San Juan: apuran una ley transitoria para no frenar las causas por la nueva imputabilidad
La nueva ley nacional ya rige y San Juan corre contra el reloj. Lo que se aprobaría este lunes no es el proyecto final, sino un parche temporal: el motivo detrás de la decisión y el desafío que viene.
La Legislatura de San Juan podría sesionar este lunes para aprobar un marco legal provisorio que adecúe el sistema local al nuevo Régimen Penal Juvenil, mientras se define el proyecto definitivo. Así lo anticipó el vicegobernador Fabián Martín, quien explicó que buscan darles a los diputados un tiempo prudencial para analizar el texto final.
La medida surge después de que el 5 de septiembre entrara en vigencia la Ley Nacional N° 27.801, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Según Martín, la intención es que los legisladores tengan entre dos y tres semanas para evaluar el proyecto definitivo con la suficiente antelación antes de su debate en el recinto.
Un paso intermedio acordado
Esta norma de transición fue acordada entre la Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para evitar planteos de nulidad en las causas judiciales que están en curso, mientras se redacta el código de procedimiento definitivo.
En diálogo con Canal 13, el vicegobernador reconoció que la implementación integral de la nueva normativa requerirá una transformación profunda del Poder Judicial y de los espacios de contención. “Tenemos la infraestructura, pero necesitamos mejorarla sustancialmente”, admitió.
Qué implica la implementación
El proceso no solo demandará obras civiles, sino también un fuerte andamiaje institucional. Entre los puntos clave están la creación de nuevas estructuras de personal adaptadas al régimen especializado, la designación de nuevos jueces, fiscales y veedores, y la adecuación edilicia y de recursos para los dispositivos de minoridad.
Martín concluyó señalando que se trata de una situación completamente nueva para la provincia. Por eso, la norma de transición que se votaría este lunes modificará temporalmente el código procesal actual para garantizar la legalidad de los procesos desde el primer día.