San Luis debate un cambio histórico en la justicia penal: el fiscal que investiga será el mismo que acuse en el juicio
El proyecto ya tiene media sanción del Senado y avanza en Diputados. La reforma propone que el mismo fiscal investigue y acuse, que los defensores sigan las causas hasta el juicio y que el Registro de Huellas Genéticas deje de depender del Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué organismo pasará a manejarlo?
La Legislatura de San Luis avanza en una reforma que busca que el mismo fiscal que investiga un caso sea quien lo lleve a juicio oral, sin traspasar el expediente a otro funcionario. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, ya tiene media sanción del Senado y está en análisis en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados.
La iniciativa apunta a reducir las demoras que se generan cuando una causa pasa de un fiscal de instrucción a otro que interviene en el debate. Los legisladores que la trabajan sostienen que así se evita la pérdida de información y se le da continuidad a la investigación.
El fin de la división de tareas
Hoy, el sistema judicial de San Luis reparte el trabajo entre distintos fiscales: uno investiga, reúne pruebas y avanza en las primeras etapas; otro representa al Ministerio Público Fiscal durante el juicio. Con la reforma, un solo funcionario asumiría ambas responsabilidades.
El diputado Cristian Gurruchaga explicó que la división actual puede complicar las cosas porque el fiscal que llega al juicio podría pedir pruebas que no se solicitaron durante la investigación. La intención es que quien conoce el caso desde el arranque también esté en la instancia final.
El cambio no convierte al fiscal en juez: la sentencia seguirá en manos de los jueces competentes.
Defensores con continuidad
La reforma también alcanza al Ministerio Público de la Defensa. Bajo el mismo criterio, el defensor que toma una causa al inicio deberá representar al acusado hasta el juicio, para evitar cambios de abogado entre etapas.
Además, se incorporarán fiscales coordinadores en las tres circunscripciones judiciales, incluida la segunda, con asiento en Villa Mercedes. Tendrán funciones de organización y coordinación del Ministerio Público Fiscal.
El Registro de Huellas Genéticas cambia de órbita
Otro punto relevante es el traspaso de la autoridad de aplicación del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas. Actualmente depende del Superior Tribunal de Justicia y pasaría a la Procuración General de la Provincia.
La diputada Fabiana Zárate fundamentó el cambio en que los fiscales son quienes intervienen directamente en la recolección y utilización de pruebas durante las investigaciones. Mencionó como antecedentes los modelos de Mendoza y La Pampa, donde ya se aplican esquemas similares.
Qué dicen los organismos judiciales
La Comisión de Asuntos Constitucionales recibió a los principales referentes del sistema judicial para analizar los alcances de la reforma. Participaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia Carolina Monte Riso y Víctor Endeiza; la defensora general Marcela Torres Cappiello; y el procurador general Sebastián Cadelago Filippi.
Los funcionarios respondieron consultas sobre la reorganización de cargos, las nuevas funciones de fiscales y defensores y el traspaso del Registro de Huellas Genéticas. El proyecto modifica tres normas: la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y la legislación que regula el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.
Según los diputados que participaron de la reunión, la propuesta fue elaborada en conjunto entre los organismos judiciales y el Poder Ejecutivo.
Los tiempos legislativos
La reunión de comisión del martes 13 de octubre no emitió despacho, pero los legisladores anticiparon que buscarán avanzar en los próximos días. Gurruchaga señaló que la intención es profundizar el análisis para que el proyecto llegue al recinto de Diputados la próxima semana.
El legislador sostuvo que la reforma podría reducir los tiempos de tramitación de las causas, aunque reconoció que su implementación requerirá capacitación y adecuaciones en el funcionamiento de los organismos judiciales.
Por ahora, la iniciativa sigue en discusión y necesita la aprobación de Diputados para convertirse en ley. De sancionarse, el cambio más significativo será la continuidad del fiscal y del defensor durante todo el proceso penal, una reorganización con la que se busca dar respuestas judiciales más rápidas tanto a las víctimas como a las personas acusadas.
