San Juan se quedó sin colectivos: los choferes no volvieron hasta que aparecieron estos $300.000

San Juan vivió esta semana uno de los paros de transporte más duros de los últimos años. La Unión Tranviaria Automotor (UTA) frenó el servicio el miércoles 7 de octubre y recién lo destrabó este jueves por la tarde, después de más de 37 horas sin colectivos y una pulseada que terminó con un acuerdo salarial de emergencia.

El resultado: trabajadores varados, remises y Uber con precios duplicados, comercios con pérdidas de hasta el 70% en sus ventas y una provincia que se movió a los tumbos durante casi dos días completos.

El reclamo que encendió la mecha

Todo arrancó el martes 6 de octubre, cuando la UTA se declaró en estado de alerta por el incumplimiento de un acuerdo salarial. Según el cálculo del gremio, las empresas les debían a los choferes alrededor de $800.000 a cada uno.

El convenio que quedó en el camino contemplaba un aumento del 10,5% sobre los salarios de abril, que debía aplicarse en septiembre, más otros incrementos pactados para mayo, junio, julio y agosto. Los trabajadores habían cobrado sus sueldos, pero sin la actualización acordada.

La advertencia del martes se transformó en realidad el miércoles, con un agravante: no fue una retención de tareas, sino un paro total. La UTA endureció su postura y avisó que los choferes no volverían a manejar hasta tener certezas sobre el pago adeudado.

Conciliación obligatoria, pero el paro siguió

Pasado el mediodía del miércoles, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y ordenó levantar la medida y restituir el servicio. La UTA no acató la disposición y confirmó que el paro continuaba el jueves.

Así fue: San Juan amaneció otra vez sin colectivos, a la espera de la audiencia convocada para las 11:30 entre el gremio, los empresarios y la Subsecretaría de Trabajo.

En la previa, choferes marcharon por el microcentro sanjuanino y se concentraron en las afueras de la Subsecretaría, sobre calle Santa Fe. Ricardo Salvá, presidente de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), definió la situación como "insostenible".

Salvá estimó que las empresas acumulan un perjuicio de unos $5.016 millones y sostienen su funcionamiento con descubiertos bancarios y créditos. Detalló que afrontan cerca de $200 millones mensuales en intereses y obligaciones con ARCA, y que necesitan otros $400 millones para cubrir la suba de costos desde la última actualización, incluido el combustible. Con ese cuadro, afirmó que no están en condiciones de afrontar ni el aumento salarial ni los incrementos de insumos.

El empresario reclamó que el Gobierno se siente a una mesa técnica con las empresas y que la Secretaría de Transporte cumpla con los contratos de concesión. Tanto Salvá como el tesorero de la UTA, Antonio Ruiz, pidieron disculpas a los usuarios por las molestias.

Amparo, cautelar y amenaza de multas millonarias

Mientras la reunión arrancaba cerca del mediodía, el Fiscal de Estado de la provincia, Sebastián Dávila, presentó un recurso de amparo y una medida cautelar para que las empresas restituyeran el servicio de inmediato. El juez Héctor Rollán aceptó la medida y las partes fueron notificadas a las 13:30 del jueves.

Desde ese momento los colectivos debían volver a circular. No ocurrió: los sindicalistas no acataron la orden. El Gobierno advirtió entonces que podían aplicar multas de $1 millón por día —a las empresas por directivo y al sindicato por dirigente— y que el conflicto podía escalar al ámbito penal.

Esa amenaza de sanciones, sumada a un principio de acuerdo salarial, fue lo que destrabó la situación.

Cómo se destrabó y qué cobran los choferes

La base del acuerdo establece que este viernes los choferes cobrarán una suma de $300.000, afrontada por las empresas. La próxima semana volverán a reunirse y el resto del dinero, correspondiente al aumento del 10,5% de septiembre, se abonará antes del 15 de octubre.

Alrededor de las 18:30, la UTA llamó a los choferes a volver a sus puestos. Media hora más tarde, los colectivos volvieron a circular por las calles sanjuaninas.

El conflicto no tiene precedentes en la actual gestión provincial, que hasta ahora había logrado destrabar las disputas antes de llegar a este punto. Los empresarios sostienen desde hace años que el sistema "es insostenible": antes le apuntaban a la inflación y hoy apuntan contra los boletos escolares subvencionados. Los principales perjudicados siguen siendo los usuarios, que se quedaron sin poder llegar a sus trabajos o debieron pagar hasta el doble por un viaje alternativo.