San Juan a un paso de la ley que esperaron 100.000 personas: quién empujó la pelea

La Cámara de Diputados de San Juan le dará estado parlamentario este jueves a un proyecto que busca adherir a la Ley Nacional 27.306, la norma que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). La iniciativa llega con el respaldo de un amplio interbloque y apunta a cerrar un retraso que la provincia arrastra desde hace años.

El dato que dimensiona el impacto: se calcula que alrededor de 100.000 sanjuaninos conviven con dislexia, aunque la mayoría no lo sabe.

Qué son las DEA y por qué la adhesión cambia el escenario

Las Dificultades Específicas del Aprendizaje son alteraciones de base neurobiológica que afectan, en distintos grados —leve, moderado o grave—, los procesos cognitivos ligados al lenguaje, la lectura, la escritura y el cálculo matemático en el ámbito escolar. La dislexia es el trastorno más frecuente dentro de ese grupo: impacta en la habilidad para leer y escribir.

Se trata de un trastorno específico del aprendizaje que se manifiesta en dificultades para leer y/o escribir palabras, con problemas de exactitud, velocidad o ambas, y que varían según el sistema ortográfico de cada lengua. Esas dificultades se mueven en un continuo de severidad y persisten incluso cuando la instrucción resulta eficaz para los compañeros.

Las causas son complejas: influencias genéticas, neurobiológicas y ambientales que interactúan a lo largo del desarrollo. Las dificultades en el procesamiento fonológico y morfológico son habituales, aunque no universales, y los problemas tempranos del lenguaje oral suelen anticipar complicaciones en la alfabetización.

Entre las consecuencias secundarias aparecen problemas de comprensión lectora y una menor experiencia de lectura y escritura, lo que puede afectar el desarrollo del lenguaje, el conocimiento, la expresión escrita y el rendimiento académico. También pueden quedar tocados el bienestar psicológico y las oportunidades laborales. La identificación y la enseñanza específica son importantes a cualquier edad, pero la estimulación del lenguaje y la alfabetización en los primeros años de escolaridad resulta especialmente eficaz.

La historia detrás del proyecto

Fabiana Acosta, titular de la Asociación Dislexia y Familia (Disfam) de San Juan, es una de las personas que más empujó para que los diputados avancen con la adhesión. Lo hizo desde la experiencia propia: vivió en carne propia lo que implica que los docentes no estén capacitados para detectar la dislexia y otras condiciones en su hijo.

“Hay que avanzar y ayudar porque estas enfermedades no solo afectan a la persona, sino también a todo el entorno familiar e involucra distintos aspectos porque es una condición que la van a tener toda la vida”, planteó Acosta. Y agregó: “En una etapa hacen falta docentes capacitados para detectarla y saber cómo enseñarles a los alumnos con estas limitaciones. Después, tienen que ir a la facultad y también hay que saber cómo lograr que se reciban. Luego llega el enorme desafío de que el mercado laboral los integre”.

Acosta lleva más de 20 años estudiando el tema. Según los cálculos que maneja, el 10% de la población de una provincia padece dislexia: en San Juan eso equivale a unas 100.000 personas, y seguramente la mayoría no lo sabe. En el día a día, la familia se desespera cuando el chico vuelve a casa y no entendió nada de lo que le dijeron en la escuela, o cuando se olvidó de las pautas y pedidos que le hicieron. De ahí la importancia de la detección precoz para avanzar en el tratamiento y la contención.

El costo de no detectar a tiempo puede ser enorme. Muchos, al no poder integrarse y después de sufrir discriminaciones y postergaciones, se deprimen y llegan a pensar seriamente en el suicidio.

Fabiana no se dejó intimidar. Ni por los médicos que no tenían claro qué le pasaba a su hijo y le decían cualquier cosa, ni por el dolor de ver que el nene no podía aprender las tablas de multiplicar, ni por los docentes que no sabían cómo manejar la situación. Se conectó con otras personas, se interiorizó, estudió, viajó y consiguió lo que la política no lograba: explicar que San Juan es una de las pocas provincias que todavía no adhiere a una ley pensada para hacerle la vida un poco más fácil a quienes tienen alguna condición que limita su aprendizaje.

Qué establece la norma nacional

La Ley 27.306 fija pautas claras para asegurar trayectorias escolares inclusivas y libres de discriminación, con eje en la detección temprana, el diagnóstico oportuno, los tratamientos adecuados y la capacitación profesional permanente de los docentes.

El proyecto de adhesión subraya que el respaldo de una legislación formal es indispensable para que los derechos educativos de los estudiantes sean respetados mediante adaptaciones curriculares, metodológicas y la provisión de recursos tecnológicos de apoyo.

Además, como las provincias argentinas conservan la facultad no delegada de administrar sus sistemas educativos y de salud pública, la adhesión local se vuelve un requisito imperativo para que los protocolos y exigencias del marco federal se apliquen plenamente en los establecimientos de la provincia. El objetivo: reducir la frustración y el estigma social que suelen atravesar los alumnos afectados.

El camino legislativo

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados con el expediente 2566/2026 y lleva las firmas de los legisladores del interbloque que integran Producción y Trabajo, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y Actuar. Los autores son Alejandra Leonardo, María Rita Lascano, Juan de la Cruz Córdoba, Andrés Castro, Enzo Cornejo, Mónica González, Marcela Montaña, Rosana Luque, Gustavo Núñez, Marcela Quiroga, Daniel Ripoll y Gustavo Usin.

Después del estado parlamentario que tomará mañana, el proyecto debería pasar por la Comisión de Educación, que preside una de las autoras, Alejandra Leonardo, y por la de Legislación y Asuntos Constitucionales, a cargo de otro de los firmantes, Juan de la Cruz Córdoba. El diputado consideró que la iniciativa es buena y espera que tenga el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas.

Hay un punto que Acosta remarca: “Este proyecto no necesita presupuesto, porque lo que hace falta para aplicarlo ya está”. Con esa premisa, la pelota vuelve a quedar en la cancha de la política.