San Luis: el centro que atiende a 90 personas con discapacidad y hoy no sabe cómo pagar los sueldos de julio

Los atrasos en los pagos de Incluir Salud ponen en jaque la continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad en San Luis. Luciana Miserendino, directora del Centro Educativo Terapéutico Vita, advirtió que la institución no puede sostener su funcionamiento con normalidad y que el riesgo de cierre es concreto.

“No podemos seguir funcionando con magia”, afirmó Miserendino al describir la incertidumbre económica que atraviesa el centro, que abrió sus puertas en 2019 y hoy atiende a 90 concurrentes. De ese total, el 80% depende de Incluir Salud.

Según explicó la directora, la institución todavía cobra prestaciones correspondientes a julio y los expedientes del mes no están cargados en el sistema. Sin esa información, no hay certeza sobre cuándo llegarán los fondos para afrontar los gastos.

Una rutina que pende de un hilo

El Centro Vita funciona de lunes a viernes, de 7.15 a 19.30, en dos turnos. Los concurrentes permanecen alrededor de siete horas en el establecimiento y reciben alimentación, transporte y distintas prestaciones terapéuticas y pedagógicas.

Entre las actividades que ofrece la institución se encuentran terapia ocupacional, fonoaudiología, psicomotricidad, hidroterapia y teatro. Sostener estos servicios requiere recursos para cubrir los salarios del personal, los servicios y el transporte.

“El 80% nosotros tenemos del sector a Incluir y el resto no nos podemos manejar económicamente con eso. Estamos ahogados económicamente”, expresó Miserendino.

La directora agregó que las consecuencias de esta situación podrían derivar en el cierre temporal o definitivo de estos espacios para las personas con discapacidad, que dependen de las instituciones para sostener sus tratamientos y sus vínculos sociales.

“La institución no es un privilegio para los chicos. La institución es un derecho”, sostuvo.

Listas de espera que no se mueven

El centro mantiene listas de espera desde hace aproximadamente un año y medio. De acuerdo con el testimonio de Miserendino, la falta de incorporación de nuevos beneficiarios de Incluir Salud impide que algunas personas accedan a las prestaciones.

La directora añadió que varios centros de atención cerraron y que quienes asistían a esos establecimientos quedaron sin alternativas para continuar sus tratamientos. La situación afecta tanto a las instituciones como a las personas con discapacidad y sus familias, que necesitan garantizar la continuidad de las terapias y los apoyos.

El reclamo por la Ley de Emergencia en Discapacidad

El contexto de estas dificultades se enmarca en las movilizaciones del colectivo de discapacidad para reclamar respuestas sobre el financiamiento del sector y la continuidad de las prestaciones. La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad estableció la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.

En ese marco, Miserendino cuestionó la falta de respuestas concretas y aseguró que el sector intentó comunicarse con legisladores nacionales de San Luis para exponer las dificultades que atraviesan las instituciones, aunque no obtuvo respuestas.

“Nosotros no estamos reclamando condiciones de privilegio. Estamos reclamando los derechos adquiridos de las personas con discapacidad”, manifestó.

La directora insistió en la necesidad de garantizar la continuidad de las prestaciones y las condiciones de trabajo de los profesionales que atienden a esta población. “No podemos seguir funcionando con magia”, reiteró.