San Juan podrá rematar las motos y autos que duermen en los depósitos judiciales

La Cámara de Diputados de San Juan dio luz verde a un cambio que puede mover el tablero de los depósitos judiciales: los vehículos que hoy están guardados podrán salir a subasta pública. La reforma se incorporó como un nuevo capítulo a la ley 1810 A de Procedimiento para la Disposición Final de Cosas Muebles Peligrosas, la norma que en la provincia se conoce como "ley de chatarra".

La aprobación fue este jueves y alcanza a motos, autos y camionetas. El objetivo es doble: descomprimir el Depósito Judicial de 9 de Julio y otros predios que acumulan unidades, y generar recursos a partir de bienes que hoy no le rinden nada a la provincia.

Qué se podrá rematar y qué no

No todo lo que está guardado irá a remate. Según el texto aprobado, el Ministerio de Gobierno podrá disponer la subasta de aquellos rodados que estén en condiciones de "recuperación funcional", es decir, que puedan volver a circular después de algún tipo de arreglo. Cada caso se definirá con los informes especiales del vehículo.

También habrá lugar para las unidades que no sirvan para volver a la calle pero sí para aprovechar sus piezas: la ley habilita a rematar las movilidades que despierten interés por la reutilización de alguna de sus partes, como autopartes.

La compactación no desaparece. La transformación de las unidades en cubos de chatarra sigue vigente y convive con la nueva herramienta de subasta.

Cómo serán los remates

El Ministerio de Gobierno será la autoridad que coordine las subastas públicas. Los detalles operativos, las fechas y las condiciones todavía no están definidos: todo eso quedará en manos de la reglamentación que debe dictar el Ejecutivo, y por ahora no hay plazo estipulado para concretarla.

Lo que sí garantiza la iniciativa es el marco del proceso. El texto aprobado exige publicidad y transparencia, y permite la participación de oferentes tanto personas humanas como jurídicas.

A dónde irá el dinero

La reforma también fijó el destino de la plata que se recaude, tanto por los remates de vehículos como por la venta de la chatarra que surja de las compactaciones. Los fondos podrán aplicarse a dos grandes rubros.

Por un lado, la infraestructura pública: financiamiento de obras sociales, sanitarias, educativas y ambientales en todo el territorio provincial y en los municipios. Por el otro, programas de asistencia: campañas de educación y concientización ambiental, además de ayuda directa a personas en situación de vulnerabilidad social.

Para controlar el uso de ese dinero, la norma obliga al Ministerio de Gobierno a llevar un registro detallado de cada operación y a presentar una rendición pública de cuentas todos los años, explicando en qué proyectos y de qué manera se ejecutaron los fondos obtenidos.

Con esta reforma, la provincia busca ordenar el impacto ambiental que generan los depósitos judiciales y, al mismo tiempo, convertir los bienes en desuso en recursos concretos para la comunidad sanjuanina.