San Luis fijó las reglas para juzgar a chicos desde los 14 años: qué cambia

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles, por 27 votos a favor y 10 en contra, la media sanción del proyecto que adecua el Régimen Procesal Penal Juvenil provincial a la Ley Nacional 27.801, la norma que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa, impulsada por el gobernador Claudio Poggi, pasó al Senado.

El texto modifica el Código Procesal Penal de la provincia y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia. Así, incorpora un procedimiento específico para adolescentes de entre 14 y 18 años que entren en conflicto con la ley penal, con reglas propias sobre garantías, alternativas a la cárcel y mecanismos de reparación y reintegración.

Qué dijo el oficialismo en el recinto

La diputada Fabiana Zárate fue la encargada de explicar el alcance de la norma. Señaló que el Congreso nacional tiene la facultad de dictar las normas penales de fondo, pero que son las provincias las que deben fijar los procedimientos para aplicarlas. Por eso, sostuvo que tras la sanción de la ley nacional “es obligación de las provincias adecuar sus códigos de procedimiento”.

Zárate también marcó un punto de acuerdo por encima de las diferencias sobre la baja de la edad de imputabilidad: la necesidad de revisar de punta a punta un régimen cuya legislación anterior databa de 1980 y que, según dijo, no había tenido cambios de fondo en toda la democracia.

En esa línea, remarcó que el nuevo marco debe respetar las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de la libertad es una medida de último recurso y por el menor tiempo posible.

Cómo funcionará el proceso para los adolescentes

El proyecto prevé que los chicos de 14 a 18 años cuenten con asistencia especializada durante el proceso judicial, que se garantice su derecho a ser escuchados y que reciban información comprensible sobre las actuaciones que los involucren. También contempla el uso de la Cámara Gesell para determinadas declaraciones y medidas para resguardar su identidad y privacidad.

Además, suma herramientas para evitar que todos los casos terminen en juicio: el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado.

Las medidas y penas van desde la amonestación y la prohibición de contacto con ciertas personas o de concurrir a determinados lugares, hasta la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico y la reparación integral del daño a la víctima.

Sobre la privación de la libertad, el texto dispone que los adolescentes permanezcan en establecimientos especializados, separados de los adultos y bajo supervisión de personal capacitado. Las medidas de coerción deberán ser excepcionales, proporcionales, revisables y aplicarse durante el menor tiempo necesario.

Zárate puso el foco en la responsabilidad de los operadores judiciales: deberán procurar “no solo atender a la punición de los hechos y la reparación de la víctima, sino también a la protección de los adolescentes que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal”. También subrayó el carácter socioeducativo de las medidas y los principios de la justicia restaurativa, para que los chicos entiendan las consecuencias de sus actos, asuman su responsabilidad y puedan volver a insertarse en la sociedad.

Un plenario previo entre los tres poderes

Antes del debate legislativo se realizó un plenario sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil que reunió a representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De la jornada participó el gobernador Poggi y se organizó en cuatro paneles con funcionarios, legisladores, magistrados y representantes de los ministerios públicos.

Allí se abordaron las garantías de los adolescentes, los procedimientos judiciales, las alternativas a la privación de la libertad y los desafíos de implementar el nuevo sistema en la provincia. Esa articulación permitió avanzar con una propuesta que contempla tanto los cambios legales como las condiciones para aplicarlos: infraestructura adecuada, formación de personal especializado y coordinación entre los organismos intervinientes.

Durante ese encuentro, Poggi firmó el proyecto que este miércoles obtuvo media sanción, junto con otras medidas vinculadas a la adecuación de las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) y la compra de vehículos para esas dependencias.