Salta renueva la emergencia por violencia de género: las denuncias ya son el 27% de todas las comisarías

Una directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres lleva años midiendo lo que pasa en Salta. Cuando vio el último dato de las comisarías, entendió por qué la emergencia no puede levantarse...

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Salta renueva la emergencia por violencia de género: las denuncias ya son el 27% de todas las comisarías
Salta renueva la emergencia por violencia de género: las denuncias ya son el 27% de todas las comisarías

La provincia de Salta volverá a declarar la emergencia pública en materia social por violencia de género por dos años más. La Legislatura aprobó una nueva prórroga de la Ley 7.857, la sexta desde que la norma se sancionó en 2014. Para el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), la medida sigue siendo necesaria: las denuncias por violencia de género crecieron un 98% desde 2016 y representan el 27% de todas las denuncias que se reciben en las comisarías de la provincia.

Ana Pérez Declercq, directora del OVcM, explicó a El Tribuno que la emergencia no se renueva por trámite, sino porque la situación de fondo no cambió. "Cuando se declara la emergencia es porque hay una situación preocupante en la provincia, con una cantidad considerable de femicidios, pero también por un femicidio muy cruento como el de Rosana Alderete. Se declara la prórroga porque no ha cambiado esa situación, que es estructural y que va a demorar años en cambiar", señaló.

Los números respaldan esa lectura. Desde 2016, cuando el Observatorio empezó a contabilizar las denuncias, el aumento acumulado llega al 98% hasta el año pasado. Y la tendencia no se frena: al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo período de este año, las denuncias subieron otro 5%.

"Aumentó muchísimo la cantidad de denuncias y está la necesidad de seguir sosteniendo una estructura que permita políticas de prevención en esta temática. Este es el motivo por el cual el Observatorio le presentó al Senado datos concretos por los cuales se considera que tiene que sostener la declaración de emergencia", sostuvo Pérez Declercq.

La propuesta que busca aliviar a las víctimas

La novedad de este año no pasa solo por extender la emergencia. El Observatorio propone cambiar el modo de abordaje porque, advierte, hoy el peso del proceso posterior a la denuncia cae casi entero sobre la persona que denunció.

"Una vez que la persona denuncia, muchas veces es la propia persona la que tiene que ir a buscar a la psicóloga, a buscar a la abogada, si no la notificó la Policía, ver qué pasó con esa notificación, si la consigna policial no llega, ver por qué no llega la consigna policial. Todo recae en la propia víctima, que se termina convirtiendo en gestora de su propia problemática", describió la directora.

La iniciativa apunta a incorporar referentes por barrios y localidades que hagan seguimiento de las situaciones de violencia, sobre todo cuando se detecta riesgo. La idea es que el Estado no espere a que la víctima vuelva a moverse por su cuenta.

"Muchas veces la persona, también comprendiendo la problemática, si está en una situación de violencia, lo más probable es que piense que la persona va a cambiar, que fue un momento, que fue un episodio aislado, y no busque un abogado, no busque ayuda. Entonces es por eso que el Estado tiene que sostener a esa persona", planteó.

El 27% que dimensiona el problema

Uno de los datos que el Observatorio considera más elocuentes es el peso de la violencia de género dentro del total de denuncias que llegan a las comisarías. "Del total de denuncias en la provincia, de robo de motos, lo que sea, un 27% corresponde a la violencia de género", precisó Pérez Declercq.

Para la directora, esa proporción obliga a repensar cómo se distribuyen los recursos de seguridad. "Si uno dice, bueno, hay que velar por la seguridad de la provincia, y voy a destinar para que no roben para esto o para lo otro, bueno, ¿cuánto destino para violencia de género? Realmente me ocupo un 27% de lo que se maneja en comisaría", reflexionó.

Siete femicidios en lo que va del año

En lo que va de 2026, Salta registra siete femicidios, uno de ellos vincular. Pérez Declercq puso el foco en un patrón que se repite: salvo un caso ocurrido en Metán, todas las víctimas eran mayores de 35 años. Es decir, personas que tuvieron "un recorrido y una posibilidad de que la situación de violencia de género se detecte antes", según sus palabras.

La directora también remarcó que todos los femicidios de este año fueron cometidos por las parejas de las víctimas. Ese dato, sostiene, obliga a trabajar sobre los vínculos y sobre cómo se construyen las relaciones de pareja desde la adolescencia.

"Eso tiene que ver fuertemente con cómo nos relacionamos, cómo miramos a la pareja, si tiene que ver con una cuestión de que 'sos mi propiedad'", afirmó.

La ESI, un programa que se apaga

La Educación Sexual Integral (ESI) es otro de los frentes que preocupa al Observatorio. Según relató Pérez Declercq, Salta quedó sin el programa nacional del que dependían seis personas cuyos salarios financiaba Nación.

"Si bien la ministra de Educación nos manifestó en el Observatorio un interés en la ESI, la realidad es que al no tener un programa, no tenemos material propio, no tenemos personas exclusivamente dedicadas a la ESI y se termina desdibujando", advirtió.

A eso se suma la discontinuidad del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). De acuerdo con los datos que maneja el Observatorio, a partir de su implementación los embarazos adolescentes bajaron un 68%.

"El acceso a la información, el plan ENIA, la falta de ESI, todo eso se ve reflejado lamentablemente en datos de salud sexual y reproductiva y también en violencia", sostuvo.

Pérez Declercq aclaró que la ESI excede la educación sexual en sentido estricto. "La ESI no es solamente como muchos creen, hablar solo de relaciones sexuales sino que aborda las relaciones de género, la construcción del género y la relación con el propio cuerpo", subrayó.

En ese marco, destacó que Salta es la cuarta provincia con más denuncias de abuso sexual, lo que a su criterio refleja un trabajo de detección sostenido en las escuelas. "Muchas veces la familia lo puede ocultar, pero la docente tiene la obligación de denunciar y las docentes están denunciando ese tipo de delitos", afirmó.

Este año, el Observatorio trabajó junto a Educación en una nueva versión del formulario de protocolo para esas situaciones, que se había elaborado originalmente en 2019.

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