Salud avanza con el reconocimiento facial y ASSPUR ya define su próximo paso

El Gobierno de Río Negro rechazó el recurso jerárquico que ASSPUR había presentado el 4 de agosto y agotó la vía administrativa en la pulseada por la imposición del reconocimiento facial obligatorio a los trabajadores de Salud. La respuesta llegó a días del 1 de octubre, la fecha que el ministerio fijó para activar el sistema y empezar a aplicar sanciones.

Así lo confirmó Cesira Mullally, secretaria general del sindicato, en diálogo con FM De la Costa. "Rechazan todos los argumentos que nosotros planteamos para pedir la revocatoria de la norma y declaran abstracta la medida judicial", reveló la dirigente, que anticipó que el gremio volverá a los tribunales.

La Cámara Laboral de Viedma había suspendido la Resolución 986 hasta que se resolviera esa instancia administrativa. Con el rechazo del Ejecutivo, ese respaldo judicial quedó debilitado justo cuando el Gobierno busca poner en marcha la biometría.

“Vamos a cuestionar en vía judicial”

Frente a la decisión oficial, Mullally fue tajante sobre los pasos a seguir: "Vamos a cuestionar en vía judicial esta resolución y vamos a pedir la prórroga de la cautelar, o lo que haya que hacer".

La dirigente aclaró que ASSPUR no impugna el control de asistencia. "Lo que nosotros cuestionamos es la obligatoriedad de la entrega de los datos biométricos", afirmó. Como alternativa, el sindicato propone que quienes no quieran entregar sus datos faciales puedan usar la huella digital.

"Esa entrega es bajo coerción: si no la entregás, hay apercibimientos, descuentos y sanciones", sostuvo Mullally. Y rechazó que deba producirse una filtración para reconocer la lesión: "Ya previo al hecho de que haya filtraciones o no, hay un daño. El daño es que me obligaste a entregar un dato sensible. Es un daño a un derecho de resguardo constitucional".

Esa definición coincide con la postura de Torres Abad y con los fallos de Roca y Viedma: ante datos sensibles, no hace falta esperar una víctima concreta. Es también el núcleo de Estado Intruso, la investigación de 2.9.20 sobre la circulación de información personal por parte del Gobierno.

La presión que empuja a los trabajadores

La implementación avanza con una presión material concreta. En el hospital de San Antonio Oeste, donde trabaja Mullally, ya son muy pocos los que no entregaron sus datos. "Nadie quiere bancarse un día de descuento. Ningún compañero está en condiciones de bancarse uno, dos, tres o cinco días de descuento o una sanción", explicó.

"No podemos garantizarle a ningún compañero que no haya sanciones o descuentos", admitió. Por eso ASSPUR no obliga a rechazar el fichaje: "Los que podamos resistir lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir demostrando que esto es una ilegalidad".

Mullally enmarcó la disputa en un problema de poder que excede el control laboral. "La posesión de los datos otorga poder: capacidad de hacer, de desarrollar y de controlar", advirtió.

El 1 de octubre será una prueba institucional. El Gobierno quiere activar la biometría después de cerrar la instancia que sostenía la cautelar, y el sindicato ya avisó que no piensa bajar los brazos: "Lo vamos a seguir peleando hasta la última instancia".