San Luis: el plan de Poggi para que las familias paguen menos deudas ya tiene media sanción

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles con 30 votos a favor y 9 en contra el Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar que impulsa el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa, que ahora pasará al Senado, busca refinanciar las deudas en mora de los puntanos y, al mismo tiempo, mover el consumo local.

El proyecto alcanza a quienes tengan deudas con más de tres meses de atraso al momento de la eventual sanción de la ley. Para anotarse, los deudores deberán acreditar domicilio en San Luis con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años.

La propuesta abarca préstamos personales, tarjetas de crédito y otras asistencias financieras. Del otro lado del mostrador podrán participar bancos, proveedores no financieros de crédito, empresas de tecnología financiera y otras entidades autorizadas por el Banco Central.

Cómo serán los planes de pago

Las refinanciaciones deberán tener un plazo de amortización de al menos 24 meses y un período de gracia mínimo de dos meses. La tasa nominal anual no podrá superar en más de 10 puntos porcentuales a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR). Y hay un límite clave para el bolsillo: la cuota no podrá representar más del 30% de los ingresos del grupo familiar.

Además, las entidades no podrán cobrar gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales por otorgar la refinanciación.

Durante el debate, la diputada Eugenia Gallardo explicó el objetivo de la norma: “Es una problemática que está presente hoy en San Luis: el endeudamiento”, sostuvo en la sesión.

El texto aprobado también permite consolidar deudas de distintas entidades. A partir de un pedido de UPCN incorporado al despacho, se podrán incluir compromisos pendientes por servicios públicos de competencia provincial, según lo que defina la reglamentación. Gallardo mencionó como ejemplo las deudas con EDESAL, por lo que los usuarios con facturas pendientes de la distribuidora podrían sumar esos compromisos al esquema de regularización.

Beneficios fiscales y estímulo al consumo

Para que los bancos y otras entidades crediticias se sumen, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a eximir del pago de Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos a las operaciones vinculadas con los planes de refinanciación. Ese beneficio tributario deberá traducirse, según la iniciativa, en mejores condiciones para las familias que ingresen al programa. Las entidades que quieran acceder a las exenciones deberán implementar programas gratuitos de capacitación sobre planificación de las finanzas familiares y prevención del sobreendeudamiento.

El proyecto también incorpora un esquema de estímulo al consumo local. Las entidades que adhieran podrán presentar programas con descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades de beneficios. A cambio, accederán a un crédito fiscal equivalente al 25% del monto efectivamente otorgado a los usuarios.

El diputado Nicolás González Ferro defendió esa parte de la iniciativa y sostuvo que la reducción de las cuotas permitiría liberar una porción de los ingresos familiares para destinarla al consumo. “Esta situación no responde al financiamiento de bienes durables o de inversión, sino a la cobertura de gastos corrientes de subsistencia, como alimentos, servicios públicos y alquileres”, señaló durante el debate. El legislador también consideró que la medida podría impactar en el comercio local al aumentar el ingreso disponible de las familias.

Quiénes participaron del debate

Antes de la sesión, la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía recibió a representantes de APUNSL, UPCN, ADU, el Centro de Almaceneros de San Luis, la Cámara de Comercio de San Luis y ATE para analizar la propuesta. A pedido de UPCN, el despacho aprobado incorporó la posibilidad de incluir en la refinanciación las deudas por servicios públicos de competencia provincial, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

Con la media sanción, el proyecto deberá ser tratado por el Senado provincial para completar el trámite legislativo.