San Luis aprobó un plan para deudas: la cuota no podrá superar el 30% del ingreso familiar

La Cámara de Diputados dio media sanción por 30 a 9 al proyecto de Desendeudamiento Familiar impulsado por el gobernador Claudio Poggi. La iniciativa busca que las familias sanluiseñas puedan reordenar sus compromisos financieros con plazos más largos y tasas más bajas, además de incentivar el consumo en los comercios locales.

La propuesta prevé exenciones de impuestos provinciales para que las entidades financieras ofrezcan planes de regularización de deudas con mejores condiciones. También contempla promociones, descuentos y reintegros para dinamizar el comercio de San Luis.

Quiénes podrán acceder

La diputada Eugenia Gallardo precisó que el programa alcanzará a las deudas con una mora superior a tres meses al momento de la sanción de la ley. Los deudores deberán tener domicilio en San Luis con una antigüedad mínima e ininterrumpida de dos años.

Los planes deberán contemplar un plazo de amortización no menor a 24 meses y un período de gracia de al menos dos meses. La tasa nominal anual no podrá superar en más de 10 puntos porcentuales a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR), y la cuota no podrá exceder el 30% de los ingresos del grupo familiar. Tampoco podrán cobrarse gastos administrativos, comisiones ni honorarios adicionales por otorgar la refinanciación.

Como condición previa para acceder a los beneficios, las entidades deberán comprometerse a implementar programas gratuitos de formación y capacitación orientados a la planificación de las finanzas familiares y la prevención del sobreendeudamiento.

Gallardo también explicó que se podrán consolidar deudas provenientes de distintas entidades. A pedido de UPCN, el despacho aprobado durante la sesión incorporó la posibilidad de incluir compromisos pendientes por servicios públicos de competencia provincial, de acuerdo con lo que determine la reglamentación. Como ejemplo, la legisladora mencionó las deudas con EDESAL.

Los números que encendieron la alarma

Durante el debate, el diputado Nicolás González Ferro señaló que a nivel nacional la mora en la cartera de créditos a los hogares alcanzó el 17,5% y que, según un informe del Banco Central, el pago de las deudas absorbe cerca de una cuarta parte del salario mensual de los trabajadores.

“Esta situación no responde al financiamiento de bienes durables o de inversión, sino a la cobertura de gastos corrientes de subsistencia, como alimentos, servicios públicos y alquileres”, sostuvo el legislador.

El programa comprende a entidades bancarias, proveedoras no financieras de crédito, empresas de tecnología financiera y otras entidades autorizadas por el Banco Central de la República Argentina.

Incentivo al consumo y beneficio impositivo

Para promover estas condiciones, el proyecto faculta al Ejecutivo a eximir del pago de Ingresos Brutos y Sellos a las operaciones vinculadas con los planes de refinanciación. El beneficio tributario a las entidades crediticias deberá traducirse en ventajas para las familias.

“Las exenciones impositivas a los planes de refinanciamiento actúan, en la práctica, como un mecanismo de inversión pública indirecta a favor de los ciudadanos deudores”, afirmó González Ferro.

En cuanto al incentivo al consumo familiar, las entidades que adhieran al programa podrán presentar planes de estímulo al consumo local mediante descuentos, reintegros, vouchers, tarjetas prepagas y otras modalidades de beneficios. A cambio, podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 25% del importe efectivamente otorgado a los usuarios.

“Este proyecto es una respuesta pertinente y tiene además un efecto multiplicador. No solo beneficiará a las familias afectadas por este ahogo financiero, sino que también derramará al resto de la economía, particularmente a los comercios, al mejorar el ingreso disponible para el consumo de las familias”, dijo el legislador.

González Ferro explicó que la disminución de las cuotas permitirá recuperar una parte del ingreso familiar que podrá destinarse a bienes de consumo y servicios de primera necesidad en los comercios de cercanía.

“Este esquema articula la responsabilidad corporativa del sector financiero con el fomento del comercio local, activando un mecanismo que transforma el pasivo que afecta a las familias en un motor de reactivación económica para la provincia”, afirmó.

Al cierre del debate, Gallardo destacó la decisión del Gobierno provincial de abordar esta problemática. “Es un tema que el Poder Ejecutivo tomó y se ocupó, y no muchas provincias se están ocupando de esta problemática”, expresó.

La iniciativa surgió de un trabajo previo del gobierno de Poggi con entidades financieras provinciales. El martes, la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía se reunió con representantes de APUNSL, UPCN, ADU, el Centro de Almaceneros de San Luis, la Cámara de Comercio de San Luis y ATE para analizar el proyecto. Según Gallardo, “hubo una aprobación de la mayoría de los presentes”.