Salta ya tiene fecha para volver a las urnas con las máquinas de Magic Software, pero el costo de $5.500 millones que dejó la última elección todavía indigna: los diputados que pidieron pasar a la boleta de papel calcularon un gasto cuatro veces menor. ¿Qué pasará con el contrato que se renueva?
Las elecciones provinciales de mayo de 2027 ya tienen fecha y sistema: se votará con la Boleta Única Electrónica (BUE) de Magic Software Argentina (MSA), sin PASO y con un contrato que renovará millonarios montos. El desembolso de $5.500 millones en 2025 encendió la polémica y reavivó el debate sobre costos, transparencia y fiscalización.
El decreto de convocatoria está en la gatera y los adelantos de algunos funcionarios sobre el desdoblamiento permiten anticipar que no habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La provincia volverá a confiar en las terminales de MSA, empresa que provee el sistema desde 2011.
La reciente elección presidencial de Brasil puso al voto electrónico otra vez en el centro de la escena, con opiniones divididas sobre el uso de máquinas y software para mediar la expresión soberana. El interrogante se repite en Salta: ¿qué tan confiables y costosos son estos sistemas frente a la boleta única de papel (BUP), que en 2025 marcó una de las reformas más relevantes del sistema electoral argentino?
Los números que alarman
En mayo de 2025 la Provincia destinó cerca de $5.500 millones a los comicios con BUE. El contrato que se renovará el próximo año abarca máquinas, software, boletas con chip, soporte técnico y escrutinio provisorio.
Los nueve diputados libertarios que impulsaron un proyecto para poner fin al sistema electrónico y aplicar la BUP en las provincias resaltaron en los fundamentos ese gasto. Estimaron que con la boleta de papel, para un padrón de 1.116.735 electores, el costo sería cuatro veces inferior: $1.200 millones. Y recalcaron que la BUP sería "mucho más económica y transparente".
El proyecto quedó empantanado en la Cámara baja y fue el preludio del anuncio oficial del desdoblamiento eleccionario que volverá a incluir a la BUE en mayo de 2027, sin PASO.
La evolución del gasto es elocuente: en 2021 el servicio de MSA costó cerca de $475 millones; en 2023 trepó a unos $1.000 millones; y en 2025 rozó los $5.500 millones. Aunque las comparaciones deben contemplar la inflación y las diferencias de alcance contractual, el peso de esta contratación en el presupuesto electoral provincial crece año tras año.
Boleta Única de Papel: el modelo que gana terreno
La BUP se implementó por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025. Se trata de una papeleta que reúne a todas las agrupaciones y categorías, en la que el elector marca sus preferencias con una lapicera y luego deposita el papel en una urna.
No requiere terminales electrónicas, impresoras, chips, software de votación ni una empresa privada que opere las máquinas durante la jornada. El escrutinio se hace contando las boletas físicas, con la intervención de las autoridades de mesa y los fiscales partidarios.
La diferencia económica es estructural: mientras la BUP exige imprimir y distribuir papel para cada elección, el sistema electrónico necesita renovar, mantener y operar equipos, contratar soporte técnico y actualizar sus componentes informáticos.
El interrogante para Salta es cuánto cuesta sostener durante años una infraestructura tecnológica que depende de un único proveedor y si ese gasto se justifica frente a una alternativa de papel que permite controlar físicamente cada sufragio.
Brasil: urna digital y auditoría bajo la lupa
Brasil utiliza urnas electrónicas desde 1996. A diferencia de Salta, su sistema no imprime una boleta individual: el ciudadano introduce en un teclado el número de sus candidatos, verifica en pantalla sus datos y confirma la elección. El sufragio queda almacenado digitalmente.
En ninguno de los dos casos las urnas están conectadas a internet durante la votación. En Brasil, una vez cerrada la votación, cada equipo produce un documento denominado "Boletim de Urna", que contiene los resultados de esa mesa y permite a los fiscales y ciudadanos contrastarlos con la publicación oficial.
El sistema también cuenta con el Registro Digital del Voto (RDV), que almacena los sufragios de manera aleatoria, sin asociarlos con la identidad del elector. El Tribunal Superior Electoral brasileño (TSE) dispone de distintas instancias de auditoría, entre ellas pruebas públicas de seguridad, controles de integridad y verificación de firmas digitales.
En términos económicos, Brasil tiene una infraestructura de gran escala. En diciembre de 2021, el TSE adjudicó a la empresa Positivo Tecnología la fabricación y provisión de hasta 176.000 urnas por aproximadamente 1.179 millones de reales (unos 220 millones de dólares). El contrato incluía también componentes y servicios asociados, por lo que no debe interpretarse como el precio aislado de cada máquina.
A diferencia de Salta, donde se contrata el servicio para cada elección provincial, el Estado brasileño mantiene un parque propio de equipos que utiliza en sucesivos procesos electorales. Eso modifica la estructura de costos: requiere una inversión inicial muy elevada y luego gastos de mantenimiento, actualización, almacenamiento, logística y renovación tecnológica.
Dos sistemas, una misma desconfianza
El modelo brasileño tiene una diferencia conceptual con la BUE salteña. En Salta las máquinas imprimen las boletas y graban simultáneamente la información en un chip. En Brasil, el registro es solo digital y la auditoría depende de los mecanismos de control informático establecidos por la autoridad electoral nacional.
No obstante, ambos sistemas acumulan cuestionamientos sobre seguridad y transparencia. El debate no se limita al costo: también involucra la imposibilidad de verificar que los votos registrados coincidan con la voluntad de los ciudadanos y que ningún componente tecnológico pueda alterar el resultado.
El sistema brasileño permite verificar resultados por mesa, pero no reconstruir los votos mediante un recuento de boletas individuales. Investigadores insisten en el riesgo que implica que la tarea de fiscalizar quede en manos de grupos de expertos.
En Salta, los antecedentes son elocuentes. En 2015 se denunció el reemplazo de una significativa cantidad de máquinas, problemas de impresión, fallas de transmisión y dificultades para fiscalizar las intervenciones técnicas. También se identificaron vulnerabilidades vinculadas con la tecnología RFID: se demostró que era posible introducir múltiples registros en determinados chips y generar inconsistencias en el conteo electrónico.
En 2019, especialistas informáticos cuestionaron los impedimentos para auditar de manera integral el código fuente del software. En 2023 se solicitó el secuestro de máquinas por diferencias entre la selección en pantalla y la impresión, y se denunciaron intervenciones irregulares de técnicos en máquinas electorales.
Con ese historial, la pregunta que sobrevuela de cara a 2027 es si el sistema que se volverá a usar en Salta podrá despejar las dudas sobre su confiabilidad o si el debate por los costos y la transparencia seguirá creciendo.
