Salta: los jueces tendrán una nueva herramienta para evitar la cárcel

La Corte de Justicia de Salta y el Ministerio de Salud Pública firmaron un convenio para derivar a tratamiento a personas con consumos problemáticos que están bajo medidas judiciales alternativas al encierro. El objetivo es reducir la reincidencia y ofrecer una respuesta distinta a la prisión efectiva.

La presidenta del máximo tribunal salteño, Teresa Ovejero, y el ministro de Salud de la Provincia, Federico Mangione, encabezaron la rúbrica del acuerdo que pone en marcha el “Programa Interinstitucional de Intervención Judicial y Terapéutica en Personas con Consumos Problemáticos”.

A quiénes alcanza

El dispositivo está pensado para mayores de 18 años que se encuentren bajo pautas de conducta, con suspensión del juicio a prueba, con condenas de ejecución condicional o cumpliendo medidas alternativas a la prisión efectiva.

La condición es que exista un vínculo clínicamente relevante entre el consumo de sustancias psicoactivas y el conflicto con la ley penal. Sobre esa base, la meta central es achicar los índices de reincidencia.

Cómo funciona el circuito

El trabajo se coordinará entre la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (OMAS), que depende de la Oficina Judicial Penal (OfiJu), y la Secretaría de Salud Mental y Adicciones de la cartera sanitaria.

Primero habrá una etapa de evaluación interdisciplinaria y selección de antecedentes a cargo de la OMAS y del Ministerio. Después, los participantes atravesarán un ciclo estructurado de dos meses.

Ese proceso incluye talleres grupales psicoeducativos semanales y entrevistas individuales de apoyo terapéutico y sociofamiliar. Los grupos serán reducidos, con un máximo de 10 integrantes por cohorte, para garantizar un manejo adecuado.

Los encuentros presenciales se harán en el dispositivo de orientación ubicado en Sarmiento 491.

Qué se busca con el tratamiento

Entre los objetivos específicos figuran brindar herramientas de autorregulación emocional, trabajar en la prevención de recaídas y fortalecer las redes de contención social y laboral de cada persona.

El convenio también pone el acento en la confidencialidad: la supervisión judicial y el cuidado de la salud se integrarán, pero la información que llegue al ámbito judicial se limitará a los datos estrictamente necesarios sobre asistencia y participación. Así se preserva la reserva clínico-terapéutica y se cumple con la Ley de Protección de Datos Personales (25.326).

Más opciones para los magistrados

Con la firma del acuerdo, los jueces penales suman una herramienta al momento de resolver. Dentro del marco de las pautas de conducta, la suspensión del juicio a prueba, las condenas de ejecución condicional o las medidas alternativas al encierro, podrán disponer que la persona ingrese a este dispositivo orientado a la rehabilitación y la reinserción social.

El convenio tendrá una vigencia inicial de tres años, con renovación automática, y ratifica el compromiso de ambas instituciones de ofrecer respuestas eficaces y humanizadas con foco en la inclusión social.