Salta: los préstamos que ahogan a más de 700 estatales y la Justicia ya tiene la lista

Una asociación de consumidores llevó a la Justicia salteña una denuncia que apunta a una cadena de electrodomésticos con sede en Rafaela, Santa Fe: sostiene que otorgó préstamos a más de 700 trabajadores —en su mayoría empleados de la Provincia— con tasas que trepan hasta el 733% anual y que ahora se cobran con embargos directos sobre los sueldos. La presentación incluye un pedido de medida cautelar para frenar todos los juicios ejecutivos y una multa civil cercana a los $1.000 millones.

La acción colectiva la impulsa Protectora, entidad representada por el abogado Daniel Paganetti, y tramita en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación. En la causa ya tomó vista la Procuración General de la Provincia.

El 733% que puso en alerta a los consumidores

Según la demanda, la firma habría otorgado más de 700 préstamos a trabajadores, en su mayoría empleados del Estado provincial de la ciudad de Salta, con tasas de interés de hasta 733% anual. Para Protectora, se trata de "más de cinco veces la tasa máxima del Banco Central para operaciones similares".

La denuncia sostiene que la empresa santafesina ejecuta judicialmente esas deudas mediante embargos que recaen directamente sobre los salarios de los deudores.

El dato que le da sustento a la presentación no es una estimación de la asociación, sino lo que la propia firma declaró ante el fisco provincial. "Así surge de la documentación que la propia empresa, Bazar Avenida, presentó ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta en sus declaraciones juradas del Impuesto de Sellos", indica la demanda, y precisa que esos papeles están aportados en los expedientes que tramitan ante los Juzgados de Procesos Ejecutivos de la ciudad de Salta.

Dos casos testigo y una lista de deudores

La demanda cita dos casos testigo. El primero tiene como afectado a José O. C., empleado provincial que recibió un préstamo de $450.000 y firmó un pagaré por $2.395.035, más de cinco veces el capital recibido, con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 733,50%. Hoy pesa sobre sus haberes un embargo.

El segundo caso testigo corresponde a Socorro F. C., también empleada de la Provincia. Según la demanda, uno de sus dos préstamos fue de $248.000 y el pagaré que firmó es por $1.319.930,40, cinco veces y media lo que recibió, con una TEA del 710,02%. En ese expediente ya habría una sentencia de remate, aunque todavía no fue notificada.

Para Protectora, los propios documentos de la empresa revelan la escala del problema. "Lo que convierte a estos casos testigos en algo más que dos historias individuales son las declaraciones juradas que la firma demandada presentó ante la DGR como agente de retención del Impuesto de Sellos", sostiene la acción colectiva.

En esas planillas, la empresa declaró 357 operaciones de préstamo en mayo de 2024 y 364 en junio del mismo año. El total de percepciones declaradas superó los $8,9 millones solo en esos dos meses. Los nombres y documentos de los deudores figuran en los listados: son en su mayoría empleados provinciales de la ciudad de Salta.

Qué pide la demanda

La presentación se apoya en el precedente "Halabi" de la Corte Suprema de la Nación (2009), que habilitó en Argentina las demandas colectivas cuando un mismo hecho afecta a una pluralidad de personas en idéntica situación. El argumento central es que "todos los préstamos de Bazar Avenida responden a una misma plantilla contractual con los mismos elementos abusivos".

Protectora pidió que se declaren nulas las cláusulas de intereses de todos los contratos de la empresa en Salta. También solicitó que se suspendan, como medida cautelar innovativa urgente, todos los procesos ejecutivos implicados y que se frenen los descuentos de sueldo de los empleados afectados mientras dure el proceso. Además, reclamó que la demandada pague daños punitivos.

En el quinto punto, la entidad pidió que el Juzgado civil informe al fiscal penal de turno, porque la ley argentina tipifica la usura como delito con penas de hasta seis años de prisión cuando se ejerce en forma profesional.

"Son tasas ilegales"

El abogado Daniel Paganetti apuntó contra el mecanismo que, según la demanda, deja a los trabajadores sin herramientas de defensa. "La empresa diseñó el producto para que el trabajador no pueda defenderse en el juicio ejecutivo. El pagaré preconstituido bloquea las defensas causales. Es un mecanismo legal, pero con tasas ilegales", sostuvo.

Paganetti también remarcó que la identificación de los afectados ya está hecha. "No necesitamos investigar quiénes son los afectados, ya que la propia empresa demandada, Bazar Avenida, los identificó en su declaración jurada ante el fisco provincial. Son más de 700 salteños en solo dos meses", acotó.