San Juan desafió al ICE: la orden que paralizó a su propia Policía

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ordenó a la policía municipal y a las dependencias locales que no colaboren con los operativos migratorios del ICE. La decisión llegó después de un fin de semana de intervenciones federales en comunidades de la capital puertorriqueña que derivaron en denuncias de detenciones, amenazas e intimidación.

Romero no esquivó el tema y lo puso por escrito en un comunicado. Allí recordó que su postura viene de lejos: "Ante las nuevas intervenciones realizadas por el ICE, reitero la posición que expresé desde el 26 de enero del 2025: nuestra comunidad inmigrante merece respeto, dignidad y un trato humano".

Según el mandatario municipal, las autoridades locales deben ocuparse de las emergencias, proteger la vida y garantizar la seguridad de los vecinos. Con esa lógica, el comunicado marca una frontera entre la seguridad pública municipal y el control migratorio que ejecuta el gobierno federal.

Qué encontraron los operativos en las calles de San Juan

Las intervenciones se repartieron por el área metropolitana, con epicentro en Santurce, un sector de fuerte presencia de la comunidad dominicana. De acuerdo con testimonios y reportes de organizaciones civiles, los agentes usaron vehículos para cortar el tránsito en algunas calles y revisar automóviles.

"Con el paso del tiempo, se están volviendo más agresivos", sostuvo la abogada Rosaura González Rucci en diálogo con The Washington Post. En la misma línea, José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, afirmó: "Esto es muy inusual para Puerto Rico".

Los relatos describen a efectivos armados y con el rostro cubierto interrogando a conductores y pasajeros. Testigos y defensores de derechos humanos contabilizaron al menos 15 arrestos en la zona de San Juan, entre ellos personas sin antecedentes penales.

Romero pidió respuestas concretas: "Las denuncias sobre lo ocurrido este fin de semana requieren explicaciones claras y una investigación seria por las autoridades competentes". Y fue tajante sobre el rol de su gobierno: "Mi instrucción a la policía municipal y a las dependencias del municipio de San Juan es clara: no participarán ni prestarán apoyo a estos operativos de control migratorio".

El despliegue coincidió con la visita a la isla de Tom Homan, el funcionario del gobierno de Donald Trump encargado de supervisar la política fronteriza. Según la Casa Blanca, el viaje tuvo como objetivo evaluar las medidas de seguridad fronteriza marítima y las iniciativas migratorias.

La advertencia de la ACLU por grabar a los agentes

La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU) y el Comité Dominicano de Derechos Humanos rechazaron los procedimientos y exigieron que se detengan. Las entidades mencionaron posibles arrestos sin orden judicial, familias separadas y trabas para personas con trámites migratorios en curso.

"Rechazamos de manera contundente el despliegue masivo de agentes del ICE", manifestó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en la isla.

La organización recordó que filmar a funcionarios públicos es un derecho amparado por la Primera Enmienda, siempre que quien graba no interfiera con las tareas oficiales. Además, alertó sobre denuncias de amenazas contra residentes que registraban los operativos con sus teléfonos.

Romero también respaldó a las familias afectadas y reclamó que se investiguen los señalamientos sobre amenazas y uso injustificado de la fuerza. "La autoridad para hacer cumplir las leyes migratorias no constituye una autorización para intimidar comunidades ni para atropellar los derechos de las personas. Rechazo cualquier actuación que implique amenazas, uso injustificado de la fuerza o trato degradante", aseguró.

Qué asistencia ofrecerá el municipio a los migrantes

Frente a las redadas, el gobierno de San Juan anunció que ampliará la orientación y el acompañamiento a través de la Oficina de Ayuda al Inmigrante. La idea es coordinar esas tareas con organizaciones comunitarias y profesionales del derecho.

El objetivo es que los afectados reciban información sobre sus opciones legales y accedan a recursos de apoyo dentro de las competencias municipales. El alcalde, además, exigió a las autoridades federales que respeten las garantías constitucionales y el debido proceso durante las intervenciones.