Salta: un cabo disparó en la madrugada y tres policías habrían tapado todo

Un cabo de la Policía de Salta de 29 años quedó imputado como presunto autor del homicidio doblemente agravado de un hombre de 36 años, en un hecho ocurrido durante la madrugada en la zona este de la capital provincial. Otros tres efectivos de la misma fuerza fueron acusados por encubrir el caso.

La imputación se formalizó en una audiencia ante el juez Pablo Zerdán, quien dispuso que el cabo siga detenido con prisión preventiva por seis meses en el mismo lugar donde está alojado actualmente.

Qué pasó aquella madrugada

De acuerdo con la hipótesis del fiscal Espilocín, el 3 de noviembre, cerca de la 1.40, cuatro efectivos de la Dirección de Seguridad Urbana llegaron en un móvil policial hasta las inmediaciones de las calles Francisco Muñiz y Filiberto de Menes, en el barrio 6 de Septiembre.

Allí, el cabo que cumplía funciones como operador de escopeta habría abierto fuego contra un hombre que se encontraba en la vía pública. La víctima recibió múltiples impactos en ambas piernas y en la espalda.

Personal del SAMEC lo asistió y lo trasladó al hospital San Bernardo, donde murió a causa de un shock hipovolémico provocado por las heridas.

La versión que habrían dado a sus superiores

Para la investigación, los cuatro policías se retiraron del lugar después de los disparos sin brindar asistencia a la víctima. Luego, al reportar lo ocurrido, habrían asegurado que durante el procedimiento solo se efectuó un disparo de repliegue o despeje, ante una supuesta agresión con elementos contundentes.

La causa se sostiene con testimonios, informes policiales, registros de geolocalización del móvil, actuaciones de Criminalística del CIF y los resultados preliminares de la autopsia, que determinaron la causa de la muerte.

Qué resolvió el juez con los otros tres

Los otros imputados son un sargento de 43 años y dos agentes de 23 y 25 años, una de ellas mujer. Todos fueron acusados como presuntos coautores del delito de encubrimiento agravado por el resultado del delito primigenio y por su condición de funcionarios públicos.

Zerdán les impuso arresto domiciliario por 30 días, con monitoreo a cargo de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME). También les prohibió contactarse entre sí y con los testigos de la causa, y los obligó a presentarse cada vez que la Justicia los convoque.

En la misma audiencia, el magistrado dio por formalizada la imputación, aceptó un plazo de nueve meses para la investigación penal preparatoria por considerarlo proporcional y razonable, y autorizó la apertura de los teléfonos celulares de los cuatro acusados.