San Juan, en el centro de un debate que puede cambiar cómo se manejan los negocios

San Juan fue sede de las 1° Jornadas Nacionales de Ética y Compliance y las 9° Jornadas Nacionales de Sostenibilidad, un encuentro que puso sobre la mesa el impacto del cumplimiento normativo en la gestión pública y privada. La actividad fue organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan junto a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y reunió a especialistas, instituciones y empresas.

Qué significa compliance, según los especialistas

Gustavo Nigohosian, especialista en Ética y Compliance, coordinador de la comisión afín en FACPCE y director de Governance School en la UMSA, fue uno de los oradores centrales. Para él, la integridad corporativa va mucho más allá de cumplir la ley.

"Cumplir con la ley viene desde el momento mismo en que nació la República. Compliance significa mapear los riesgos en cuatro dimensiones (eficiencia en recursos, cumplimiento regulatorio, calidad de información y prevención de fraudes) para diseñar controles profesionales y monitorear su evolución", explicó.

Nigohosian advirtió que el fraude suele absorber el 5% de los ingresos brutos de las organizaciones. Por eso, sostuvo que un programa sólido de integridad no es un gasto, sino una herramienta de eficiencia financiera y prevención de pérdidas.

Las tres etapas para adoptar un programa de integridad

El especialista detalló que las organizaciones atraviesan tres instancias hasta incorporar estos programas. La primera es la coacción, cuando se aplican por imposición legal. La segunda es la conveniencia, para poder integrarse a cadenas de valor que exigen cumplimiento. La tercera es la convicción, un cambio cultural profundo que, según estimó, demanda alrededor de ocho años.

Nigohosian remarcó que estas herramientas aplican por igual al sector público y al privado, y que se articulan sobre cinco componentes transversales:

- Compromiso firme y visible de la alta dirección o autoridades.
- Mapeo continuo de riesgos.
- Diseño e implementación de controles.
- Línea de denuncias operativa y protegida.
- Capacitación constante y readecuación anual del sistema.

Además, planteó que una decisión institucional es transparente cuando cumple cuatro criterios: se aprueba en el nivel adecuado, cuenta con un análisis razonable de riesgos, privilegia el interés de la institución por sobre el personal y deja registro fundamentado de lo actuado.

El desafío para los proveedores y PyMEs sanjuaninas

El contador sanjuanino Marcelo Pinto puso el foco en la oportunidad estratégica que representan estas jornadas para la provincia. Su advertencia fue concreta: ante la llegada de grandes inversiones corporativas y mineras a la región, las empresas van a exigir a sus proveedores procesos de debida diligencia en transparencia y cumplimiento normativo.

"Queremos que la gente se capacite porque ninguna empresa va a contratar a un proveedor sin hacer su debida diligencia. Si el proveedor local no está preparado, la empresa buscará otro tipo de proveedor. Como sanjuaninos debemos estar listos", afirmó.

Pinto definió a los programas de integridad como un "escudo" de tranquilidad para las organizaciones, porque permiten identificar y mitigar riesgos para operar de forma consciente y segura.

Hacia un fortalecimiento integral

Los referentes que participaron del encuentro coincidieron en que la ética y el compliance no son un simple trámite ni un sello formal. Se trata, dijeron, de una transformación cultural sostenible. Su implementación efectiva resulta determinante para fortalecer la gobernanza, optimizar el uso de los recursos y consolidar la confianza en las instituciones públicas y privadas del país.