La encíclica Magnifica Humanitas retoma la tradición social que León XIII abrió con Rerum Novarum en 1891, cuando la revolución industrial todavía desconcertaba al mundo. Ahora, frente a la Cuarta Revolución Industrial, el documento pontificio sostiene que la persona no puede quedar reducida a un insumo matemático ni a una variable de optimización probabilística.
La reforma sanluiseña toma ese andamiaje conceptual y lo traduce en garantías normativas concretas. El contraste con otros modelos es evidente: el AI Act de la Unión Europea se estructura sobre la mitigación de riesgos comerciales y la competitividad del mercado único, mientras que la iniciativa puntana pone a la dignidad ontológica como valor absoluto, intangible y no sujeto a balances utilitarios.
Según el texto del proyecto, si el artículo se plasma en la versión final, la reforma funcionará como una barrera frente a los poderes corporativos transnacionales que hoy manejan información y conducta de millones de ciudadanos con una autoridad de hecho.
Qué diría el futuro artículo 11 bis
La Convención tendrá sobre la mesa varias directrices que, de aprobarse, marcarían jurisprudencia en el derecho comparado:
Reserva humana en la Justicia. Es uno de los puntos más calientes. La recepción de Magnifica Humanitas fundamenta que no es constitucional ni moral reemplazar el juicio prudencial de los magistrados por modelos algorítmicos. La reforma busca que solo una persona física pueda evaluar pruebas y dictar sentencias, con la IA limitada a tareas administrativas. El derecho ciudadano a un «juez humano» quedaría garantizado.
Hábeas data algorítmico. La ley de declaración de necesidad incorpora expresamente esta herramienta frente al procesamiento masivo de datos. Habilitaría una vía judicial sumaria para que cualquier vecino exija explicaciones sobre decisiones automatizadas y pueda desarmar la opacidad de los sistemas de «caja negra». Quedarían proscriptos el puntaje social (social scoring) y los perfilamientos discriminatorios.
Identidad digital y vida en comunidad. Ante la multiplicación de identidades sintéticas y clonaciones biométricas (deepfakes), el texto prevé proteger la mismidad digital de las personas. También busca garantizar la conectividad universal como derecho humano de cuarta generación, para que la brecha técnica no profundice las desigualdades socioeconómicas.
Transparencia y subsidiariedad. El Estado provincial no podrá esconderse detrás del secreto comercial corporativo para justificar decisiones públicas tomadas por algoritmos. La tecnología, dice el planteo, debe estar al servicio de la comunidad y no someterla a dependencias tecnocráticas.
Las provincias como laboratorio
El antecedente federal juega a favor. Jujuy reguló la inteligencia artificial en 2023, La Rioja sumó deberes digitales y tratamiento de macrodatos en 2024, y Santa Fe consagró el control humano frente a decisiones automatizadas en su texto de 2025.
El caso de San Luis, sin embargo, apunta a otra escala. La Exposición de Motivos convoca a construir «una Constitución para los próximos 40 años», apoyada en instituciones inclusivas y en la despersonalización del poder. Sobre esa base, la provincia se prepara para liderar un modelo donde el avance técnico no se pague con descarte o alienación de lo humano, sino que quede subordinado a la supremacía ética de la persona.
Por Cristian Altavilla, doctor en Derecho y abogado especialista en Derecho Constitucional, asesor de la reforma constitucional de la provincia de San Luis.
