San Juan: qué delito sí y qué delito no quieren castigar con cárcel los sanjuaninos

Un sondeo del IOPPS reveló que el 52% de los sanjuaninos apoya bajar la edad de imputabilidad, pero el respaldo se derrumba cuando el delito no es grave: solo el 10% avala penas por falsificar un DNI.

El Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) realizó una encuesta en San Juan sobre el Régimen Penal Juvenil y encontró una opinión pública atravesada por matices. El estudio, fechado el 2 de octubre de 2026 y basado en 500 casos efectivos, muestra que algo más de la mitad de los consultados respalda la baja de la imputabilidad a los 14 años, aunque ese apoyo depende fuertemente del tipo de delito y convive con una fuerte desconfianza hacia la cárcel como herramienta de reinserción.

El respaldo a la baja de la imputabilidad

El 52% de los encuestados se manifestó de acuerdo con que la edad de imputabilidad baje a los 14 años: un 11% se mostró muy de acuerdo y un 41% de acuerdo. En contraposición, el 36% expresó su rechazo y un 12% dijo no saber o tener dudas sobre el tema.

El castigo depende del delito

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es cómo varía la opinión según la infracción. Frente a un homicidio cometido durante una pelea o un robo, con una posible condena de hasta 15 años en un instituto especializado para adolescentes de 14 o 15 años, el 62% se mostró a favor y el 29% en contra.

El escenario cambia por completo cuando se trata de falsificar un DNI para entrar a un boliche. Ante una pena propuesta de hasta 8 años, el respaldo cae al 10% y el rechazo trepa al 83%.

Algo similar ocurre con la amenaza de bomba en una escuela para evitar una prueba: solo el 22% apoyaría una pena de hasta 6 años, mientras que el 76% la rechaza.

La cárcel, una herramienta cuestionada

El estudio también deja al descubierto una tensión entre el castigo y su efectividad. Aunque más de la mitad avala la modificación de la edad punitiva, apenas el 37% cree que pasar unos años en prisión puede servir para reinsertar a un menor en la sociedad. El 55%, en cambio, opina que el encierro no cumple ese propósito. La lectura sugiere que buena parte de la sociedad quiere una consecuencia legal para los adolescentes infractores, pero desconfía de que la cárcel los rehabilite.

Educación preventiva: el mayor consenso

En las antípodas del debate punitivo, la inversión estatal en educación preventiva genera el mayor acuerdo: el 80% de los sanjuaninos considera que el Estado debe priorizar recursos en una buena educación para niños y jóvenes para evitar delitos futuros, frente a un 17% que discrepa.

Qué saben y qué no los sanjuaninos

El sondeo también expone asimetrías en el nivel de información sobre el sistema penal juvenil. El 84% desconocía que, de cada 100 delitos en el país, solo 2 son cometidos por menores de edad. El 70% sí sabía que los menores no pueden estar detenidos junto a adultos. Y el 57% estaba al tanto de que la implementación de la nueva ley requerirá inversión estatal en infraestructura, seguridad y programas socioeducativos, mientras que el 43% lo ignoraba.